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Historia del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición en Chile

  José Toribio Medina

Capítulo XIV de la Segunda Parte

Capítulo XIV de la Segunda Parte

Don Francisco de Meneses y la Inquisición

Todavía el deán don Tomás Pérez de Santiago. El canónigo don Francisco Ramírez de León sucede a Machado de Chávez en el cargo de Comisario del Santo Oficio en Santiago. Cambios ocurridos en el personal del Tribunal de la Inquisición en Chile. Incidente del jesuita Nicolás de Lillo y la Barrera. El presidente Meneses y la Inquisición. Resoluciones reales acerca de altercados inquisitoriales en Santiago. El jesuita Juan Mauro Frontaura. Visible decadencia del Santo Oficio en Chile. Pretendientes chilenos a empleos inquisitoriales.

Al hablar del personal que el Santo Oficio mantenía en Chile, hemos visto ya que el testarudo comisario y deán de la Catedral don Tomás Pérez de Santiago fue removido en virtud de especial comisión por el fiscal de la Audiencia y consultor de la Inquisición don Juan de Huerta Gutiérrez, y que en su lugar colocó en el puesto al arcediano don Francisco Machado de Chávez.

Este que, como también sabemos, era hermano de uno de los oidores de más prestigio, don Pedro Machado de Chávez, criollos ambos, no promovió, en cuanto haya llegado a nuestra noticia, altercado alguno con las autoridades civiles o eclesiásticas. Sólo el desairado deán, con ocasión del nombramiento de su sucesor en el puesto de comisario del Santo Oficio para el cargo de provisor, en que por hallarse tan divididos y alterados los prebendados, hubieron de llamar a la Audiencia para que asistiera a la elección, suscitó una oposición en que, al fin, como en sus [604] altercados anteriores con la Audiencia, tuvo que salir derrotado.

Salvo este incidente, ajeno en realidad a su cargo del Santo Oficio, nada turbó al gobierno del comisario Machado de Chávez hasta que murió en 1661.

Sucediole en el cargo el canónigo chillanejo don Francisco Ramírez de León, hijo del capitán don Francisco Ramírez de la Cueva, oriundo de la Calzada de Toledo, y de Jerónima de las Montañas, señora que llevaba un apellido que había ilustrado en la guerra de este país el capitán Francisco Gómez de las Montañas, cuyos servicios había premiado el gobernador Alonso de Rivera haciéndole donación de las tierras de Chada, no lejos de Santiago.

Don Francisco Ramírez de León había hecho una carrera relativamente brillante. Después de ordenarse logró pronto obtener una prebenda en la Catedral de Santiago, ascendiendo sucesivamente a tesorero en 1665, y tres años más tarde a la dignidad de deán.

Cuando por muerte de Machado, entró a servir la Comisaria del Santo Oficio de Santiago, los demás cargos servidos por ministros del Tribunal en otras ciudades habían experimentado las siguientes variaciones:

En Cuyo el provincial de Santo Domingo había renunciado el puesto por septiembre de 1652. Dos provinciales de la misma orden, Fray Bartolomé López y el padre maestro Fray Juan del Castillo se habían sucedido en la Serena. En Valdivia se hallaba el agustino Fray Juan de Toro Mazote, teniendo a su cargo la comisaría de Chiloé, donde servía como vicario el licenciado Andrés de Medinilla. En Concepción, finalmente, un comisario titulado, el padre Juan de Albis, de la Compañía de Jesús, y en el hecho, el padre Nicolás de Lillo y la Barrera, ocupado del colegio que allí mantenía la orden.

Sucedió, sin embargo, respecto de este último que con fecha 18 de septiembre de 1670, el rector de ese colegio recibió una orden de don Juan de Huerta Gutiérrez, el mismo que había removido a Pérez de Santiago, ascendido ya a inquisidor de Lima, para que se recibiese de todos los papeles del Santo Oficio, públicos, y secretos, que Lillo y la Barrera, que para el efecto debía hacer viaje especial a aquella ciudad, le entregaría veinte días después de llegado a ella, esperado cuyo plazo debía inmediatamente trasladarse a Santiago.

