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Historia del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición en Chile

  José Toribio Medina

Capítulo XV de la Segunda Parte

Capítulo XV de la Segunda Parte

Decadencia del santo oficio

Cargos inquisitoriales. Procesos de hechiceros. Algunos reos de auto público. Frailes solicitantes. Causa de Gregorio de la Peña. Los estudiantes y la Inquisición. Don Miguel de Lastarria y la enseñanza del Derecho en la Universidad de San Felipe. Los francmasones.

El comisario del Tribunal del Santo Oficio en Santiago don Francisco Ramírez de León permaneció en el desempeño de sus funciones hasta el año de 1689, en que murió. El cargo inquisitorial pasó después, según hemos visto al tratar de las ruidosas causas del padre Ulloa y sus secuaces, a los mercedarios habiéndose sucedido en él los padres Fray Manuel Barona y Fray Ramón de Córdoba. El 16 de noviembre de 1737 era nombrado el canónigo don Pedro de Tula Bazán, que sirvió el puesto durante un cuarto de siglo, hasta que, por causas que  desconocemos, se designó para reemplazarle a su colega de coro don Juan José de los Ríos y Terán.

La natural decadencia que se hacía sentir en las cosas del Santo Oficio, hubo de extenderse, con especial razón, a las causas sujetas a su conocimiento. Son tan escasos y de tan poca importancia los procesos ventilados con posterioridad al del padre Ulloa que todos ellos pueden resumirse en muy pocas páginas.

Es digno de notarse, sin embargo, que cuando ya iba transcurrido un largo tercio del siglo pasado se hablase aún seriamente de hechiceros y hechicerías; pero el hecho es que en 1734 se denunciaba a Cristóbal González, esclavo del convento de la Merced en Chimbarongo, hombre casado y de sesenta años de edad, de que daba yerbas para hacerse querer, y que hubo de morir en 1740 antes de que se ejecutase la sentencia pronunciada contra él.

Al mismo tiempo que González, era procesado, también Clemente Pedrajón, alias Cautivo, natural y residente en Bucalemu, arriero de oficio, por hechos de brujería y superstición; y, por fin, la zamba santiaguina María de Silva, alias Marota de Cuadros, esclava, cocinera, casada y de edad de cincuenta años, de quien se valían muchas mujeres a fin de solicitar sortilegios amatorios, adivinando por medio del humo del cigarro la suerte que con los hombres habrían de tener sus clientes. Salió al auto público de 11 de noviembre de 1737, dice el celebrado doctor limeño don Pedro de Peralta Barnuevo, por «los delitos de supersticiones, sortilegios y maleficios amatorios y hostiles, ejecutados en fuerza de expreso pacto con el demonio, a quien para estos perniciosos efectos invocaba». «Fue sentenciada, continúa el mismo autor, a que, leída su sentencia con méritos, abjurase de vehementi, fuese absuelta ad cautelam, desterrada al presidio de Valdivia por tiempo de diez años, en que actuase y cumpliese otras penitencias espirituales, y que el día siguiente al auto se le diesen doscientos azotes; y se declaró haber incurrido en perdimiento de la mitad de su peculio; todo lo cual se ejecutase sin embargo de suplicación y con la pena de ser declarada por impenitente relapsa».

Algunos años más tarde era también penitenciado en auto público «Francisco del Rosario, alias el chileno, de casta zambo, esclavo, natural de la ciudad de Santiago del reino de Chile, de estado soltero y sin oficio, de edad de más de treinta años. Salió al auto con insignias de testigo falso, por haber sido inventor, promovedor y director de la falsa calumnia de judío judaizante que padeció la inocencia de su amo, don Juan de Loyola, con muy execrables delitos y palabras y obras. Y estando en forma de penitente, se le leyó su sentencia con méritos y fue condenado a doscientos azotes y a que sirva a Su Majestad a ración y sin sueldo perpetuamente en el presidio de Valdivia, y que todos los viernes rece una parte del rosario a María Santísima; no habiéndosele relajado al brazo secular por conmiseración particular que tuvo con este reo el Santo Tribunal. Fueron sus padrinos don José Miguel de Ovalle y don Martín de Tejada, gentiles hombres del Excelentísimo señor Virrey».

En auto público de 6 de abril de 1761 salió con coroza, «que con vivos coloridos manifestaba su delito, según estilo, soga al cuello, y una vela de cera verde en las manos», don Rafael de Pascual y Sedano, gaditano, de edad de treinta y dos años, que [626] habiéndose casado en Santiago, volvió a matrimoniarse en Tucumán. Leyósele su sentencia con méritos, y en ella se mandó que abjurase de levi, y fuese desterrado a Juan Fernández por tiempo de siete años, debiendo confesarse y comulgar las tres pascuas de cada año y una vez al mes, y rezar todos los sábados un tercio del rosario a María Santísima.

