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Historia del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición en Chile

  José Toribio Medina

Capítulo XVI de la Segunda Parte

Capítulo XVI de la Segunda Parte

Los libros prohibidos

Recomendaciones especiales dadas por el Inquisidor General en materia de libros prohibidos. La Biblia del «Oso». Otros libros anatematizados. Multas arrancadas a los contraventores. «La Ovandina» de Pedro Mexía. Visita y expurgación de librerías y bibliotecas. Nuevas prohibiciones. Se hacen extensivas a ciertas cintas de seda, abanicos, telas, etc. Acuerdo con que proceden el Rey y la Inquisición en estas materias. Permisos para leer. El caso de Santiago de Urquiza. Ídem de Fray Diego de Cisternas. Nuevos permisos. El Barón de Nordenflicht. Proceso de don Ramón de Rozas. Lo que ha quedado de la causa de Camilo Henríquez.

En las instrucciones que el cardenal Espinosa entregó a los licenciados Cerezuela y Bustamante, encargados de fundar el Tribunal del Santo Oficio en la América del Sur, había una muy especial relativa a los libros cuya introducción debía permitirse.

Los comisarios establecidos en los puertos, se expresaba, debían tener cuidado especial de examinar los libros que entrasen, de manera que no fuese entre ellos alguno de los prohibidos, conforme a las censuras de las biblias y catálogos que se les entregaban y que debían publicar con todo cuidado, a fin de que por este camino no se sembrase mala doctrina en estos reinos, procediendo con rigor y escarmiento contra los que cerca de ello se hallasen culpados.

Desde un principio habían tenido los inquisidores especial cuidado de vigilar por el cumplimiento de esa orden. No contentos con las advertencias generales que sobre materias de libros se hacía en los edictos generales de la fe que por los días de Semana Santa se leían con aparatoso ceremonial en todas las iglesias catedrales o donde quiera que hubiera delegados del Tribunal, luego de haber entrado en funciones publicaron un edicto especial en que se daban a los comisarios advertencias detalladas sobre la manera de vigilar la internación de libros, que ellos, por su parte, ejecutaban en Lima con todo rigor.

En el Consejo de Inquisición en Madrid se vivía con todo cuidado respecto de los libros que se publicaban y que, a su juicio, pudiesen contener algo contra la fe, apresurándose a comunicar en el acto el hecho a sus delegados de Lima, y por conducto de éstos, a los comisarios, para que en caso de haber llegado ya a las Indias, se procediese en el acto a recogerlos. Los desvelos inquisitoriales eran todavía más considerables tratándose de las traducciones de la biblia. La que el morisco granadino Casiodoro de Reina imprimió en 1569 en la ciudad de Basilea, llamada comúnmente del «Oso» por la alegoría de la portada, motivó de parte del Consejo la siguiente comunicación, dictada en Madrid a 19 de enero de 1572:

«Reverendos Señores: -Por la copia del capítulo de carta que aquí va, entenderéis cómo se ha impreso una biblia en romance, a contemplación y costa de algunos herejes españoles, con intención de meterla secretamente en estos reinos; y porque sería cosa muy perniciosa que esta biblia entrase en ellos, converná que luego como recibáis ésta, deis, señores, orden se tenga particular cuidado en prevenir que no entre la dicha biblia, y si algunas hobieren entrado y se hallaren, las mandaréis recoger todas, procediendo contra las personas que las hubiesen metido; y de lo que se hiciere daréis aviso al Consejo. -Guarde Nuestro Señor vuestras reverendas personas».

Unos cuantos días después se despachaba otra comunicación prohibiendo esta vez la traducción de Los Triunfos de Petrarca, libro impreso en Valladolid el año de 1541, «porque se tiene entendido, expresaban los consejeros, que se hallan en él ciertos errores y herejías, y que a esta causa sería cosa muy perniciosa y de mucho inconveniente que este libro anduviese por estos reinos, convernía que luego como recibáis ésta, deis, señores, orden cómo se prohíba y se recojan todos los que se hallaren desta impresión».

Por su parte los inquisidores de Lima habían mandado recoger varios, y, entre otros, uno del franciscano Diego de Estella, sobre San Lucas, otro de Laurencio Hunfredo, impreso en Basilea, uno de Sermones, de Miguel de Argaraín, publicado en Madrid en 1575, el Cortesano, y el Consuelo y oratorio espiritual, dado a luz en Sevilla en 1581, y hasta se había mandado arrancar una hoja a las constituciones de los frailes de Santo Domingo. Del Consuelo y oratorio espiritual se habían expedido en Lima bastantes ejemplares, cuando en vista de la calificación del censor del Santo Oficio, se mandó suspender su venta, expresando los inquisidores con este motivo «que en estos libros de romances que han de andar en manos de gente ruda y mujeres, convendría no venir cosa que no fuera muy clara, porque a las que no lo son, cada uno le da el entendimiento conforme al que él tiene, y esta gente da tanto crédito a lo que ve en estos libros que no le parece hay más ley de Dios que lo que en ellos se dice».

Se habían mandado recoger también, conforme a una disposición del Tribunal de Sevilla, todos los sermones y cartapacios manuscritos, publicándose para el caso edicto especial.

Muy luego se ordenó, asimismo, que todos los libros y papeles que se dieran a luz, debían llevarse al prior de San Agustín, fray Juan de Almaraz, a quien estaba cometido su examen; siendo Panamá el único puerto del reino donde pudiera verificarse este registro; habiéndose recogido por contravenciones a esta disposición, hasta octubre del año de 1583, más de trescientos pesos.

Anunciose la orden por cartelones que se clavaron en sitios públicos de la capital, pero cuando hacia sólo cuatro días que estaban fijados, uno que se veía en la plaza, fue arrancado, emporcado deshonestamente y colocado a la puerta de un mercader, [638] y aunque se hizo información sobre el caso, nunca pudo descubrirse al autor de semejante desacato.

Sin los demás quehaceres inherentes a sus cargos, no cesaban los ministros en sus pesquisas para la averiguación de los libros que se introducían, a cuyo efecto habían hecho visitar, en dos ocasiones, todas las librerías y nombrado personas a quienes diputaban para que presentasen en el Tribunal todos aquellos que les pareciese contenían alguna mala doctrina.