¿Qué era lo que había motivado orden tan perentoria? Es lo que vamos a saber por el siguiente documento que da igualmente fe de los esfuerzos que inmediatamente después de la separación de Lillo, intentó la Compañía para no perder tan importante puesto.

«Ilustrísimo señor: La obligación en que me hallo de gobernador, provisor y vicario general deste Obispado Imperial de la Concepción de Chile, y asimismo el oficio de arcediano y comisario de la Santa Cruzada, me insta a dar cuenta a Vuestra Señoría Ilustrísima, que, por lo que toca al juzgado del Santo Tribunal de la Inquisición, padece este obispado, gran falta para la corrección de los fieles, que como unos son cristianos nuevos y los otros nacidos y criados con estos mismos, padecen muchos errores [606] y necesitan de persona que los corrija y enderece a nuestra santa fe, y aunque como juez ordinario, en lo que me toca, he remediado lo que por derecho he podido en algunos casos de los naturales de la tierra, he omitido otros por ser propios del Santo Tribunal; ocasiónase esta falta, porque estando en esta ciudad el padre Nicolás de Lillo, religioso de la Compañía de Jesús, de comisario interino, fue quitado del ejercicio por los señores inquisidores del Perú, porque su agria condición la fomentaba con la autoridad del puesto, de que fueron a aquel Santo Tribunal tantas quejas que se vio obligado a mandarle se fuese a la ciudad de Santiago, y envió orden al padre Luis Chacón de Rojas, rector deste Colegio de la Concepción, para que se entregase (como consta de la misma carta que remito por otra vía, original, y con ésta un tanto) por inventario de los papeles públicos y secretos del Santo Oficio, y como no se le envió más comisión, y en esta ocasión ha muerto el comisario propietario puesto por ese Santo Tribunal, que era el padre Juan de Albis, de la misma Compañía, padece este obispado la falta que he referido, y sin esperanzas de remedio breve, porque se ha pasado más de un año sin que los señores inquisidores del Perú hayan enviado comisario. La persona que hoy tiene los papeles del Santo Tribunal es digna de este oficio por sus letras, virtud y natural mansedumbre, y que en calidad y ser cristiano viejo no le excederá persona alguna deste reyno, donde está emparentado con lo más calificado dél, y confirma todas sus buenas prendas el que después de otros puestos y retirado de su religión ha merecido el ser rector de este segundo colegio de su provincia, de donde salen varios sujetos para provinciales; y porque la ocasión del provisor general que va desta ciudad a esa corte por Buenos-Ayres, promete el remedio breve, quedo con el gozo de haber noticiado a Vuestra Señoría Ilustrísima, cuya persona prospere Nuestro Señor los muchos años que conviene. -Concepción y enero 30 de 1672 años. Besa la mano de Vuestra Señoría Ilustrísima su capellán. -Don Francisco Mardones».

Ramírez de León en el ejercicio de su cargo en Santiago había estado distante de merecer las amargas quejas que motivaran la destitución de su colega Lillo y la Barrera en Concepción. Pero luego de su nombramiento llegaba a la presidencia del reino don Francisco de Meneses, que era hombre dominado de tal espíritu avasallador, imperioso y tiránico, que, sin duda, muy a su pesar, iba a ponerse en pugna con él y seguidamente con la Audiencia que presidía.

Son bien conocidas en la historia de Chile las acaloradísimas cuestiones que Meneses mantuvo con el obispo don Fray Diego de Umanzoro. «Era tan horrible y estupenda la irritación del Meneses contra el Obispo, dice un testigo presencial, que hablaba de su persona de modo que escandalizaba a los hombres de más divertidas costumbres, diciendo públicamente que era incestuoso, simoníaco, ladrón, sacrílego y borracho. Amaneció en este tiempo a la puerta del mismo Obispo un rótulo que decía «Obispo borracho». Repetía el Meneses muchas veces en su casa, calles y plazas y debajo del solio de la Audiencia que con un garrote y con un cuerno había de matar a palos al Obispo y a los clérigos, repitiendo que esto mismo había visto hacer a muchos que después morían en sus camas».