Y para concluir con la enumeración de los reos de doble matrimonio, mencionaremos todavía a don Vicente Arana y Delor que habiéndose fugado de Santiago, vino a ser preso en Acapulco, en octubre de 1799.

A estos procesos de importancia tan secundaria puédense agregar los de algunos frailes que continuaban abusando del confesonario. Así, el franciscano Fray Diego Videla, natural de Mendoza, fue acusado de haber solicitado mujeres y un varón, ad turpia intra confesionem, en la Semana Santa de 1734, en el monasterio de las Claras de Santiago -sirvientes en la mayor parte- y de haber continuado la misma tarea por los años de 1740 en su ciudad natal. Recluso en cárceles secretas el 4 de febrero de 1746, fue condenado tres años más tarde a las suaves penitencias espirituales que el Tribunal acostumbraba en semejantes casos.

En 1778 cierta dama denunció al comisario de Santiago que uno de los jesuitas expulsados, el padre Juan Crisóstomo de Aguirre, con el fin de solicitarla ad turpia la había instado para que lo hiciese llamar a su casa bajo el pretexto de confesión; y el franciscano fray Benito Marín era denunciado en Chiloé en 1781 por haber azotado a una de sus confesadas. Otro franciscano, fray Ignacio Bozo, natural de Colchagua, fue denunciado en Concepción, en noviembre de 1779, por un delito análogo, y aunque su causa sólo vino a fallarse en 1791, salió al fin condenado en cinco años de reclusión.

El doctor don Gabriel de Egaña, rector del Colegio de San Carlos fue también denunciado en 1784; en 5 de noviembre de 1790 lo fue ante el comisario de Santiago un padre mercedario, natural de Concepción, porque a algunas de sus confesadas, chicas todas de dieciséis años, les había ofrecido «ponerles casa». Llevado a Lima y preso en 19 de abril de 1792, pudo ver fallada su causa en febrero del año siguiente.

Finalmente, en 18 de diciembre de 1801 el Tribunal de Lima daba cuenta al Consejo de una sumaria que se había levantado por solicitante al misionero de Propaganda Fide de Chillán fray Alejandro García, que no pudo proseguirse por fallecimiento de la denunciante.

Por doble matrimonio fue denunciado en Guayaquil el chilote Antonio Gómez Moreno, maestre del navío «Nuestra Señora de Carelmapu», mozo de veinticinco años, que fue relevado de la pena de azotes, en 1785; y en auto particular que se celebró en la sala de audiencia el 6 de julio de ese mismo año de 1785 salió el valenciano Joaquín Vicente Cerverón, preso desde hacía dos años por haberse casado segunda vez en la aldea de Paredones.

En 1º de diciembre de 1775, ante el comisario don José Ignacio Rocha, se presentó en Valdivia Manuel José Laínez, casado, natural de Panamá, declarando que un día martes de los años pasados, Antonio Correa, soldado, portugués, Antonio Becerra, artillero, ya por ese entonces muerto, y Antonio Ribero, lo habían invitado a que fuesen a azotar un crucifijo de bronce, diligencia a que él se había prestado de miedo de que lo mataran. Agregó igualmente que Ribero poseía en Coquimbo un sótano dedicado especialmente «para azotar a Cristo». Enviada la denunciación a Lima, el fiscal consideró con excepcional cordura, que todo aquello era insustancial e inverosímil, por lo cual cesó toda ulterior diligencia.

Motivo de graves inquietudes era para el padre Guardián del Colegio de franciscanos de Chillán un joven que los inquisidores tenían recluso allí, llamado don Gregorio de la Peña.

Era éste un hombre estudioso que, después de graduarse de doctor en teología, habiéndose entregado a la lectura de libros ascéticos, para perfeccionarse en su vida espiritual se entró a la Congregación de clérigos de San Felipe Neri, y que allí, llevado de sus ayunos y mortificaciones, fue poco a poco perdiendo el seso hasta imaginarse que tenía revelaciones, arrobamientos y visiones sobrenaturales.

Denunciado a la Inquisición, se presento él mismo llevando un cuaderno de su letra, que contenía, según el calificador a quien se confió, «una porción de embolismos que sólo su lectura para [628] entresacar lo que pertenecía al Tribunal, le desencuadernó la cabeza», añadiendo que, en conciencia, el joven doctor era simplemente un iluso. Mas, los calificadores dijeron que todo aquello era herético y estaba plagado de blasfemias, y, en consecuencia, el 9 de abril de 1783 Peña fue reducido a prisión, con secuestro de bienes.

