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Historia del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición en Chile

  José Toribio Medina

Capítulo V de la Segunda Parte

Capítulo V de la Segunda Parte

Las canonjías supresas

Quién era don Tomás Pérez de Santiago. El Rey acuerda suprimir una canonjía de las catedrales de América en beneficio de la Inquisición. Obedecimiento de esta real cédula en Santiago. Entra en la orden de San Francisco el canónigo Navarro. Fallecimiento del doctor Jerónimo de Salvatierra. El comisario del Santo Oficio presenta en el Cabildo eclesiástico una real cédula. Curiosa situación creada para el Cabildo. Restituye éste a Navarro la posesión de su canonjía. La Audiencia da la razón al Cabildo contra el comisario del Santo Oficio. Carácter que reviste la contienda. Resolución del Rey en el asunto. Carta del conde de Chinchón. Respuesta de los oidores. Acuerdan dirigirse al Rey.

El lector se acordará de aquel mozo de veintidós años, don Tomás Pérez de Santiago, a quien su tío el obispo don fray Juan Pérez de Espinosa había colocado, para que adelantase su carrera, de sacristán en la Catedral, y que en las incidencias que al finalizar el año de 606 se suscitaron entre aquél y el comisario de la Inquisición, tantas pruebas de hombre discreto diera.

Pérez de Santiago, en efecto, con el valioso apoyo del Obispo, y con el tiempo, había alcanzado por la época en que se desarrollaban los sucesos que vamos a referir a los más altos cargos de su profesión.

Llegado a Chile a la edad de doce años, fue pasando sucesivamente por todos los puestos eclesiásticos. Por los años de 1615 mereció entrar en el coro de la Catedral, fue después tesorero y maestrescuela, provisor y vicario general dos veces, rector del Seminario -en cuyo nombre había hecho un viaje a la Corte-, hasta ascender, por fin, al deanato del cabildo de la Catedral, y lo que valía aún más, había obtenido que se le nombrase, por los de 1619, comisario de Cruzada, y del Santo Oficio de la Inquisición de Lima.

Pero, junto con los años y los ascensos, Pérez de Santiago había perdido su juvenil discreción, y de manso que era, se había convertido en altanero e insolente, proceder que, al fin y al cabo, iba a costarle caro...

A mediados de junio de 1634, el obispo y cabildo eclesiástico de Santiago recibieron una real cédula, despachada por el mes de abril del año anterior, en que el Soberano expresaba que, por cuanto de sus cajas reales de Lima, México y Cartagena, ciudades en que funcionaban los Tribunales del Santo Oficio en América, se pagaban a los inquisidores y sus ministros y oficiales más de treinta y dos mil ducados al año, había obtenido del papa Urbano VIII que en cada una de las iglesias catedrales de Indias se pudiese si suprimir una canonjía, cuyos frutos se destinasen al pago de los inquisidores, relevando de ese cargo a la Hacienda Real, a ejemplo de lo que se practicaba en España. Mandaba, en consecuencia, el Rey que en Santiago se suprimiese la primera canonjía que vacase y que sus rentas se remitiesen al inquisidor más antiguo del Tribunal de Lima.

En esta virtud, «el obispo doctor don Francisco de Salcedo, y Cabildo eclesiástico, según decía éste al Soberano, con fecha 17 de marzo de 1637, obedeciendo dicha cédula y poniéndola sobre sus cabezas, como carta de su rey y señor natural, que Dios guarde muchos años, dieron orden para que luego que hubiese la primera vacante, se ejecutase la real cédula que vuesa merced despachó para este efecto, dejándolo así ordenado y asentado en el libro de este Cabildo».

Componían por aquel entonces el coro de la Catedral, además del deán Tomás Pérez de Santiago, el provisor Francisco Machado de Chaves, el arcediano Lope de Landa Butrón, el chantre Diego López de Azócar, el tesorero Juan de Pastene, y los canónigos Jerónimo de Salvatierra, Juan de Aránguiz Valenzuela, Francisco de Pereda Ribera, y el doctor Francisco Navarro, el más antiguo de estos últimos.

El obispo Salcedo era ya muerto.

El doctor Navarro, a todo esto, deseoso de concluir sus días humildemente, determinó entrar en religión, recibiendo el hábito de San Francisco, en el convento de la orden en Santiago.