«Los disturbios y encuentros con el Obispo, continúa el mismo autor, seguían aumentando cada día y ahora más sangrientos con un sermón que predicó en la Catedral el padre Hernando de Mendoza, grave y docto varón de la Compañía de Jesús, en que dijo había en el reino un sujeto que no creía la inmortalidad del alma, y que lo predicaba por haberle mandado el Obispo que lo dijese...; y el Meneses pudo, si fuera cuerdo, no darse por entendido, pues no se nombró al sujeto, porque confesar se había dicho por él, parecía hallarse culpado en el delito de hereje ateísta».

Todo esto pinta bien claro que el gobernador de Chile no era hombre a quien intimidaban las excomuniones. Como luego lo iba a manifestar, el mismo Santo Oficio le tenía sin cuidado.

Nombrado veedor general del ejército de Chile llegó a Santiago don Manuel de Mendoza «claro por su sangre y esclarecido en virtudes», que, bien recibido en un principio por Meneses, tan disgustado hubo de manifestarse pronto con él, que le depuso del oficio.

«Cargaba profundamente la imaginación en sus agravios y en el estado lastimoso del reino, cosas que le fatigaban incesantemente el discurso. Solicitó bajar a la ciudad de Santiago a ver al Meneses y alcanzó licencia para ello, en que consistió su fatalidad. Allí pretendió reducir al Meneses al conocimiento de sus agravios; pero reconociendo desesperado el achaque, cargó más fuertemente el discurso en sus injurias; retirose a un hospital por pobre o por enfermo. En él se reconoció se le iban depravando los humores con un juicio estólido, sólo capaz de aquellas impresiones que le alteraban fácilmente. Conviértese en furor la paciencia muchas veces ofendida. Acaeció entrar el Meneses en el hospital con ocasión de visitar al prior o con otro pretexto que se ignora, y volviendo a salir acompañado de los frailes y criados, concurrió también el veedor en el acompañamiento, que, revestido de aquel furor que le alteraba los sentidos, sacó la espada y dio dos heridas al Meneses, aunque ligeras; pero le derribó en el suelo; teniéndole todos por muerto acudían a levantarle.

»Reconocidas, pues, las heridas del Meneses y que no eran peligrosas, se trató de buscar al delincuente, que también había quedado herido y se había ocultado en un vil aposentillo del mismo hospital. Un criado del veedor general, honrado vizcaíno, salió al ruido de la pendencia, sin armas ni prevención, por no haber tenido anticipada noticia del caso; a éste le hicieron allí pedazos los criados del Meneses y su ayudante, y muerto le sacaron a azotar por las calles y sucesivamente le colgaron en una horca. Sacaron al veedor del aposento donde se había escondido y ocultado, lleváronle a la posada del preboste, asegurándole con fuertes prisiones. Temió el Meneses solevación y trató de asegurarse, persuadido de que había multiplicidad de cómplices en tamaño delito. Hizo publicar bando para que todos los vecinos y gente acudiese a su casa, pena de la vida y traidores al rey; no se ejecutó temiendo mayor daño. Sospechaba el Meneses en todos, sin tener satisfacción de ninguno.