Durante todo el curso del proceso, Peña manifestó la indiferencia más absoluta, y tales extravagancias cometió que su defensor manifestó una y otra vez que no había en él sino un loco; pero desechando redondamente estas alegaciones, el fiscal le puso treinta y dos capítulos de acusación y en seguida los jueces le declararon blasfemo, hipócrita, iluso, fingidor de revelaciones, falso profeta, dogmatizante y hereje formal; y como tal abjuro, estando en forma de penitente, con sambenito de aspa entera y las demás insignias, en auto público que se celebró en la sala de audiencia, a puerta abierta, el miércoles 6 de julio de 1785. Pero allí mismo tales cosas le habían oído al pobre doctor que se produjo «cierta conmoción» en el pueblo viendo que se castigaba de esa manera a un hombre en absoluto privado de razón, habiendo circulado más tarde «los libertinos» que en Madrid se había declarado nulo el proceso y multado por ello a los inquisidores.

Enviado, pues, a Chillán al Colegio de los franciscanos, después de dos años de reclusión, el Guardián avisaba a los inquisidores que Peña seguía incorregible, pues en todo ese tiempo sólo se había confesado una vez y no excusaba el trato de personas seglares. «Y en vista de lo que resulta de dicho testimonio, decían desde el Consejo a los inquisidores, se ha acordado deciros, señores, que la información que habéis mandado recibir del tiempo que ha permanecido impenitente este reo, se haga con toda formalidad e individual expresión que exige la gravedad de la causa de que dimana...».

Fue inútil que el padre del reo hiciese viaje a España a gestionar por la injusta prisión de su hijo; pues todo lo que obtuvo fue, según creemos, que aquél fuese trasladado desde Chillán a una casa de penitencia de Sevilla.

Mozo y estudiante era también por esta época un joven santiaguino que se educaba en Lima en el Colegio Carolino, don José Antonio de Vivar, nieto precisamente de un capitán de infantería que había sido alguacil de la Inquisición en Chile. El 17 de octubre de 1717 sustentaba el joven Vivar en aquel colegio ciertas conclusiones, bajo la presidencia del rector don Toribio Rodríguez, pero tales debieron parecer a los inquisidores que en el acto las mandaron recoger, formando sobre todo un expediente que elevaron al Consejo, «por si juzga oportuno, decían, se practique alguna diligencia, especialmente con el rector y maestros del citado colegio, para que se dediquen al estudio de autores de más sana doctrina que los que expresan los calificadores en el último capítulo de su parecer.

»Ciertamente, añadían, en nuestro concepto sería conveniente se cite privadamente a los indicados rector y maestros, y se les haga ver su mala versación en la dirección literaria de la juventud que está a su cargo, y el cuidado con que sobre el particular está a la mira este Tribunal; pues, intimidados acaso con esta prevención, mudarán de rumbo, seguirán el camino seguro valiéndose de autores de acreditada nota y se evitarán las funestas consecuencias que suelen producir las primeras malas impresiones que se adquirieron en los primeros estudios».

Deudo inmediato, según creemos, del anterior, era el doctor don Jerónimo Vivar, abogado chileno denunciado en Lima en 1801 por proposiciones heréticas.

Por la misma causa fue denunciado en Santiago de Galicia el año precedente, don Santiago Aldunate y Larraín; Juan de Mendoza, capitán del puerto de Valparaíso, que se ausentó a España, habiendo resultado inútiles cuantas diligencias se hicieron para aprehenderle; el marino chileno don Eugenio Cortés, en 1806; y hasta el mismo presidente del reino don Francisco Antonio García Carrasco, denunciado en 1810 por una causa análoga y por guardar en sus estantes la obra de Puffendorf Introducción a la historia.

A propósito de este denuncio, y ya que venimos tratando de estudiantes, es conveniente recordar aquí lo que algunos años antes había ocurrido en Santiago al distinguido arequipeño don Miguel de Lastarria.

«En la Universidad de San Felipe, cuenta su nieto don José Victorino Lastarria, aquel no se limitó a su cátedra de prima de leyes sino que se avanzó a revelar a sus discípulos la ciencia de Puffendorf. Poseedor de los Elementos de jurisprudencia universal de este sabio, y especialmente del Tratado de derecho natural y de gentes, dictó sus lecciones en español y las explicó con un atractivo poderoso, merced a sus distinguidas dotes oratorias.

