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Historia del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición en Chile

  José Toribio Medina

Capítulo XVII de la Segunda Parte

Capítulo XVII de la Segunda Parte

Extinción de los tribunales del Santo Oficio

El último comisario del Santo Oficio en Chile. Don Judas Tadeo de Reyes, último receptor de cuentas del Tribunal. El Congreso de 1811 acuerda suspender el envío a Lima de las cantidades pertenecientes a la Inquisición. Reclamaciones interpuestas por el receptor Reyes. El Tribunal del Santo Oficio es abolido en 1813. Fernando VII manda restablecerlo por decreto de 21 de julio de 1814. Osorio publica esta real orden en Santiago. Diligencias obradas por reyes para el cobro de los dineros inquisitoriales. Última partida remitida a Lima. La Inquisición es definitivamente abolida en América (nota).

Fue el último comisario que el Tribunal del Santo Oficio tuvo en Chile don José Antonio de Errázuriz y Madariaga. Nacido en Santiago en 1747, estudió filosofía y teología, cánones y leyes en la Universidad de San Felipe, hasta graduarse de doctor en 1768. Recibido en seguida de abogado, dos años, más tarde se ordenaba de sacerdote, desempeñando sucesivamente los cargos de capellán del monasterio de las monjas carmelitas descalzas, asesor del Cabildo de Santiago, promotor fiscal de la Curia, defensor de obras pías, bibliotecario de la Universidad y sustituto en ella de las cátedras de Instituta y Prima de leyes, juez de diezmos del obispado durante catorce años, y, por fin, comisario del Santo Oficio de la Inquisición.

A estos títulos, Errázuriz podía todavía agregar otros no menos importantes. En efecto, hizo un viaje a Mendoza a la fundación del convento de monjas de la Enseñanza; en 1781 fue nombrado cura de San Lázaro; en 1786 canónigo doctoral; rector de la Universidad y visitador del obispado en 1798; y, finalmente, en 1811, vicario capitular, cargo que había aún de servir posteriormente dos veces más. Como orador, había merecido que se le eligiese para predicar la oración fúnebre de Carlos III en las honras solemnes que a ese monarca se tributaron en Santiago.

Errázuriz estaba secundado en su puesto de comisario por un hombre no menos notable, don Judas Tadeo de Reyes y Borda, que desempeñaba el cargo de receptor de cuentas del Santo Oficio. Era Reyes natural de Santiago y había servido en propiedad, desde 1784, después de un largo interinato, el importante cargo de secretario de Gobierno, en el cual se distinguió siempre por su laboriosidad. «En atención a su dilatado servicio de secretario, en los negocios y expediciones militares», el presidente O'Higgins le extendió los despachos de coronel de milicias, y el Rey, a su vez, mandó por cédula de 6 de febrero de 1797 que se tuviese presente su mérito. Reyes, que era bastante devoto, concluyó en 1801 un Libro instructivo de la archicofradía del Santísimo Rosario de la ciudad de Santiago de Chile, y fue autor de un Catecismo civil que se publicó en Lima en 1816.

Tales eran los dos hombres que el Santo Oficio mantenía a la cabeza de sus negocios en Santiago en los días en que estalló la revolución de la independencia. El Congreso de 1811, presidido por el presbítero don Joaquín Larraín, dispuso, en 25 de septiembre de aquel año, que las cantidades con que la canonjía supresa del coro de Santiago contribuía para el sostenimiento del Tribunal de la Inquisición en Lima, se retuviese desde luego «para el mismo fin u otro equivalente piadoso» en arcas fiscales.

Este primer paso dado por el Congreso derogando los mandatos reales, importaba de hecho el ejercicio de la soberanía de la nación, y era un ataque desembozado al mantenimiento del Tribunal en este país. Don Judas Tadeo Reyes, que no podía menos de estimarlo de ese modo, mostrándose más celoso de los fueros del Santo Oficio que el mismo comisario Errázuriz, su genuino representante, dirigió a éste una nota en que, estimulándole para que procurase la derogación de aquella orden, le decía: «He creído que seríamos responsables al tribunal que nos ha encomendado sus intereses en este obispado, y principalmente a Dios, por los perjuicios que infiere a su santo servicio, si consintiésemos este despojo, omitiendo las gestiones legales que nos incumben por nuestros cargos ahora que lo permiten las circunstancias».

Errázuriz, que era ante todo patriota, guardó profundo silencio a esta intimación pero Reyes, asumiendo por su parte la defensa del Tribunal, después de la disolución del Congreso que había decretado la retención de la renta, en un largo memorial presentado al Ejecutivo, calificó aquella medida de «notoriamente violenta, expoliativa, contra derecho y ofensiva del fuero y privilegios del Santo Oficio y de la inmunidad eclesiástica en general»; y de consiguiente, agregaba aquel celoso ministro, «nula, de ningún valor ni efecto y que debe servirse Vuestra Excelencia mandar alzar dicha retención, restituyendo a la Santa Inquisición la posesión de su renta en la mesa capitular de este Obispado de Santiago».