Pero de entre todas las obras que fueron recogidas y prohibidas por aquél entonces, ninguna de más importancia que la que acababa de publicar en Lima Pedro Mejía de Ovando con el título de Primera parte de los cuatro libros de la Ovandina. Era su autor hombre «de capa y espada» y la había impreso con licencia del Virrey y aprobación de don Alonso Bravo de Sarabia alcalde de la Real Audiencia; pero cuando comenzó a circular a fines del año de 1621, se formó tan grandísimo escándalo en toda la ciudad que muchos acudieron al Tribunal a pedir que se recogiese. Diose, en consecuencia, a calificar a un fraile dominico, y de acuerdo con su informe, se leyeron edictos en la Catedral, conminando con penas y censuras a todo el que teniendo el libro no lo entregase al Santo Oficio, y se escribió a México, para donde el autor se había escapado, a fin de que en caso necesario se le impidiese sacar a luz la segunda parte que tenía anunciada.

Daba Mejía en su libro noticia de las familias de la nobleza de Lima, incluyendo entre ellas a muchas que, según constaba de los registros del Tribunal, eran infectas, y como tales, notadas en ellos, y las que, como aseguraban los inquisidores, habían dado cada una de cincuenta pesos para arriba a fin de que se las incluyese en aquel célebre nobiliario.

Como los libreros se excusasen con que no tenían conocimiento de los libros que hubiesen sido prohibidos, acordó el Consejo, en 18 de enero de 1627, que siempre que se promulgasen edictos, se les diese noticia particular de ellos, «para que no puedan alegar ignorancia en ningún tiempo, ni librarse de las penas impuestas por el catálogo del año de 1612, que haréis, señores, concluía el Consejo, guardar y ejecutar en los transgresores inviolablemente».

Dictó aún el Consejo por esos días otra orden complementaria de la anterior, en que considerando que en librerías particulares se encontraban libros permitidos con expurgación, no se había cumplido con esa diligencia, dispuso que para remedio de aquel mal, dentro de seis meses después de la publicación del respectivo edicto, se expurgasen dichos libros, bien entendido que en caso de no cumplirse con esta disposición, «queden perdidos los dichos libros que se hallasen vedados o por expurgar, condenando asimismo al dueño dellos en cincuenta ducados para gastos del Santo Oficio».

Teniendo presente estas advertencias, la Inquisición de Lima, con fecha 10 de marzo de 1629 dictó una orden en que, entre otras cosas, se mandaba que «por haberse entendido que de las licencias que se den a personas graves y de letras para que puedan tener libros prohibidos resulta que después de muertas quedan en sus librerías y que con ignorancia se venden entre los demás por sus herederos, o los toman y usan dellos, en contravención de las censuras y penas impuestas», dispuso que cuando se llamase a los libreros o peritos para tasar bibliotecas apartasen los libros vedados y diesen de ellos noticia al Tribunal, bajo pena de excomunión y de cincuenta ducados para gastos del Santo Oficio.

Algunos años más tarde el Consejo remitía a Lima la siguiente comunicación en la cual, entre otras cosas, se ordenaba que se procediese a expurgar no sólo ya las tiendas de los libreros, sino también las bibliotecas de los conventos.

«El Consejo ha tenido noticia de que habiendo en esa ciudad de Lima y otras de esos reinos grandes librerías, así de personas particulares como de comunidades, y en ellas muchos libros prohibidos y mandados recoger o expurgar por el Santo Oficio, no se entregan en ese Tribunal, como se debe hacer, ni los que se expurgan se firman por el ministro diputado para ello; y consultado con el ilustrísimo señor Obispo Inquisidor General, ha parecido escojáis, señores, dos de los calificadores de esa Inquisición, los que fueren de mayor satisfacción en virtud y letras, a los cuales encargaréis que visiten las librerías, así de personas particulares como de mercaderes y tratantes, reconociendo sus tiendas y almacenes; y si hallaren en ellos libros prohibidos, se los quiten con efecto y los que fueren prohibidos, hasta ser expurgados, también se recogerán y pondrán en el Secreto de ese Tribunal, de los cuales haréis inventario, anotando en él los nombres de los dueños a quien tocan, para que se les vuelvan a su tiempo con la expurgación que de ellos es hiciere; y los que así se expurgaren se firmarán por uno de los ministros a quien perteneciere, según [...] del expurgatorio publicado en el año de mil seiscientos cuarenta. Y porque podría tener inconveniente el hacer esta visita en los conventos y comunidades, por personas que no fuesen de la misma religión o comunidad, habiendo en ella calificador del Santo Oficio, le encargaréis esta visita, advirtiéndole proceda en ella con toda rectitud y entereza, y os vaya dando cuenta de lo que obrare, y sobre ello proveeréis lo que fuere de justicia conforme a las dichas reglas del expurgatorio; y no habiendo calificador en la religión o comunidad, cuidarán de ello los que tuviereis señalados para la visita de las demás librerías. Y en las otras ciudades de ese distrito cometeréis las visitas de las librerías, así comunes como particulares, a los comisarios del Santo Oficio, a cada uno en su partido, encargándoles mucho procedan en esta materia con toda detención, por lo mucho que importa a la conservación de nuestra santa fe católica. Y a los comisarios de los puertos de mar ordenaréis que hagan las visitas de los navíos con todo cuidado, y que por ningún caso permitan que entren libros prohibidos o de mala doctrina, de manera que cesen los inconvenientes que puedan resultar de ello, y en particular en este tiempo en que obliga a mayor desvelo la permisión del trato y navegación de los holandeses, por las paces que Su Majestad tiene con aquellas provincias. Y daréis cuenta al Consejo de lo que fuéredeis obrando en ejecución de esta orden; y si en ella halláredeis inconvenientes en cuanto a las visitas de particulares, los propondréis y los medios que se os ofrecieren para evitarlos. -Dios os guarde. -En Madrid a 16 de octubre de 1653. -Dr. don Andrés Bravo. -Fray [641] Juan Martínez. -Licenciado don Antonio de Espina y Hermosa».