En conformidad a lo dispuesto, diose noticia del hecho al Rey, quien, con fecha de 1º de agosto de 1635, teniendo presente que Navarro había entrado en religión, daba por suprimida su canonjía y ordenaba que su producido se aplicase en adelante al Tribunal del Santo Oficio.

Mas, antes que el deán y comisario Pérez de Santiago, hubiese notificado esta cédula al Cabildo, más aún, cerca de un año antes que se despachase, Navarro había vuelto al desempeño de su canonjía, por cuanto a los seis meses de noviciado le sobrevino, dicen sus colegas, «una tan grave enfermedad que de consejo de su médico y autoridad de los prelados de dicho convento, salió dél para curarse, como lo hizo, y lo va continuando al presente, imposibilitado, al parecer, de poder proseguir su buen intento».

Luego de haber reasumido Navarro sus funciones en el coro, «fue Dios servido, continúan los prebendados, de llevarse al canónigo doctor Jerónimo de Salvatierra, cuya canonjía se suprimió luego por el dicho cabildo de esta iglesia y se aplicó su renta en la forma que vuesa merced tiene ordenado, de que se dio noticia a los oficiales reales, que tomaron la razón en sus libros».

En estas circunstancias, el comisario del Santo Oficio presentó al Cabildo la cédula que daba por suprimida la canonjía del doctor Navarro.

Encontrábase, pues, el Cabildo en una original situación, ya que por real cédula se mandaba suprimir la canonjía de Navarro, y, mientras tanto, éste no había hecho renunciación ni dejación de ella, ni había podido profesar por el inconveniente que queda dicho; era una sola la canonjía mandada suprimir, cosa que estaba ya cumplida con la que había dejado vacante la muerte de Salvatierra; y, por fin, Navarro, como lo afirmaban muy alto sus colegas, era el canónigo más antiguo, «persona de muy buena vida y ejemplo y ha servido en esta iglesia dieciocho años, con muy buen nombre y opinión de su persona, muy esencial en dicha catedral por sus muchas partes y ser predicador de grande opinión y letras, hijo y nieto de los primeros conquistadores de este reino, y merecedor de que vuesa merced le haga mayores honores y mercedes».

Por todo esto parecía así evidente que habría debido considerarse como suprimida la canonjía de Salvatierra. De ese modo se cumplía con la orden real y no se colocaba al Cabildo ni a uno de sus miembros más distinguidos en una situación verdaderamente imposible.

Toda la corporación, sin discrepancia, entendía las cosas de este modo, menos el comisario del Santo Oficio don Tomás Pérez de Santiago. ¿Qué podía inducirlo a pensar de una manera tan opuesta a la de sus colegas del Cabildo? Fuese aquello orgullo, deseo de apropiarse de las rentas de ambas canonjías, o fuese, como dice el cronista de estos sucesos, «la descubierta animosidad con que miraba a sus colegas de coro, desde la altura de su doble prestigio de deán y de español», el hecho fue que desde un principio sostuvo de la manera más decidida que la canonjía que debía suprimirse era la de Navarro y no la de Salvatierra.

Por su parte, los miembros del Cabildo restituyeron a Navarro su asiento en el coro y le pusieron en posesión de todas las preeminencias de que voluntariamente, y por unos pocos meses había estado privado.

«Mas, expresa el señor Vicuña Mackenna, el comisario de la Inquisición, que tenía guardadas sus espaldas por las hogueras del Acho, en la capital del Perú, levantó en alto la voz contra el reto que le hacían sus súbditos, y aunque la Real Audiencia amparó en sus miras al Cabildo, no se cuidó de ello el delegado de los inquisidores, pues, como tal, sentíase, y era en realidad, superior a todas las autoridades civiles y eclesiásticas. 'Y si por acaso, escribía, en efecto, a aquellos el día 10 de junio de 1636, viniese alguna competencia con la Real Audiencia, que le favorece a dicho canónigo (Navarro) en todo, pido a sus señorías me dé auxilio, porque estoy cierto que algunos de estos señores de la Real Audiencia son de un parecer que la dé por vaca, y otros no'.

