REVISIÓN DEL PROCESO

Revisión y Veredicto

Concluida la Etapa Probatoria, los inquisidores trasladaban el proceso a una Junta de Asesores.

Los Asesores realizaban las siguientes tareas consecutivamente:

1.- Hacían la REVISIÓN total de lo actuado y determinaban si todo el procedimiento había sido efectuado corréctamente.

2.- Emitían un dictamen sobre la inocencia o culpabilidad del acusado, veredicto sin el cual los Inquisidores no podían dictar SENTENCIA. A partir de las Instrucciones de Tomás de Torquemada se generalizó que la inocencia o culpabilidad de los procesados NO era fijada por los Inquisidores (como generalmente se cree) sino por sus Asesores. De este modo los Inquisidores vieron reducidas sus atribuciones a DIRIGIR los procedimientos y los Asesores a DETERMINAR las RESPONSABILIDADES.

Los Asesores eran tanto religiosos como civiles, especialistas en Teología o Derecho. El número de miembros de la Junta de Asesores era variable, llegando en muchos casos hasta diez. La relación de sus integrantes aparecía detallada en las actas de los procesos y muchas veces incluía a los Inquisidores.

- Cuando se condenaba a un procesado a muerte, la decisión debía ser tomada por unanimidad. Si uno solo de los Asesores votaba en contra, NO se le sentenciaba a tal pena. Esta es una de las razones que explica por qué, a partir de las Instrucciones de Torquemada, se redujo el número de condenados a muerte.

- En las sentencias que NO incluían la Pena de Muerte el veredicto se decidía por mayoría simple.

En general se establecían cuatro posibles VEREDICTOS:

1.- Si no se habían hallado pruebas concretas de la culpabilidad del procesado este tenía que ser absuelto.

2.- Cuando no existían pruebas formalmente acusatorias pero sí indicios: Si se sustentaban en rumores se debía someter al reo a una compurgación; Si el acusado se había contradicho en sus declaraciones los inquisidores podían someterlo a tormento para despejar las dudas en torno a su inocencia o culpabilidad.

3.- Cuando los indicios eran más consistentes -más o menos inculpatorios- debían condenarlo a que abjure como sospechoso de herejía leve, fuerte o violento.

4.- En las oportunidades en que existían pruebas concretas, se procedía a imponer las respectivas sanciones canónicas. La gravedad de las mismas dependía del arrepentimiento o persistencia del reo así como de que fuese o no reincidente.

Con el tiempo se generalizó la remisión de las actuaciones a La Suprema.