Como se comprenderá, no podemos ni tenemos para qué hablar de todos los libros que se prohibían por la Inquisición, cuya larga lista puede cualquiera consultarla en los catálogos que para el efecto solían de tiempo en tiempo imprimirse en Madrid o Roma, y que, remitidos en seguida a América, servían aquí de norma a los inquisidores y comisarios. Hemos cuidado, pues, de mencionar algunos de los casos más curiosos, y cúmplenos ahora tratar todavía de algunos que revisten especial interés, ya sea por la materia de que tratan o por las personas a quienes tocaban.

A todo señor, todo honor. Comencemos desde luego por la misma Inquisición. En 20 de octubre de 1659 se despachaba, en efecto, orden para que se prohibiera y recogiera in totum el Manifiesto de la justificación con que el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición de la Nueva España ha procedido en la defensa de su jurisdicción, privilegios y exempciones con el doctor don Mateo Sagade Burgueiro, arzobispo de Méjico, del Consejo de Su Majestad etc.; otro impreso cuyo título era: Por la jurisdicción del señor doctor don Pedro de Medina Rico, inquisidor apostólico de la Inquisición de Sevilla y visitador de las de Cartagena de Indias y Nueva España, sobre pretender el ilustrísimo y reverendísimo señor dostor don Mateo Sagade Bugueiro, arzobispo de Méjico, del Consejo de Su Majestad, que pertenece a la jurisdicción ordinaria de testamentos la causa ejecutiva que en el juzgado de visita se sigue contra el alguacil mayor del Santo Oficio de la Inquisición, etc. Y otros tres folletos impresos y uno manuscrito relativos a esta misma controversia, por contener, según decían en el Consejo «proposiciones y cláusulas que tienen calidad de oficio injuriosas, temerarias, sediciosas, escandalosas, absurdas y ofensivas a las pías orejas, doctrinas falsas y comprendidas en las reglas de los expurgatorios del Santo Oficio»; mandando bajo pena de excomunión mayor latae sententiae «y de otras a nuestro arbitrio», que ninguna persona de cualquier estado, calidad, dignidad y condición que fuese, pudiese tener, leer, vender, ni reimprimir los tales papeles».

Los edictos prohibitivos de libros fueron frecuentes por esta época, siendo dignos de recordarse los referentes al del franciscano de la provincia de Lima fray Pedro de Alva y Astorga intitulado, Sol veritatis; la Vida de Jesucristo del agustino fray Fernando de Valverde, que aún hoy día se lee con general aplauso, y el de un papel manuscrito que se atribuyó al dominico fray Antonio Meléndez, en que pintaba los peligros que encerraban para la monarquía las grandes riquezas que iban atesorando los jesuitas en América, y que concluía con unos versos que decían así;

Puntos aquí se dejan necesarios

por volver a vosotros, hombres sabios,

doctos, ingeniosos;

cuenta con estos hombres tan piadosos

que si en vicios consiguen privar a todos de su tierra,

¿cuál será el tesoro que su erario encierra?

Mas, es justo decir que, bajo este respecto, ni aún el mismo, arzobispo de Lima don fray Juan de Almoguera escapó a la censura inquisitorial. Este prelado que mientras fue obispo de Arequipa había tenido ocasión de persuadirse del desarreglo en que vivían los curas de indios, dio a luz en Madrid, en 1671, una, obra que intituló: Instrucción a curas y eclesiásticos de las Indias, en la que, según el parecer de los inquisidores, se denigraba a los párrocos, y se vertían doctrinas injuriosas a la Sede apostólica. Manifestose el Arzobispo muy sentido de este dictamen aseverando en su defensa que las doctrinas contenidas en su obra, no sólo eran sustentadas por los mejores autores corrientes en el Perú, sino también que los hechos que citaba eran perfectamente ciertos, apelando, en comprobación, al testimonio de los mismos inquisidores, quienes no pudieron menos de asentir a sus palabras; pero que no bastaron a impedir que la calificación en que de tan mala data se dejaba al Prelado se publicase en todas las ciudades del reino».

Bien pronto debían hacerse extensivas estas prohibiciones, sin excepción de persona alguna, a todo el que buscase, pidiese, vendiese o comprase cintas de seda, abanicos, telas, pafios u otras cosas de hilo o algodón, que circulaban con nombre de corazones de ángeles, entrañas de apóstoles, etc.; mandándose, a la vez, recoger las navajas y cuchillos que tuviesen grabadas las imágenes de Cristo o de cualquier santo.

Conviene notar a este respecto que en Santiago Alonso Hernández y su hijo, por haber vendido unos espejuelos con imágenes, que no habían sido visitados por el Santo Oficio, fueron presos y en seguida multados con cuarenta pesos cada uno.

Miguel Rodríguez, librero, porque vendió algunos libros, igualmente sin licencia del Santo Oficio, fue también procesado y castigado.

Pero eran tantos los perjuicios que los mercaderes de libros sufrían con que se abriesen los cajones en que los traían en los puertos del tránsito, que en vista de ello, sabemos, por lo menos de un caso, que el Consejo, con fecha de 8 de julio de 1653, dio permiso a Gabriel de León para que pudiese llevar a Lima sesenta y cuatro cajones sin ese requisito, hasta llegar al Callao, «para evitar el daño, decían los consejeros, que de abrirlos y reconocerlos se le pudiera seguir».

En algunas ocasiones hubo también el Consejo de moderar el exagerado celo de sus ministros de Lima, como sucedió, entre otros, con los ejemplares de la Historia eclesiástica de Natal Alejandro que se recogieron por el Tribunal y que en seguida se mandó devolver a sus dueños «por estar corriente».

Las Excelencias de San José, obra del jesuita chileno Pedro de Torres, que un contemporáneo calificaba de doctísima, eruditísima y devotísima, asegurando que corría con sumo aprecio en México y aún en España, habiendo sido prohibida por el Santo Oficio en Lima, hubo el Consejo de pedir en 1751 las diligencias que el Tribunal había hecho para su prohibición.

Finalmente, poniéndose de acuerdo el Rey y el Consejo de Inquisición, ordenaban poco después de la expulsión de los Regulares de la Compañía de Jesús que el Tribunal no se metiese en los libros y papeles prohibidos que se hallasen en las bibliotecas de aquéllos.