»Ignoramos qué respuesta diese la Inquisición de Lima a aquella solicitud del resuelto deán; mas, sea que aquella prestase favor a sus planes o que el comisario quisiera llevar éstos a remate de su propia cuenta, sucedió que estando el Cabildo eclesiástico en sesión el 19 de agosto de 1636, presidido por el mismo deán Santiago y presente el perseguido canónigo Navarro, tomó aquél la palabra, y sacando de debajo del manteo la real cédula ya citada, en que el Rey declaraba vacante la canonjía del último, dijo, según las palabras textuales del acta de aquel día, 'que habiendo de proponer en esta causa algunas que son en contra del señor canónigo doctor don Francisco Navarro, pidió y requirió el susodicho que saliese fuera del Cabildo, como lo manda un capítulo de la consulta'.

»Obedeció el buen prebendado Navarro, retirándose de la sala capitular, y su encarnizado perseguidor comenzó entonces a hacer valer a mansalvo sus prevenciones, a la par con sus títulos legales, para que se respetase la real cédula que declaraba desposeído a Navarro; y, en consecuencia, pidió que se procediese desde luego al embargo de su renta de canónigo para aplicarla al Santo Oficio.

»Replicáronle todos los canónigos, casi con una sola voz, en defensa de los derechos de su colega y paisano, haciendo fuerza sobre las virtudes de aquel sacerdote y la ilegalidad del despojo a que se intentaba sujetarle, pues con la simple supresión de la canonjía de Salvatierra quedaban cumplidas las órdenes del Rey.

»Mas, como el debate tomara un calor inusitado en aquellas de suyo pacíficas conferencias, el arcediano Landa de Butrón, para darle pronto fin, tomando la cédula real, dijo (y esto reza la acta de la sesión): 'que la obedece y obedecía, besó y puso sobre su cabeza, como cédula y carta de su señor y Rey natural; pero en cuanto a su cumplimiento, no ha lugar, lo uno, por haber sido ganada con siniestra relación, y lo otro, porque tenemos cumplido y puesto por obra lo que su Majestad ordena por otra real cédula'.

»Aquél no ha lugar de los canónigos chilenos, puesto a una cédula del rey de España, debió exaltar hasta el último punto la ira del desatentado deán, y no encontrando ya reparo humano a sus avances, desde que, como él mismo decía, obraba en representación de Dios, embargó, a título de la universal jurisdicción que tenía delegada por su ministerio de comisario de la Inquisición, la renta del canónigo Navarro, de cuyo auto éste apeló en el instante a la Real Audiencia, haciendo uso del recurso de fuerza que le concedía el patronato de Indias. 'Y así, dice el mismo soberbio comisario a los inquisidores de Lima, se presentaron a dicha Audiencia, por vía de fuerza, y como tiene el canónigo Navarro al oidor Machado de esta Audiencia y éste trae las voluntades de otros que se hacen la barba y el copete por sus dependencias, lo han querido apoyar por este camino, por espantarme, que soy poco espantadizo'.

»Y luego, volviéndose contra sus colegas eclesiásticos, como si quisiera desafiar a un tiempo a todas las potestades a quienes debía acatamiento, añadía en la misma carta (cuya fecha se ha borrado pero debe corresponder al mes de agosto o septiembre de 1636) las siguientes palabras: 'Me han querido comer vivo todos mis compañeros, a que se junta ser recién entrado en el Deanato de esta santa iglesia y pedir y requerir a dichos compañeros me dejasen usar de todas las preeminencias que los deanes mis antecesores tuvieron y gozaron. De esta suerte es que como todos son criollos y yo de España, aunque criado en esta tierra desde doce años, se han aunado todos contra mí, que no propongo cosa en el Cabildo que la quieran tratar, con ser muy justa, obligándome a renunciar'».

Vese, así, que, por el momento, la Audiencia había favorecido al Cabildo en sus justas pretensiones contra las atrabiliarias exigencias del comisario del Santo Oficio. Hácese preciso a este respecto, como lo observa con sobrada razón el autor a quien venimos citando, tomar en cuenta una circunstancia especialísima que saca a este incidente y otros que luego hemos de referir, de la frivolidad de un pleito de sacristía, para atribuirle el más elevado carácter de un acontecimiento que, unido a multitud de otros, iba preparando en este país el profundo antagonismo entre criollos y españoles, que había de llevarle más tarde a la independencia.

Pasaba, pues, en la Audiencia a este respecto, lo mismo que se notaba en el Cabildo eclesiástico, que la casi totalidad de sus miembros eran nacidos en América.