Fue inútil que el receptor de las cuentas inquisitoriales esforzase sus argumentos haciendo valer hábilmente cuanto género de consideraciones le sugirió su celo inquisitorial, pues todo lo que obtuvo se redujo a que los inquisidores cuyos intereses defendía le diesen las más expresivas gracias por su atención, y de parte de los gobernantes de Chile, ¡consuela saberlo! el que su recurso fuese «mal visto» «y yo, agregaba Reyes, un tanto pesaroso, amenazado de alguna mala resulta, porque las autoridades y doctrinas que expongo están en oposición con las máximas y opiniones políticas del día; pero me quedará la satisfacción de haber propugnado en esto la causa de la religión unida con la del Santo Oficio, contra el cual se divisa ya desarrollarse en papeles públicos la simiente de las convulsiones civiles de estos países».

Los inquisidores, sin embargo, no podían explicarse semejante cambio en las ideas, «porque no podemos persuadirnos, exclamaban, a que la cristiandad de los individuos que componen la Junta ataque la religión santa que profesamos, como sucedería si tratasen de privar de los medios de subsistencia a un tribunal cuyo instituto es el de conservarla ilesa y en la debida pureza; pero si ejecutasen lo contrario, Dios cuya es la causa, concluía, invocando en su apoyo las iras del cielo, la defenderá y desde ahora debemos compadecernos del fin trágico en que han de venir a parar los autores de la novedad y cuantos se empeñen en sostenerla».

Llegó por fin a Lima el decreto de las Cortes, expedido en 22 de febrero de 1813, aboliendo el Tribunal del Santo Oficio en todos los dominios españoles, que en el acto hizo el virrey Abascal publicar por bando en la ciudad, a fines de julio de ese mismo año. En su consecuencia, el 30 de dicho mes, el vocal de la Diputación Provincial, Don Francisco Moreira y Matute se trasladaba al Tribunal a practicar el inventario de cuanto allí se encontrase, comenzando por el caudal depositado en el fuerte, que con la plata labrada de la capilla y otras alhajas ascendió a setenta y tres mil ochocientos ochenta y ocho pesos, que fueron trasladados a las cajas reales. De los estados presentados por el contador del Santo Oficio, aparecía que el capital de los censos y valor de las fincas, tanto del fisco como de las obras pías, montaba a la suma de un millón quinientos ocho mil quinientos dieciocho pesos. Inventariándose todos los autos y papeles, poniendo en lugar aparte y reservado los de fe, índice de personas notadas, libros prohibidos y estampas deshonestas, las cuales fueron luego recogidas por el Arzobispo, y cuando todo presagiaba que los encargados del Virrey podrían terminar felizmente su cometido ocurrió un suceso inesperado.

Alarmado, en efecto, el pueblo de la capital con que los libros de índices no se hubiesen destruido, quebrantó las puertas de las oficinas y cárceles y sustrajo a su antojo los papeles y parte de los muebles que encontró, y el destrozo hubiera, a no dudarlo, continuado más adelante, si el virrey, noticioso de lo que pasaba, no hubiese enviado un piquete de tropa encargado de contener el desorden.

A consecuencia de este atentado, se mandó por el Virrey publicar bando y por el Arzobispo se fulminaron censuras para que los asaltantes devolviesen los papeles y especies substraídas, disposiciones que produjeron tan buen resultado que, al fin, el menoscabo de papeles pareció de muy poca consideración.

Siguiose, con todo, pagando sus asignaciones a los ministros del Tribunal, con excepción de algunos empleados subalternos, hasta que Fernando VII mandó restablecer nuevamente los Tribunales de la Inquisición, por decreto de 21 de julio de 1814, que insertamos aquí según el texto de la copia que se envió al presidente de Chile.