Este acuerdo del Rey y de la Inquisición, salvo raras excepciones se venía haciendo sentir desde tiempo atrás. Los monarcas españoles habían logrado poner de su parte las terribles armas del Tribunal y el miedo que se le profesaba para que le auxiliase en la tarea de condenar para los americanos cualquier libro impreso o manuscrito, una estampa, una inscripción, un reloj que contuviese la menor alusión a las ideas de libertad y emancipación [645] de la metrópoli, o que siquiera hiciese ver a los criollos las tiranías de que eran víctimas.

No tenemos para qué recordar aquí las leyes del título 24 del libro I de la Recopilación de Indias que dan cuenta minuciosa de las trabas infinitas a que estaba sometida, no sólo la impresión de las obras de cualquiera especie, sino las prohibiciones especiales establecidas para los americanos, ni las diligencias sin cuento porque debía pasar la remisión de los libros a estos países, ni, por fin, la visita inquisitorial a que estaban sometidas las librerías públicas y privadas a fin de que se secuestrasen todos los ejemplares que se hallasen sospechosos o reprobados.

Con tales inconvenientes y prohibiciones y sus consiguientes penas, ya se comprende que no serían muchos los que se atreviesen a echarse a cuestas la responsabilidad de guardar los libros prohibidos, o siquiera de leerlos. La Inquisición de Lima había concedido de tarde en tarde algunos permisos para poder leer libros prohibidos, pero en virtud de orden del Inquisidor General, en 20 de octubre de 1748, el Tribunal mandó suspender en absoluto esas licencias, habiéndose probablemente cumplido tan al pie de la letra con aquella orden que durante cerca de medio siglo no se ofreció el caso de que se procesase a alguien por ese delito, hasta el año de 1782 en que ocurrió la denunciación de Santiago de Urquizu.

Era éste un joven de edad de veintiocho años, balanzario de la Casa de Moneda de Lima, e hijo del oidor decano de la Audiencia, don Gaspar de Urquizu Ibáñez. Su padre, que lo destinaba a figurar en la Península, con solícito afán había compartido su tiempo durante muchos años entre el Tribunal y la educación de su hijo, a quien, fuera de la enseñanza común, había instruido en la física y matemáticas. El joven, por su parte, correspondió bien a estos esfuerzos, y durante las largas horas que pasaba en la bien provista biblioteca del oidor, manifestó especial inclinación a las obras religiosas, estudiando el griego y el latín para leer en sus originales las obras de los Padres de la Iglesia, sin olvidarse de rezar las horas canónicas con el propósito de hacerse mas tarde sacerdote. El demasiado estudio, sin embargo, hubo de ocasionarle tal decadencia en su salud que se le aconsejó buscar alivio en pasatiempos y en la sociedad mundana, concluyendo por jugar de cuando en cuando, asistir a comedias y frecuentar gente divertida. Deseando hallar una apología a su conducta, quiso seguir en materia de lecturas un camino opuesto al que llevara en un principio, encontrando luego medios para procurarse ciertos libros prohibidos, y, entre otros, algunos que compró al corregidor de Guaylas; y entregándose, por fin, a largas conversaciones con cierto fraile dominico de vida non sancta, pronto se apodero de él el arrepentimiento, y, siguiendo sus impulsos, se fue a delatar al Tribunal, el cual le, [647] mandó que entregase todos los libros prohibidos, le hizo confesarse, entrar a ejercicios y rezar de rodillas el rosario, etc.

No es menos curioso lo que le ocurrió a fray Diego de Cisternas, monje de San Jerónimo, a quien se le quitaron las obras de Voltaire, que fue denunciado por el padre Juan Rico de que habiéndole ido a visitar le había mostrado aquellos libros, que tenía en lo alto de un estante, y otro en que con extremada insolencia se satirizaba al Santo Oficio por las prisiones injustas que acostumbraba, y alguno contra los jesuitas y a favor de Jansenio. Se le había ademas oído «darse por uno de aquellos espíritus singulares que conocen en verdad a Jesucristo y a su religión» contra el común de los maestros; se decía que siendo confesor de una beata le atribuía haber conocido a Dios antes de nacer y haber sabido por ciencia infusa las obras de los Santos Padres; que el demonio la había convertido durante un año en piedra de Guamanga, habiendo también concebido un hijo de este espíritu maligno; que había asistido a los moribundos predestinados del ejército español que peleaba cerca de Argel; y, por fin, que había sudado sangre y muerto muchas veces para resucitar otras tantas por un milagro perpetuo de la Providencia.

Como Cisternas se hallase en íntima amistad con el oidor Don José de la Portilla, cuyos dictámenes seguía el Virrey, a pesar de estar el fraile tildado de espíritu inquieto y caviloso y de poco afecto al Santo Oficio, uno de los inquisidores, después que le quitaron los libros, fue a visitarle «para darle satisfacción», lo que no impedía que el mismo, en carta al Consejo, lo calificase [648] en aquellos términos y pidiese que se le mandase retirar a sus claustros.

Por esos mismos años, sin embargo, y sin salir de Chile, vemos ya que el Consejo comienza a manifestarse más tolerante, otorgando de cuando en cuando algunos permisos. En 1782, en efecto, concedíase uno al presbítero don Martín Sebastián de Sotomayor, del Obispado de Santiago, en atención a haber desempeñado el empleo de comisario del Santo Oficio en varias ciudades de aquel distrito y el de visitador de varios curatos. Al año siguiente obtenía en Madrid igual licencia el franciscano fray Jacinto Fuenzalida, que en un viaje anterior a la Península, «deseando llevar algún lustre y honor con que poder estar en su patria» había sido distinguido con el título de calificador, y que a ese título agregaba en aquel entonces, cuando contaba sesenta años, los de lector jubilado, ex ministro provincial, doctor teólogo, examinador sinodal y catedrático en la Real Universidad de San Felipe; y en ese mismo año lograba igual concesión el franciscano chileno fray Jerónimo Arlegui, lector jubilado en teología y definidor de su provincia; poco antes el oidor don Francisco Tadeo Diez de Medina; y, por fin, en 1793 la pedía el celebrado dominicano fray Sebastián Díaz, no sin que antes de otorgársela, el Tribunal se informase de su edad, juicio, literatura y concepto público.