Don Pedro Machado de Chaves era quiteño, y además hermano de don Francisco, el provisor del Obispado; don Pedro González de Güemes añadía todavía a su nacimiento, el haberse casado (y a escondidas) con una señora chilena; y, por fin, don Pedro Gutiérrez de Lugo era natural de Santo Domingo. El otro miembro de la Audiencia, don Jacome de Adaro y San Martín, era de ese modo el único que no hubiese nacido en América.

Atribúyase o no a esto la resolución favorable de la Audiencia a la demanda del Cabildo eclesiástico contra el comisario, es lo cierto que éste hubo al fin de ser definitivamente vencido en ella, porque el Rey ordenó por cédula de 6 de abril de 1638, que debía declararse vacante la canonjía de Salvatierra y no la de Navarro.

De aquí había de promover todavía otro conflicto el testarudo comisario de la Inquisición. Véase lo que, según carta del Virrey conde de Chinchón dirigida en tono de reproche a la Audiencia de Santiago, había pasado.

«He sabido, decía aquel alto funcionario, que procediendo el doctor don Tomás Pérez de Santiago, juez comisario del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición desta ciudad, a la cobranza de lo que toca a la canonjía que en la santa iglesia de la de Santiago se suprimió, y habiendo proveído, entre otras cosas, que los prebendados nombrasen contador que liquidase lo que de las capellanías le pertenecía, y apuntador que ajustase las faltas en lo que por ellas se le debía acrecer, apelaron de todo; y en cuanto a esto último se presentaron por vía de fuerza ante Vuestra Señoría, donde fueron admitidos en ese grado, proveyendo que el escribano fuese a hacer relación, y que el dicho comisario no innovase y absolviese los excomulgados, y que en su exención se despachó carta y sobrecarta y se multó al dicho comisario en cien pesos, lo cual he entendido que ha sentido mucho el dicho Tribunal por ser eso dejarle sin el libre ejercicio de su jurisdicción que ha menester, y derribarla o cortarla por la raíz, y que así para su remedio y restauración de lo pasado y demostración del porvenir, ha resuelto y dado a dicho comisario las órdenes necesarias, con el aprieto y plenitud que el caso pide, que irán en esta ocasión.

»Y por ser la materia tan grave la comuniqué hoy con el Acuerdo de Justicia desta Real Audiencia, donde después de haberse conferido con la atención que se requería, pareció que yo escribiese a Vuestra Señoría que de ninguna suerte, por vía de fuerza, le tocaba, conforme a la ley del reino, el conocer de semejantes causas, ni de otra alguna que pudiese pertenecer al dicho Tribunal y sus ministros, y que por esto se tenía por justo su sentimiento; y que para atajar los inconvenientes que podrían resultar, advirtiese y encargase a Vuestra Señoría no se prosiguiese en la cobranza de las multas que se hubieren hecho, y que, no obstante las provisiones despachadas, dejase proseguir al dicho comisario, volviéndole los autos originales, cumpliendo lo uno y lo otro luego, con efecto; pues, de lo contrario, su Majestad quedaría deservido por las censuras y demás procedimientos a que el dicho Tribunal pasaría en su defensa, con inquietudes, daños y perjuicios comunes en esa ciudad, que todos correrían por cuenta y riesgo de Vuestra Señoría, a quien lo advierto para que lo disponga y ejecute sin dilación, y quedo con la confianza y satisfacción que es justo de que acudiendo Vuestra Señoría a su obligación lo cumplirá así, avisándome del recibo desta carta y de lo que en su conformidad se hubiere hecho».