»Preso el veedor general en la casa del preboste, clamaba por la Inquisición, manifestando que tenía que informar a sus ministros. Ocurrió el comisario de este venerable Tribunal, pidiendo por auto la persona del reo y que se restituyese a la cárcel pública, que nombraba por cárcel de Inquisición; pero el Meneses, furioso e iracundo, convocó la milicia con bando que todos se quitasen las capas y tomasen armas. Así armado y con estrépito indecible, se entró en las casas del Obispo, a quien pretendía hacer cómplice en el delito del veedor. Convocó allí la Audiencia y muchos religiosos graves y doctos, en cuyo congreso fue muy peligrosa la conferencia. En ella pretendió el Meneses no sólo complicar al Obispo sino a la misma Audiencia, reconviniendo al mismo Obispo con que le había dicho haberle consultado los oidores pidiéndole parecer si podían matar al Gobernador tirano, sin incurrir en pecado. Pero el Obispo, extrañamente ofendido, le dijo que se engañaba gravemente el Gobernador, aseverando a todos los del congreso no había pasado tal cosa. Interpusiéronse otras palabras de grave empeño, y el Meneses pasó con los oidores a la sala de la Audiencia. Allí con fieras amenazas les pretendió reducir a que desterrasen al Obispo y comisario de la Inquisición, en que los oidores se mostraron enteros.

»Viendo, pues, el Meneses desesperada la materia, mandó dar rigurosos tormentos al veedor para que descubriese cómplices. Ejecutolos don Tomás Calderón, excediendo gravemente de lo que dispone la ley. Poco aprovecharon estos martirios en el ánimo invencible deste ministro que, constante en la verdad, dijo que ninguna persona del mundo le había estimulado y que con ninguna había consultado el intento sino consigo mismo, teniendo por cierto no mataba al gobernador de Chile sino a un tirano enemigo del Rey y de la Iglesia. Todo esto se ejecutó en la prisión de la casa del preboste general, y el Meneses mandó llevasen al reo a la cárcel pública, rodeado de armas, cajas y trompetas, con un vestido de loco, gabán colorado y amarillo, birrete de lo mismo, rapada barba y cabello, en una mula pon enjalma, tan exhausto y desangrado que algunas personas piadosas le iban sirviendo de Cirineos en la pasión de aquel martirio. Seguíanle innumerable pueblo, llevado de tan lastimoso espectáculo, todos llenos de lágrimas y suspiros de dolor, aumentando el común odio contra el Meneses, tan irritado en sus venganzas que hasta la piedad del pueblo le ofendía. En este afrentoso trance, afirmaba el mismo veedor general, se halló tan confortado y alegre como si le sacaran en un triunfo honorífico. Era hombre esclarecido en virtudes, y sobre todas brillaba en este sujeto la de la castidad. Por ellas le esforzaba el cielo para el martirio que se le prevenía, y si antes de ejecutar el delito se reconoció en él había delirado en el juicio, después se le restituyó Dios tan entero que causaba admiración a todos los que le hablaban, singularmente a su confesor.

»Ocurrió, pues, el comisario del Santo Oficio a oírle, pero no le consintieron obrar los ministros de guerra que tenía allí el Meneses, diciendo era orden suya no pasase el comisario a ninguna diligencia sin la asistencia de los ministros de justicia. Ofendido el Comisario grandemente desta repulsa, hizo notificar auto al Meneses para que llevase el preso a la casa del alguacil mayor del Santo Oficio, asegurando la persona, de cuya exhortación hizo el Meneses poco caso.

»Hallábase preso en la cárcel un sobrino del mismo veedor, que de temor de los tormentos que ya estaban para ejecutarse en él, declaró muchas falsedades, y entre ellas cómplice en el delito al doctor don Gaspar de Cuba. Carearon al sobrino con el tío. Este, inflexible contra aquel, exclamó diciendo era hombre infame, indigno de su sangre, afirmando era falso todo lo que decía y que ninguna persona había tenido noticia ni parte en el suceso; que el oidor don Gaspar de Cuba estaba inocente de la calumnia; que jamás comunicó con él la materia, porque sabía el peligro que corría en participársela, siendo ministro tan recto y cristiano que con severidad inexorable se había de apartar del intento.