»En el Colegio Carolino, no sólo explicó la teología, sino que dio lecciones de filosofía y de ciencias exactas, causando gran novedad. De varias declaraciones judiciales contestes, que existen en su proceso, sobre todos estos incidentes, permítasenos trasladar aquí la del doctor don Lorenzo José de Villalón, la cual revela con especialidad lo sucedido en el Colegio Carolino. «Los padres de familia, dice el grave doctor, hablando de las pruebas de ciencia que daba el maestro, se estimularon a entrar a sus hijos al colegio, como de facto se pobló de copioso número de jóvenes; pero esto en circunstancias de hallarse el colegio desolado, no sólo por el mal concepto que tenían los estudios, sino también por escasez de rentas u otras causas interiores que constan al declarante; pero debido a las pruebas, los esmeros, empeño y aplicación del doctor Lastarria, se puso el colegio en su antiguo floreciente estado. El doctor Lastarria, dictando filosofía, enseñaba al mismo tiempo aritmética, geometría, estática, hidrostática, maquinaria, geografía, cosmografía, historia y cronología. En suma, como el declarante se le acercase más inmediatamente, por admirar sus singulares conocimientos y producciones, sabe y le consta que el doctor Lastarria no sólo enseñaba con provecho y lucimiento todas las predichas facultades, sino que también reformó el plan completo de los estudios, llevándole el declarante la pluma, no desdeñándose del trabajo (el señor Villalón era también catedrático en el mismo colegio) por aprender, pues era tal su sólida literatura y erudición, que las gentes por particular gusto y complacencia, corrían a oír sus lecciones.

»La enseñanza de todos esos ramos era enteramente nueva en Chile, pues aunque bajo el gobierno de Amat y Junient, en este reino, se había establecido una Academia de Matemáticas, que fue autorizada por real orden de 20 de septiembre de 1759, jamás se habían dado lecciones serias de geometría, ni mucho menos de mecánica ni de cosmografía; y sobre todo la enseñanza de la historia, de la cronología, de la teoría de la jurisprudencia y del derecho natural y de gentes no estaba entre las asignaturas, y era un avance que daba mucho que pensar a los hombres más serios de la leal y taciturna ciudad de Santiago.

»Semejantes novedades en los dominios de la inteligencia fueron al principio miradas con cierta complacencia; pero cuando a la vuelta de dos años se fue notando que ensanchaban desmedidamente los horizontes del espíritu de los colonos, y que contrariaban el sistema colonial, sin estar autorizados por la corte, los celosos agentes de aquel sistema transmitieron a la Inquisición de Lima y al Virrey noticia de lo que pasaba, desesperando de que el gobernador don Ambrosio de Benavides pusiera remedio al peligro, pues había tolerado sin inquietarse las innovaciones introducidas por Lastarria.

»Benavides, por una parte, adhería al parecer ilustrado de Álvarez de Acevedo, decidido protector y estimulador del joven maestro; y por otra había cobrado por éste fuertes simpatías, desde que había utilizado sus conocimientos y su actividad para restablecer los tajamares, que fueron destruídos por la espantosa inundación del Mapocho, ocurrida en 16 de junio de 1783, la cual había causado a la población perjuicios enormes, que se avaluaban en un millón de pesos.

»A mediados de 1786, los delegados de la Inquisición en Santiago, autorizados por ésta, pidieron la clausura del aula de derecho natural y de gentes y la separación del catedrático, que tan arbitrariamente había hecho aceptar un plan de estudios tan contrario a la religión y a las leyes. El Virrey de Lima apoyaba la determinación inquisitorial, y el ilustre profesor tuvo que recurrir a formar una información de vita et moribus, para probar su piedad religiosa, su moralidad y sus servicios, a fin de que el Gobernador y el Regente, sus favorecedores, pudieran salvarle de los calabozos de la Inquisición y se limitaran a separarle de sus cátedras. Sin esta protección, de nada le habría servido la información judicial para escapar del celo de los agentes del Santo Oficio, por más que pudiera alegar también en su favor, como alegaba, la real orden de 10 de agosto de 1785 que había perdonado u olvidado a Puffendorf, al mandar que en el Perú y sus dependencias «se recogieran y se quemaran el Belisario de Marmontel, las obras de Montesquieu, Linguet, Raynal, Maquiavelo, Monsieur Legros, y la Enciclopedia; y se tomaran otras medidas para evitar la publicación e introducción de papeles prohibidos por el Santo Tribunal y por el Estado».