«El Rey nuestro señor se ha servido expedir el decreto siguiente: -El glorioso título de católicos con que los reyes de España se distinguen entre otros príncipes cristianos, por no tolerar en el reyno a ninguno que profese otra religión que la católica, apostólica, romana, ha movido poderosamente mi corazón a que emplee, para hacerme digno de él, cuantos medios ha puesto [666] Dios en mi mano. Las turbulencias pasadas y la guerra que afligió por espacio de seis años todas las provincias del reyno; la estancia en él por tanto tiempo de tropas extranjeras de muchas sectas, casi todas inficionadas de aborrecimiento y odio a la religión católica; y el desorden que traen siempre tras sí estos males, juntamente con el poco cuidado que se tuvo algún tiempo en proveer lo que tocaba a las cosas de la religión, dio a los malos suelta licencia de vivir a su libre voluntad, y ocasión a que se introdujesen en el reyno y asentasen en él muchas opiniones perniciosas, por los mismos medios con que en otros países se propagaron. Deseando, pues, proveer de remedio a tan grave mal y conservar en mis dominios la santa religión de Jesucristo, que aman y en que han vivido y viven dichosamente mis pueblos, así por la obligación que las leyes fundamentales del reyno imponen al príncipe que ha de reynar en él, y yo tengo jurado guardar y cumplir, como por ser ella el medio más a propósito para preservar a mis súbditos de disensiones intestinas y mantenerlos en sosiego y tranquilidad, he creído que sería muy conveniente en las actuales circunstancias volviese al ejercicio de su jurisdicción el Tribunal del Santo Oficio, sobre lo cual me han representado prelados sabios y virtuosos, y muchos cuerpos y personas, así eclesiásticas como seculares, que a este Tribunal debió España no haberse contaminado en el siglo XVI de los errores que causaron tanta aflicción a otros reynos, floreciendo la nación al mismo tiempo en todo género de letras, en grandes hombres y en santidad y virtud. Y que uno de los principales medios de que el opresor de la Europa se valió para sembrar la corrupción y la discordia, de que saco tantas ventajas, fue el destruirle, so color de no sufrir las luces del día su permanencia por más tiempo; y que después las llamadas cortes generales y extraordinarias, con el mismo pretexto y el de la constitución que hicieron tumultuariamente, con pesadumbre de la nación, le anularon. Por lo cual, muy ahincadamente me han pedido el restablecimiento de aquel Tribunal; y accediendo yo a sus ruegos y a los deseos de los pueblos que en desahogo de su amor a la religión de sus padres han restituido de sí mismos algunos de los Tribunales subalternos a sus funciones, he resuelto que vuelvan y continúen por ahora el Consejo de Inquisición y los demás Tribunales del [667] Santo Oficio, al ejercicio de su jurisdicción, así de la eclesiástica, que a ruegos de mis augustos predecesores le dieron los pontífices, juntamente con la que por sus ministros los prelados locales tienen, como de la real que los reyes le otorgaron, guardando en el uso de una y otra las ordenanzas con que se gobernaban en 1808 y las leyes y providencias que para evitar ciertos abusos y moderar algunos privilegios, convino tomar en distintos tiempos. Pero como además de estas providencias, acaso pueda convenir tomar otras y mi intención sea mejorar este establecimiento, de manera que venga de él la mayor utilidad a mis súbditos, quiero que luego que se reúna el Consejo de Inquisición, dos de sus individuos, con otros dos de mi Consejo Real, unos y otros, los que yo nombrase, examinen la forma y modo de proceder en las causas que se tienen en el Santo Oficio y el método establecido para la censura y prohibición de libros; y si en ello hallasen cosa que no sea contra el bien de mis vasallos y la recta administración de justicia, o que se deba variar, me lo propongan y consulten para que acuerde yo lo que convenga. Tendréislo entendido y lo comunicaréis a quien corresponda. -Palacio, 21 julio de 1814. -Yo el Rey».

Ya desde antes que esta real cédula se publicase en Santiago, el Depositario General del Santo Oficio de Lima se había dirigido al brigadier Osorio pidiéndolo que amparase, tanto las gestiones de don Judas Tadeo Reyes para poner al Tribunal en posesión de la renta de que había sido privado, como para que se lograse «el cobro de las dependencias que estaban pendientes».

A pesar de todo, creemos que los inquisidores no lograron esto sino en parte. En Lima, el Virrey, según se lamentaban los últimos ministros del Santo Oficio, «se había propuesto por objeto no contribuir al cumplimiento de lo que nuestro católico monarca tiene ordenado, y ya que le faltó el valor para una declarada oposición, trata de entorpecer las reales resoluciones por medios indirectos, atropellando y vejando las prerrogativas del Santo Oficio, en odio a su restablecimiento; y la verdad que la retardación de dieciocho días en contestar nuestro primer oficio, con escándalo del pueblo; en no prestarse a la publicación por bando que se le propuso; en no haber circulado la real orden, [668] según se le manda, y el haberse negado enteramente a la pronta devolución en todo y en parte del dinero y alhajas que de su orden se pasaron a cajas reales, son pruebas nada equivocas de su oculto designio». «Estas son, añaden más adelante, las lastimosas circunstancias en que se ve este Tribunal, sin fondos de que disponer para sus atenciones, privado, por su falta, de reducir a prisión varios reos mandados recluir aún antes de su suspensión, postergado dos meses hace el pago de los ministros de sus respectivos sueldos, los edificios del Tribunal faltos de lo más preciso y en la mayor indecencia...».