Razón sobrada habían tenido los favorecidos con estos permisos para solicitarlos, porque precisamente en las postrimerías de los Tribunales de la Inquisición en América casi los únicos procesos que formaron fueron por lectura de libros prohibidos. De entre todos esos procesos merecen recordarse especialmente los del Barón de Nordenflicht, el del asesor del virrey, don Ramón de Rozas, y, por fin, el de Camilo Henríquez. Ya hemos mencionado la denunciación que se hizo del presidente García Carrasco por haber dado lugar en sus estantes a una obra de Puffendorf.

Don Timoteo Nordenflicht, alemán de origen, había sido contratado por Carlos II para que pasase al Perú a establecer [649] las reformas que, en vista de los adelantos de la ciencia en Europa, creyese oportunas en el beneficio de los metales y otros ramos de la minería. Antes de trasladarse a América tuvo cuidado de proveerse de un amplio permiso para leer libros prohibidos, con más la recomendación de que no se le molestase por el ejercicio de su culto protestante. Pero después de algún tiempo de haber llegado a América, conoció en Lima a una joven santiaguina de distinción, doña María Josefa Cortés y Azúa, y deseando casarse con ella hubo de abjurar su antigua religión y hacerse católico, en el mes de noviembre de 1796. Denunciado por don Vicente Gil de Taboada de que le había prestado la Enriada de Voltaire, se le probó igualmente que también había facilitado el Espíritu de las leyes de Montesquieu a don Ramón de Rozas y algunos otros libros prohibidos a don Juan Mackenna. Cuando el Tribunal tuvo noticia de estos hechos dio cuenta al Consejo de que el Barón, abusando del permiso, no sólo leía, sino que también prestaba libros prohibidos. Prevínose, en consecuencia, a los inquisidores que si el denunciado no se abstuviese de semejante conducta para lo sucesivo, «se procediera contra él a estilo del Santo Oficio, advirtiéndosele que aun cuando permaneciese en el día a la religión luterana, no tenía licencia ni estaba autorizado para prestar a nadie libros prohibidos en los dominios de Su Majestad».

Los Inquisidores habían iniciado contra don Ramón de Rozas una sumaria por lectura de libros prohibidos, a mediados del año de 1802, que oportunamente había sido remitida al Consejo y hallábase pendiente la resolución del negocio, cuando en los comienzos de enero de 1803, habiéndose sabido en el Tribunal que Rozas estaba de viaje para España, «para la mejor y más cabal instrucción de la sumaria que tiene en este Santo Oficio», y considerando que era muy conveniente, decía el juez que entendía en ella, el reconocimiento de su librería, dispuso que Fray Francisco Sánchez, en consorcio del secretario, procediesen a aquella diligencia, «extrayendo de dicha librería los libros y papeles que se hallen prohibidos y mandados expurgar, si no lo estuviesen; igualmente mandó se pase recado secreto de parte de este Tribunal al administrador de la Real Aduana para que ordene a sus dependientes en el puerto del Callao registren con la mayor escrupulosidad los equipajes de los pasajeros que se embarcan para España, y encontrando en ellos algunos libros prohibidos, que los detenga y de parte, con expresión de las obras que sean».

Despachada la Comisión en 8 de enero de ese año de 1803, cuatro días más tarde presentaban los comisionados el siguiente informe a los inquisidores:

«Muy ilustre señor: -En cumplimiento de lo ordenado por Vuestra Señoría en oficio de 8 de enero del presente, que devuelvo, en consorcio del secretario doctor don Mariano Narciso de Aragón, pasé hoy a las nueve de la mañana a la casa del doctor don Ramón de Rozas, quien luego que oyó el mandato de Vuestra Señoría, franqueó prontamente el reconocimiento de su librería, y vistos prolijamente, no le encontré libro sospechoso ni que tuviese que corregir, ni menos papel alguno, pues la vasta colección que tiene de ellos son legales y casi todos sus libros son de bellas letras, a excepción del abate Guillermo Raynal, que es obra prohibida, aunque el doctor don Ramón dijo que era corregida y enmendada, por lo que remito el primer tomo para que con su vista me ordene Vuestra Señoría la extracción de los siguientes tomos. También remito el tomo primero de la Enciclopedia metódica en Francia del año de 1786, en cuarto mayor, que aunque tiene una nota siguiente a la carátula, Vuestra Señoría me ordenará del mismo modo si debo recoger toda la obra o devolverle el tomo a su dueño. -Nuestro Señor guarde a Vuestra Señoría muchos años. Palacio, 11 de enero de 1802. -Es servidor de Vuestra Señoría. -Fray Francisco Javier Sánchez. -M. Santo Oficio de la Inquisición».

Con vista de este informe, el inquisidor Abarca, que era el que conocía del proceso, pidió dictamen al fiscal, quien lo evacuó luego en los siguientes términos: «que por lo respectivo a la Enciclopedia metódica es lo más probable que está corriente, atento lo que cerca de ella previene el índice del año de su impresión y la nota que se halla a su principio. Pero el Raynal es prohibido aún para los que tienen licencias, aunque esté reimpreso en Génova el año de 1780, pues está en francés y sólo la traducción de Almodóvar es la que vemos consentida por el Supremo Consejo, porque no es tanto traducción cuanto extracto que ha separado lo útil de lo dañoso. En cuya atención, el mencionado se ve convencido de sus crímenes y lo estaría también de la retención de las obras de Volter y otras varias si se le hubiesen registrado la rinconera y baúles o cómodas que tiene en su cuarto de dormir, lo que debe practicarse, así por lo convicto que acredita el proceso hallarse de su retención, como porque don José Sicilia ha referido al secretario actuario que verdaderamente conserva libros prohibidos en los lugares que indicó. La razón también lo persuade, considerada la naturaleza de dichas obras, los pasos que Vuestra Señoría ha practicado con el reo y sus dudas de la causa de su exoneración de la asesoría general y auditoria de guerra de estos reinos. Todo lo que resumiendo le obliga a custodiarlos del mejor modo posible, y sólo su impavidez y desvergüenza pueden haberle dado valor a mantener entre sus libros públicos el Raynal. Por todo lo dicho se ha de servir Vuestra Señoría mandar que se le extraigan los demás tomos del mencionado autor y que se le registren los lugares indicados, etc.».