«Su situación era indecisa y demasiado peligrosa todavía en abril de 1787, cuando tuvo la buena fortuna de que asumiera el mando supremo el regente Álvarez de Acevedo, por el fallecimiento de Benavides. Los respetos de que estaba rodeado el regente y su notable superioridad y su energía eran para el joven profesor las más seguras garantías de salvación.

»En efecto, durante el año que gobernó Álvarez de Acevedo, se olvidó aquel ruidoso negocio. Los inquisidores quedaron satisfechos con que los estudios de la Universidad y del Colegio Carolino se restablecieran en su antiguo estado, permaneciendo alejado de aquellos claustros el catedrático innovador; y éste se rehabilitó cooperando a la administración de su protector, aunque el concepto de hombre de letras y de ciencia, que conquistara en otro tiempo, se había cambiado en el de hombre peligroso para la quietud del oscurantismo».

Puede decirse que en este último período de la vida del Tribunal la nota dominante de los procesos la dan los que se siguieron por libros prohibidos; pero, antes de ocuparnos de tan interesante faz de esta ya larga historia, a que consagraremos el siguiente capítulo, debemos decir dos palabras acerca de los que se miraba culpables de un delito que por vez primera vamos a ver figurar en los anales del Tribunal, nos referimos a los francmasones.

En 21 de agosto de 1751, el Consejo enviaba a Lima una comunicación del tenor siguiente:

«Siendo preciso al Consejo saber los sujetos militares y políticos, habitantes en esos reinos, que hayan ocurrido a ese Tribunal o a sus ministros a delatarse espontáneamente de francmasones, se os encarga, señores, que luego hagáis formar lista de los que constaren delatados en vuestro distrito, con expresión de los que cada uno de éstos hubiere delatado por cómplices; y porque conviene que todos los culpados en esa congregación sean oídos como en forma espontánea, por ahora y con todo el posible secreto, daréis providencia oculta para que, bien sea por espontáneos que hubieren venido y fueren amigos de los que no hubieren hecho esta saludable diligencia, o por ministro o ministros que hallareis más proporcionados para este oficio de piedad, se les sugiera vengan al seno de la piedad de este Santo Oficio, que nada desea más que el remedio espiritual de sus almas con la absolución de su excomunión y sospecha vehemente de herejía, declarada por la Sede apostólica, estando ellos dispuestos a detestar tal congregación y el juramento en ella hecho, y a separarse y a nunca tenerse por tales congregantes; y que estén muy ciertos de que pueden y deben declarar cualquier secreto y crímenes que supieren o hubieren entendido, y todos los sujetos que supieren congregantes, con la seguridad de que serán despachados secretísimamente, sin que pueda atrasarse su honor, grado y reputación, ni que pueda entender el Rey ni sus ministros esta diligencia, antes bien, amonestándoles de que si no lo hicieren, llegará el tiempo de que no pueda hacerse con esta secreta gracia, sino por la vía judicial y pública del Santo Oficio, que les traerá tan grande daño; y porque se ha entendido que algunos sujetos han llegado a declarar espontáneamente ante algún ministro de fuera, y que no se les ha absuelto por no tener facultad, y ellos han quedado falsamente ciertos de que han cumplido; se os ordena reconozcáis si algunos están sin absolución y dispongáis darsela por algún inquisidor fuera del Tribunal, o por ministro oportuno, en su casa, encargándoos que estas listas vengan con la posible brevedad. -Dios os guarde. -Madrid, veintiuno de agosto de mil setecientos cincuenta y uno».

Despacho que contestaban los inquisidores, diciendo «que en todo el reino no hay ni leve indicio, y sólo se tiene noticia haberse extendido en Europa por algunas papeletas y Mercurios que se han recibido de dos o tres años a esta parte».

Pocos días antes de recibirse el oficio que acaba de leerse, se habían recogido, sin embargo, de poder de un comerciante unas estampas que pintaban el modo con que eran recibidos en el gremio los afiliados, estampas que en el acto fueron remitidas a España. Y como ya con esto el camino quedaba abierto, muy poco después de datar la carta en que enviaban al Consejo semejante noticia, los jueces abrían proceso por el delito indicado a un cirujano francés llamado Diego de la Granja y a don Ambrosio Sáenz de Bustamante, gobernador de Valdivia.

Remitida al Consejo la sumaria que se formó contra éste a fines de 1755, el Consejo, sin embargo, «enterado de los antecedentes que en este asunto hay en la Inquisición de Corte, decían los jueces en Lima, nos ordena que se suspenda por ahora, lo que ejecutaremos con el debido rendimiento».

 

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