»No dilato un punto más el Meneses la muerte del veedor. Estaba la ciudad con esperanza de que no se le quitaría la vida, pareciendo verosímil que habiéndole sacado en hábito de loco era castigo proporcionado según la disposición de las leyes. Presentose el Meneses sin dilación en la plaza, asistido de aquellos ministros de su genio, don Tomás Calderón, corregidor, don Melchor de Cárdenas, sargento mayor, don Pedro de Ugalde, alcalde ordinario, y el auditor don Álvaro Núñez. Guarneciéronse las calles y puertas de la cárcel con escuadras de gente armada, cuerdas caladas y balas en boca. Con esta disposición se entraron en la cárcel. La iglesia comenzó sus clamores de campanas. El Obispo con excomuniones, que no se ejecutara la pena de muerte sin administrarle al reo los sacramentos de la Iglesia. El comisario de la Inquisición se esforzaba en pedirle; pero aprovechaban poco estos remedios a un enfermo incorregible que no temía a Dios ni a la Iglesia. Ejecutose al fin la muerte con tan extrañas crueldades que embaraza el dolor a referirlos la pluma. Diéronle garrote arrimado a un palo mal dispuesto para abreviar el sacrificio, y viendo que no acababa de morir, le dispararon con una carabina en la cabeza. Reparose que aún con esta diligencia tenía todavía espíritu, y el mismo Meneses, impaciente de la dilación, le dio con un cuchillo muchas heridas. Así le sacaron medio vestido en una manta a la plaza en hombros de cuatro indios infieles de la guerra que se hallaban allí prisioneros. Arrimáronle a un palo de la misma plaza. Reconoció una persona piadosa que aún no había despedido el último aliento y que permanecía con vida después de tantos géneros de muertes; echole un cordel a la garganta que en fuerza de su piedad le despeñó de aquellas congojas.

»Fijose excomunión contra el Meneses y sus ministros. Clamaban las campanas entredicho; pero ellos paseaban la plaza sin temor de la Iglesia.

»Enterraron al ya difunto veedor los religiosos de San Agustín en su misma bóveda, de donde le sacaron al tercer día a diligencias del Eclesiástico».

Conviene completar esta relación con dos circunstancias que servirán para mejor inteligencia de los hechos que se sucedieron entre el comisario del Santo Oficio y la Audiencia.

Cuando Meneses convocó por primera vez a los oidores para tratar del auto en que el comisario pedía que el veedor fuese trasladado a la cárcel, a fin de que no faltase ninguno, hizo sacar de su casa, de donde por enfermo no salía hacía tres días, a don Gaspar de Cuba y Arce y que lo condujesen a la sala en una silla de manos. «Y habiéndose conferido en el acuerdo secreto, dice uno que se hallo presente, lo propuesto por el señor don Francisco de Meneses, en orden al auto proveído por dicho señor comisario, mandó el dicho señor don Francisco de Meneses a don Miguel de Silva, alguacil mayor desta corte, que llamase al dicho [612] señor comisario, suponiendo que la Audiencia lo llamaba; y habiendo llegado dicho señor comisario a la casa de la Audiencia, dijo el dicho señor don Gaspar de Cuba que tenía inconveniente que el dicho señor comisario fuese llamado y hubiese de entrar a la sala del acuerdo y con esto el dicho señor don Gaspar salió de la sala del acuerdo y vino adonde estaba el dicho señor comisario y le dijo que había hecho muy bien de no entrar al acuerdo y que no sabía qué se habían de hacer con el señor Presidente, que insistía en que el señor comisario manifestase su título; a que el dicho señor comisario le respondió que no había tenido ánimo de entrar a la sala del acuerdo, que hasta allí había llegado por ver si podía sosegar al señor Presidente y advertirle lo mal que hacía en oponerse a la jurisdicción y fueros del Santo Oficio y causar tanta inquietud y alborotos en la ciudad, y que no tenía necesidad de manifestar su título. Y el dicho señor don Gaspar, añade el que cuenta esta escena, le respondió que hacía muy bien; y con esto volvió el dicho señor don Gaspar a la sala del acuerdo, y el dicho señor Comisario se fue para la plaza...».