«Notoria es, decían en contestación los oidores, la ley real que prohíbe el ingreso de las causas de la Inquisición a las Audiencias y conocencia dellas, y que mucho antes que se tratase de la supresión de la canonjía, ni fuese interesado en ella el Santo Oficio, seguía el dicho comisario, como deán que es, causa con dicho Cabildo en esta Real Audiencia sobre que se pusiese apuntador en esta Catedral por cédula de erección, cuyo conocimiento es desta Real Audiencia, conforme a la ordenanza sesenta y tres della, y que, pendiente este litigio, aunque después fuese interesado dicho Tribunal del Santo Oficio en la supresión de dicha canonjía, se había de fenecer la causa en esta Real Audiencia, como lo resuelve Su Majestad en la cédula de concordia de 22 de mayo de 1610, capítulo 13; y demás desto, que era del gobierno de dicha iglesia poner apuntador y que en lo tocante a él está prohibido a dicho Tribunal introducirse, como parece del capítulo 21 de dicha concordia; y lo que más fuerza hizo fue que, con vista de la comisión de dicho comisario, pareció no tenerla del Tribunal para lo que ordenaba, y haberse verificado el caso expreso del capítulo 89 de la Real Concordia, en que Su Majestad manda que, no teniéndola los comisarios, no pueden proceder en ningún negocio, y en este por estar la iglesia en posesión desde su fundación, de no tener apuntador, no se le pudo mandar que le tuviese antes de estar vencido en el pleito que con los capitulares trataba dicho comisario, como deán, y estaba pendiente en esta Real Audiencia, por cédula de erección.

»Considerando la Real Audiencia estos fundamentos, parecía conveniente ver los autos para formar la competencia, si la hobiese, en conformidad del capítulo 25 de dicha concordia y ley de la Recopilación, y así los mandó traer, despachando real provisión; a que respondió dicho comisario con desacato, sin obedecerla, besarla y ponerla sobre su cabeza, como tenía obligación, por lo cual se le multó, no con ánimo de ejecutarlo, como no se ejecutó, sino de alumbrar su inadvertencia; y porque vino cédula a los oficiales reales para que cobrasen y ajustasen lo que pertenecía a la canonjía supresa, cesó el dicho comisario en proseguir en el negocio».

Y no contentos con esto los oidores, y quejosos con razón de la manera cómo habían sido tratados por el Virrey y el Tribunal de Lima, resolvieron dirigirse al Rey en persona, como lo hicieron por carta que escribían cuatro días antes.

«Pocas veces, expresaban, se han ofrecido cosas tocantes a este Santo Tribunal, hasta que estos años pasados, con ocasión de tener detenidos en la Inquisición de Lima a algunos hombres de negocios acreedores de otros de esta ciudad, aquel Tribunal envió comisión al doctor don Tomás Pérez de Santiago, comisario del Santo Oficio en ésta, para que cobrase dicha hacienda, en cuya consideración y contravención del capítulo catorce de dicha concordia, el dicho comisario, en una causa que estaba pendiente, antes de su comisión, ante la justicia ordinaria, con censuras, la entró, pidiendo al escribano ante quien pasaba, con inhibición del juez de ella, y en otras, sin jurisdicción alguna, de hecho y sin comisión del Tribunal de Lima para en lo que procedía; y en usurpación notoria de la real ordinaria y contravención expresa del capítulo octavo de la Real Concordia, procedió contra algunos vecinos desta ciudad, que habiendo acudido a esta Audiencia, y en juicio contradictorio del fiscal de ella, proveído lo que parecía justicia, por haber insistido, pretendiendo proceder en dichas causas el dicho comisario, se llevó al acuerdo (por evitar en tierra nueva nota y ruido), y quedó en que sobre las dichas cosas se formase competencia, conforme a la real cédula de concordia; y sin embargo de haber procedido con esta atención, antes omitiendo que provocando, por conservar la paz entre ministros y jueces, por informe menos ajustado de dicho comisario a dicho Tribunal y deste al virrey del Perú, dicho Virrey, por carta que escribió sobre ello, y de consulta (como dice en ella) del Acuerdo de Justicia, sin conocimiento de causa ni haber oído a esta Real Audiencia, reprende el procedimiento de ella con estilo desacostumbrado como no merecido por la atención de los ministros que Vuestra Majestad tiene en ella, entrándose en la administración de la justicia, en casos que Vuestra Majestad no le tiene concedido, con desautoridad desta Real Audiencia y desconsuelo del celo de sus ministros.

»Suplicamos a Vuestra Majestad, concluían, que con vista de dicha carta y respuesta que va con ésta, mande proveer de remedio, para que el Tribunal de Lima tenga aquí juez comisario, persona de prudencia, letras y partes, que el que lo es, don Tomás Pérez de Santiago, en sus demonstraciones e inquietud de ánimo muestra carecer de ellas, y que dicho Tribunal tenga la mano en lo que le toca, y a dicho Virrey, que guarde a esta Real Audiencia lo que Vuestra Majestad le ha dado y concedido por cédulas reales».

 

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