Los inquisidores habían de escapar, sin embargo, algo mejor en Chile.

Con fecha 10 de marzo de ese año de 1815, dirigiéronse al brigadier Osorio, acompañándole copia de la real cédula, «para que enterado, le decían, de lo que en ella manda nuestro piadoso Soberano, se sirva expedir las providencias que juzgue oportunas a fin de que por los ministros oficiales de esas Reales Cajas se entreguen a don Judas Tadeo Reyes, receptor del Santo Oficio en esa ciudad, todos los intereses que hubiesen entrado en ellas pertenecientes al Santo Oficio, y producidos de la canonjía supresa en esa santa iglesia catedral, de censos, o por cualquier otro título, durante la que se llamó extinción de Inquisición».

El presidente de Chile antes de recibir la copia de la real orden que le enviaban los inquisidores la habían hecho ya publicar en Santiago; pero, por lo demás, según parece, ni siquiera les acusó recibo.

Reyes, a quien también los inquisidores habían tenido cuidado de oficiar avisándole la fausta nueva de su reposición, les anunciaba, en cambio, que los ministros de la Tesorería habían recaudado durante el tiempo en que había estado vigente el acuerdo del Congreso, la suma de seis mil seiscientos cincuenta y pico de pesos; «y aunque preveo difícil su reintegro, agregaba, por imputarse a robo de los insurgentes, que dejaron el erario insolvente y consumido, no teniendo ahora ni para los más precisos pagos, haré cuanto es de mi parte para conseguirlo».

En 10 de octubre de ese mismo año, Reyes acusaba recibo de la aprobación de su cuenta durante el bienio de 18 10 y 1811, y añadía: «Diligenciaré la cobranza del censo de la casa de don Miguel de Jáuregui, que por fortuna ha librado de igual secuestro que el de la renta de la supresa, manteniéndolo suspenso en el tiempo de la revolución, en que cualquier reclamo hubiera causado indefectiblemente la pérdida del principal y réditos, mayormente habiendo muerto el censuario dejando de albacea a doña Javiera Carrera, famosa insurgente, unida y prófuga con sus hermanos, caudillos capitales de esta terrible escena; y mediante este arbitrio, aprovechará ahora el Santo Oficio estos productos asegurados en el predio».

Todavía ese mismo día, el solícito receptor transmitía a sus superiores una noticia aún mejor.

«Restituida ya la Inquisición en su renta de la canonjía supresa que había estado secuestrada por el gobierno intruso de esta capital, he dado principio, decía, a la recaudación de lo que le corresponde en este primer año decimal, cumplido en septiembre próximo pasado, según la hijuela formada por el contador de este ramo, que incluyo a Vuestra Señoría original. Quedo procurándola con empeño para verificar la remesa por partes, si no consigo pronto el total, a pesar de mi deseo, por las excusas dilatorias de algunos de los deudores con quienes es preciso contemporizar, atendiendo a las pérdidas padecidas en la revolución, y en la entrada del ejército real, con otras calamitosas circunstancias actuales, como por estar ejecutados para sus enteros con preferencia de los ramos pertenecientes a la Tesorería de Real Hacienda, exhausta para la subsistencia de las tropas.

»Sin embargo de que esta propia urgencia del Erario, con la oposición, por otra parte, de algunos defectos a la Inquisición, son de grande obstáculo al reintegro de lo defraudado de esta renta en los años anteriores, tengo también adelantado y en estado de resolución este expediente, mediante mi vigorosa defensa, de cuyas resultas espero instruir a Vuestra Señoría oportunamente».

Estas pruebas de tan acendrado afecto conmovieron tanto a los inquisidores, que, contra su inveterada costumbre, no pudieron menos de significar a Reyes «el mayor reconocimiento y el darle las más expresivas gracias, esperando de su actividad haga en primera ocasión, concluían, la remesa que nos ofrece, pues el transtorno que causó la suspensión del Tribunal ha puesto al fondo de que depende su subsistencia en el estado más decadente y calamitoso».

Don Judas Tadeo Reyes no se hizo esperar en cumplir con tan apremiante suplica, pues no había terminado aún el año, cuando tenía la satisfacción de remitirles mil quinientos pesos «dobles de cordoncillo».

Tal fue según las noticias que alcanzamos, el último dinero con que los habitantes de Chile contribuyeron al mantenimiento del odioso Tribunal de la Inquisición. Después... los reflejos de Chacabuco, y de Maipú desterraron para siempre del suelo de la patria las sombras que durante dos siglos y medio habían proyectado sobre las inteligencias de los colonos los procedimientos inquisitoriales y los autos de fe».

 

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