De acuerdo con este dictamen, Abarca hizo devolver al doctor Rozas el tomo de la Enciclopedia metódica y quitarle el resto de la obra de Raynal, «advirtiéndole es prohibida aún para los que tienen licencia»; y teniendo presente que la salida del buque en que debía embarcarse Rozas estaba próxima, dispuso que se ejecutase inmediatamente el reconocimiento de la «rinconera, baúles o cómodas» a que se refería el Inquisidor fiscal.

Véanse los términos en que el padre Sánchez daba cuenta de su nuevo cometido. «Es el día de ayer (17 de enero) a las nueve de la mañana, en consorcio del doctor don Máximo de Aragón, pasé a la casa del doctor don Ramón de Rozas, a quien le devolví el tomo primero de la Enciclopedia metódica, y le previne que la obra del abate Raynal era prohibida aun para los que tenían licencia, como se lo hice constar por el expurgatorio de mil setecientos noventa, y me entregó el resto de dicha obra, que remito, en nueve tomos, asegurándome que no la había tenido por prohibida sino por corregida, como muchas personas se lo habían afirmado, y por esta razón estaba visible en sus estantes. Luego le intimé el orden de Vuestra Señoría sobre el reconocimiento de la rinconera en el cuarto de dormir, y me dijo prontamente que allí tenía la obra intitulada de la Filosofía de la naturaleza, en, seis tomos en octavo mayor, en francés, impresa en Londres, año de mil setecientos setenta y siete, que sabía era prohibida, por lo que no la había leído, y la tenía destinada para quemarla, lo que no había ejecutado por las graves ocupaciones en que se hallaba. Le manifesté el mismo expurgatorio, en el que se dice no haber facultad para quemar semejantes obras por quien las posee, sino entregarlas a algún ministro del Santo Oficio; entonces me la entregó, expresándome que, como prohibida la tenía oculta. Reconocida la rinconera, no contenía otros libros, y sólo había en ella varias piezas de cristal y plata, y reconocido igualmente un cofre, no había en él otra cosa que la ropa blanca de su uso».

¡Hasta este extremo llegaba el celo inquisitorial en sus pesquisas por descubrir el paradero de aquellos condenados libros!

Quedaba aún por recibir la declaración al causante verdadero de aquellos trajines, al denunciante don José Sicilia Martínez, que, según parece, había ya dado su testimonio en la primitiva investigación contra el doctor Rozas.

Era Sicilia Martínez un mozo español de unos veintitrés años de edad, oficial amanuense de la Secretaría de Gobierno, donde naturalmente había podido observar de cerca al antiguo asesor del Virrey y por ese entonces reo de la Inquisición.

Llamado a declarar inmediatamente después de obrada la diligencia del registro de las interioridades de la habitación del doctor Rozas, he aquí el interrogatorio a que se le sometió y sus respuestas, que son en extremo interesantes, como que dejan vislumbrar el proceso que ya había sido fallado contra Camilo Henríquez.

«Preguntado si sabe, presume o sospecha la causa por qué ha sido llamado? Dijo que no la sabe ni presume.

»Preguntado si ¿sabe o ha oído decir que alguna persona o personas hayan dicho alguna cosa que sea o parezca ser contra nuestra santa fe católica, ley evangélica que tiene, predica, sigue y enseña la Santa Madre Iglesia católica romana o contra el recto y libre ejercicio del Santo Oficio de la Inquisición? Dijo que lo que ha entendido y oído, relativo a la primera parte de la pregunta, lo tiene denunciado en los tiempos que ocurrió contra don Pedro Comparet y don Guillermo Piedra, relojeros de profesión y ginebrinos de nación; y por lo respectivo a la segunda parte de dicha pregunta, sólo se acuerda que como a mediados del mes de septiembre próximo pasado, estando en conversación en la Alameda con don José Pérez, a solas, quien es hijo de un platero, habiendo manifestado el declarante a Pérez el escrúpulo o duda en que se hallaba, sobre si tenía obligación de denunciar un papel o carta que había leído y se suponía dirigida al señor Inquisidor General por el francés Abate Gregori contra el establecimiento de la Santa Inquisición y gobierno monárquico; el tal Pérez le contesto que el hablar contra el Tribunal y Gobierno dicho, no era contra la fe, que él había leído cosas más graves en Millot, Hume y Montesquieu sobre los mismos puntos, y que sólo en la España se podía temer semejante lectura, por la amplia jurisdicción que ejerce el Tribunal del Santo Oficio, aunque en el día procedía con más indulgencia que en lo antiguo, lo que es debido a Macanaz y el Conde de Aranda, quienes, si hubieran permanecido por más tiempo en el mando, ya no hubiera Inquisición; concluyendo que aunque uno sienta mal de su establecimiento, no debe manifestar su sentimiento, por temor del Santo Oficio. Que en la misma ocasión, quiero decir, dos o tres días después, en el claustro principal de la Merced se encontró el declarante con el mismo Pérez, a solas, y habiéndole manifestado la necesidad que tenía de denunciarse a sí y a quien le había prestado la obra del Abate Gregori, Pérez contestó entonces: «¿también denunciará usted a mí? Estas son cosas graves. ¡Ojalá no me hubiera usted mentado tal obra!» y con este motivo trajo a la conversación la prisión de un padre Camilo de la Buena Muerte, la causa de ella, que aseguro había sido una defensa que hizo del Concilio de Pistoya, después de su prohibición, [654] a instancias del padre Santiago González, procurador que era entonces de la Buena Muerte, la cual defensa aseguró Pérez haberla visto; y usando de aquellas palabras ambiguas con que acostumbra explicarse, dio a entender que él había concurrido a su formación, comunicando algunas ideas o especies; que también dijo al declarante el referido Pérez que el reverendo Rodríguez, comisario de este Santo Oficio, había pasado al cuarto de dicho padre Camilo y le registró sus libros y papeles, y no hallándole ninguno prohibido, le preguntó si tenía otros y especialmente la defensa del Concilio dicho, y habiendo respondido que no el padre Camilo, le tomó el comisario juramento y después le dijo que sentía hubiese faltado a la religión del juramento, y en prueba de ello le pidió la llave de una caja o baúl, y, abriéndola, sacó de ella la defensa que había negado tener en su poder; que, sin embargo de todo lo dicho, dijo Pérez que el Tribunal del Santo Oficio procedía con demasiado rigor contra el padre Camilo, que saldría bien; y adherido Pérez a las máximas y doctrinas en el Concilio de Pistoya, aseguró que en España tomarían los obispos a su cargo la defensa de él, aunque aquí no se hiciese novedad, porque qué se le daba al Arzobispo el que sus facultades fuesen o no iguales a las del Obispo de Roma, que fueron las voces con que se explicó Pérez.

«Preguntado si sabe que algún sujeto retenga libros prohibidos en alguna rinconera, baúl o cómoda de su cuarto de dormir, y sabiendo, si ha comunicado esta noticia a algún sujeto? Dijo que en este mismo día atrás citado, a insinuación del mismo declarante, por el reverendo padre comisario extraordinario fray Rafael Delgado para ir a firmar una denuncia que tiene ya entendida contra el coronel del batallón fijo y don Ramón de Rozas, en la que expresa los libros prohibidos que ha advertido que tienen y los lugares en que los custodian; que en la denuncia contra Rozas procedió a hacerla de resultas de lo que el presente secretario le previno a la consulta que le hizo sobre si tenía o no obligación de denunciar al referido don Ramón, porque creía no hallarse obligado a ello, por la persuasión en que estaba de que dicho Rozas tenía licencia de leer libros prohibidos, de que le desengañó el presente secretario; que en las indicadas denuncias contra los referidos, expresa con individualidad cuanto sabe y debe contestar a la pregunta que se le acaba de hacer, y es todo cuanto tiene que exponer y declarar, y la verdad, so cargo del juramento que tiene fecho; y siéndole leído, dijo que estaba, bien escrito y que no lo dice por odio ni mala voluntad que tenga o haya tenido a los denunciados, sino en descargo de su conciencia; encargósele el secreto prometido y lo firmó. -José Jerónimo, de Sicilia. -Pasó ante mí. -Doctor Mariano de Aragón, secretario».

Haciendo caso omiso de otros incidentes del curioso proceso que analizamos en que con ocasión de la denunciación de Sicilia hubo de formarse causa aparte al comandante González y al Marqués de Valleumbroso, a quien el comisario calificaba caritativamente de «joven relajado, libre y cuyas costumbres dan mérito para que el pueblo hable tan mal de él», sépase que el fiscal pidió se agregase a los autos copia de una declaración prestada por el padre Henríquez en su proceso para agregarla al del doctor Rozas, que seis días antes ¡cosa rara! se había embarcado tranquilamente con rumbo a España en una fragata del Rey.

Dejémosle, pues, navegando sin cuidado y leamos con atención las palabras de Henríquez, según constan de la siguiente diligencia.

«En el proveído puesto al pie de la ratificación hecha por ante mí en este Tribunal por el padre Camilo Henríquez, en tres de febrero de mil ochocientos tres, que original existe en la causa seguida, substanciada y concluida con dicho padre Camilo, y cuyo proveído se halla a fojas doscientas diez de dicha causa, se manda sacar lo que en ella obra contra otros, y que agregándose a sus antecedentes, corra la vista pedida por el señor Inquisidor fiscal en su pedimento de fojas doscientas ocho. En su cumplimiento, procedí a poner en este lugar lo que obra contra el doctor don Ramón Rozas, que es en la manera siguiente; En la audiencia de publicación de testigos que se le dio al dicho, padre Camilo, en nueve de agosto de mil ochocientos dos, y se halla a fojas ciento seis de su causa, respondiendo al capítulo cuarto del tercer testigo, dijo, hablando de libros prohibidos, que el Contrato social le tuvo en su cuarto como cosa de un día, y lo llevó a él el padre Talamantes, de la Merced, diciéndole que le llevaba a entregar al Barón de Nordenflicht por encargo de don Ramón de Rozas, asesor general en la denuncia que hizo dicho padre Camilo en este Tribunal, en veinte y cinco de enero de mil ochocientos tres, que se halla a fojas doscientas cuatro de su causa, a cuyo efecto pidió permiso para venir desde la reclusión que por la sentencia se le impuso, y en la que se ratificó en tres de febrero de ochocientos tres, según parece a fojas doscientas nueve de su dicha causa y cuyas actuaciones pasaron por ante mí el infrascrito secretario, dijo lo siguiente. En cuarto lugar confiesa y declara haber sido diminuto en lo que declaró relativo a lectura de libros prohibidos, sobre que tiene que enmendar que el Contrato social de Ruzó, que también leyó en su original, no lo trajo a su cuarto fray Melchor Talamantes, antes al contrario, el confesante le entregó a Talamantes y éste a don Ramón de Rozas, quienes le leyeron, según le aseguro el padre Talamantes. Que el dicho padre Talamantes le prestó la Historia del año de dos mil cuatrocientos cuarenta, justamente prohibida por el Santo Oficio, porque es de las más impías que se han dado a luz; que esta obra dijo el padre Talamantes la iba a encuadernar y regalarla a don Ramón Rozas, lo que expresó en presencia de don José Pérez. Que el dicho padre Talamantes prestó también al confesante un tomo de los Establecimientos Americanos por Raynal, diciéndole que la obra pertenecía al doctor don Ramón de Rozas. Que es todo lo que obra contra el referido doctor don Ramón de Rozas en las actuaciones que van puntualizadas, a cuyos originales me remito y de que certifico. Secreto de la Inquisición de los Reyes, nueve de febrero de mil ochocientos tres. -Don Francisco de Echavarría Vozmediano, secretario».

Para concluir con la causa de don Ramón de Rozas, réstanos sólo advertir que, recibida en el Consejo la primera sumaria que se le había iniciado en Lima, aquél, con fecha 9 de septiembre de 1799, despachó a los inquisidores el oficio siguiente:

«Con ésta se os remite copia del auto dado por el Consejo en vista del testimonio de la sumaria seguida en ese Santo Oficio contra el doctor don Ramón de Rozas, asesor general de ese virreinato y auditor de guerra, por tener y leer libros prohibidos, pinturas deshonestas, y proposiciones, que dirigisteis en carta de 24 de diciembre del año próximo pasado, para que ejecutéis, señores, lo que en dicho auto se contiene; y ha resuelto (presente el Excelentísimo señor Inquisidor General) [...] y asimismo se ha acordado deciros que el Consejo ha echado menos el que no se hayan practicado las averiguaciones más exactas para saber si es cierto que el reo no ha cumplido, en más de ocho años, con el precepto de la confesión en la ciudad de Santiago de Chile, pidiendo informes sobre ello a su párroco, en atención a que un testigo depone de esto, y se os encarga que para lo subcesivo pongáis todo cuidado en los negocios que ocurran de esta clase. -Dios os guarde. -Madrid, 9 de septiembre de 1799. -Obispo Cuerda. -Ovando. -Hevia».

Posteriormente, en 6 de julio de 1802, escribía nuevamente el Consejo diciendo se había extrañado no se hubiese ejecutado el auto anterior, que se procediese a ello y se siguiera contra el reo la causa ordinaria. Estas recomendaciones habían sin embargo de resultar completamente inútiles, pues el doctor Rozas continuaba aún residiendo en la Península cuando se suprimieron en estos países los tribunales del Santo Oficio.

En las páginas precedentes hemos consignado los únicos datos que un minucioso registro de los archivos españoles nos ha permitido descubrir respecto de la causa de Camilo Henríquez. Hemos dicho que había sido procesado por la Inquisición, en parte por haber leído y prestado libros prohibidos, en parte, según testimonio extraño, al parecer bien instruido, por haber sostenido las conclusiones de la sínodo de Pistoya; que su proceso alcanzaba, hallándose en estado de publicación, a doscientas y tantas hojas; y, por fin, que en el mes de agosto de 1802 se hallaba recluso en un convento, probablemente en el de la orden de Agonizantes a que pertenecía. Veamos modo de completar estos antecedentes con lo que consta de otras fuentes.

Conviene saber desde luego que Henríquez había llegado a Lima en 1784, cuando contaba apenas quince años, y que habiendo entrado allí a los claustros que habitaban los padres de la Buena Muerte, más por necesidad que por verdadera vocación, tomó aquel hábito a principios del año de 1790. Amante del estudio y de las bellas letras, cultivó en aquella ciudad la amistad de los principales literatos y fortificó su razón con la  lectura de las obras filosóficas entonces más en boga, el Contrato social de Rousseau, la Historia de los establecimientos ultramarinos, tantas veces citada en el curso de las páginas precedentes, y, finalmente, la Historia del año dos mil cuatrocientos cuarenta, considerada por aquel tiempo como una de las obras más impías que jamás se hubiesen escrito. Un hombre que a tal extremo llevaba su atrevimiento, mucho más notable en él por el habito que vestía, ya se comprende que no era un espíritu vulgar y apocado.

Deseoso de participar las ideas tan nuevas que encontraba en aquellas obras respecto al modo común de pensar de las gentes que le rodeaban, púsose en comunicación, como hemos visto, con el doctor Rozas, que podía considerar como su paisano en aquella tierra extraña para ambos; pero sin guardar la cautela que las circunstancias aconsejaban, cambiaron entre sí aquellas obras anatematizadas por el Rey y la Inquisición y bien pronto hubieron de caer en las redes del adusto Tribunal. Acaso en el registro de su habitación, rinconera, baúl o cómoda, según el estilo inquisitorial, le hallaron el cuaderno en que defendía las conclusiones de la sínodo de Pistoya que habría de constituir otro motivo de acusación contra él.

¿De cuántos capítulos constaba esa acusación? No podríamos decirlo, pero fácil es adivinar de lo que queda dicho, que por lo menos comprendía cuatro, y que alrededor de ellos había debido acumularse una prueba bastante considerable para que hallándose en estado de publicación se hubiesen llenado ya más de doscientas hojas.

¿Cuántos procesos formó a Henríquez la Inquisición? El escritor peruano don Ricardo Palma, cronista de aquel Tribunal, asevera que en 1796 fue denunciado por proposiciones heréticas, y que en 1809 lo fue tercera vez por consagrarse a la lectura de los filósofos franceses. No nos dice el señor Palma cuándo tuvo lugar la segunda denunciación o proceso. Don Miguel Luis Amunátegui [659] que ha tratado de una manera tan magistral la vida de Henríquez concuerda en que en el año de 1809, aquél se hallaba encerrado en uno de los calabozos de la Inquisición. Puede todo esto ser muy bien, pero de lo que no cabe duda, en vista de los documentos que dejamos transcritos, es que en agosto de 1802 Camilo Henríquez se hallaba recluso en un convento de Lima y que él, en las pocas referencias que durante su vida hizo acerca de este asunto, sólo habla del «suceso inquisitorial», como si fuese uno solo. Sea como quiera, el hecho es que aquel suceso, como lo declaraba años después, se terminó felizmente, sin desdoro de su estimación pública. En otra ocasión repetía que había sido «restituido a la libertad y al goce de su reputación, después de haber sufrido una prisión dilatada en los calabozos inquisitoriales...».

Apenas salido de la reclusión a que el Santo Oficio le tenía condenado, Henríquez hizo un viaje a Quito en desempeño de cierta comisión de su orden, y llegaba por fin a Chile, después de dilatada ausencia, cuando expiraba ya el año en que su patria acababa de dar el primer paso que le condujera a la independencia, a cuya causa tanto sirvió más tarde con su palabra y sus escritos.

Henríquez no había sido, sin embargo, el último de los chilenos a quienes encausase el Santo Oficio; cúpole esta triste suerte a don José Antonio Espinosa, oficial segundo de la alcaidía de la Aduana del Callao, que fue denunciado en Lima en 1820 por haber leído las cartas de Abelardo y Eloísa.

Pero es tiempo ya de que hablemos de la extinción del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición en Chile.


 

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