No faltó testigo que, culpando a Meneses, dijese que no sólo había atentado de la manera que queda dicha contra los fueros de la Inquisición, sino que aseverase también que cuando el alguacil del Santo Tribunal se presentó a última hora en la cárcel, Meneses, alzando un bastón, enderezó hacia él tan pronto como le divisó, induciendo al atemorizado corchete a que más que de prisa tomase el camino de la Catedral, donde le estaba aguardando el comisario.

Hubo, sin embargo, alguien y que parecía saberlo de buena tinta, que asegurase de una manera categórica que Meneses no se opuso a que el comisario tomase en la cárcel su declaración al reo, a lo que aquél se había negado de una manera terminante.Hubo otros que dejaron ver la sospecha de que Ramírez de León se manifestaba tan empeñado en todas aquellas diligencias, porque de lo que en realidad se trataba no era de [613] recibir al veedor su testimonio, sino simplemente escaparlo de poder del enfurecido Gobernador y por consiguiente de la muerte...

Y ¡cosa singular! cuando cualquiera hubiera dicho que las iras del Santo Oficio habían de descargarse contra el gobernador de Chile, ni el Consejo de Indias, ni el de Inquisición, ni la Reina Gobernadora se acordaron de él para nada, haciendo recaer el castigo sólo sobre los oidores. El más culpado de todos ellos, según se decía, don Juan de la Peña Salazar, exclamaba con razón que ni de hecho ni en su pensamiento siquiera había intentado jamás cosa alguna contra el Santo Oficio, y que, así, no podía menos de «tener por castigo de sus pecados la nota de haber contravenido a sus fueros, siendo, por el contrario, su ánimo perder la vida por cualquiera causa que le toque, y protestando, como protestaba delante de Dios nuestro Señor, de defender sus fueros y derechos».

Pero veamos la resolución del Soberano. Con fecha 10 de diciembre de 1676, decía la Reina lo siguiente al Virrey del Perú, Conde de Lemos.

«Por el Supremo Consejo de la Santa y General Inquisición, se me dio cuenta de lo que escribió por aquella vía el Tribunal del Santo Oficio de esa ciudad cerca de lo que pasó en la de Santiago de Chile con el comisario de la Inquisición que reside en aquella ciudad, cuando fue a tomar a la cárcel de ella cierta declaración al veedor general don Manuel de Mendoza, que estaba preso por una causa criminal que le había fulminado don Francisco de Meneses, gobernador y capitán general de aquel reino, y los medios de que usaron los oidores de la Audiencia de él para embarazárselo, y habiéndolo remitido al Consejo de las Indias y vístose en él con lo que vos escribisteis en carta de 27 de mayo de 669, dando cuenta de este suceso, y otra de los oidores de 4 de agosto del año antecedente, y consultándoseme, he resuelto que respecto de ser esta jurisdicción espiritual y eclesiástica, se envíe orden por el de Inquisición a los inquisidores de ese reino para que procedan en esta causa contra los culpados, conforme a derecho, pero sólo contra algunos de los oidores de la dicha Audiencia de Chile, de modo que quede reservado el número necesario para la administración de justicia y gobierno; y que a don Juan de la Peña Salazar, que es el más culpado, pareciendo en esa ciudad a pedir personalmente la absolución, y a los demás pidiéndola en Chile ante el comisario, y ofreciendo no impedir el ejercicio del Santo Oficio, ni el que se reciban semejantes declaraciones a presos en las cárceles reales, se les dé en la buena forma y con la decencia que se debe a ministros de su grado; en cuya conformidad os mando deis a los inquisidores del Tribunal de esa dicha ciudad el auxilio necesario para la ejecución de todo lo referido; y de lo que en esta razón hiciéredes me daréis cuenta».

Tal fue el resultado de este incidente que, como se ve, puso muy en alto el prestigio y autoridad de los ministros del Tribunal del Santo Oficio en Chile.

Con ocasión de las frecuentes competencias de jurisdicción que en Lima y en otras partes de América se venían suscitando entre los inquisidores y las justicias reales, el Soberano hizo despachar una cédula en 22 de junio de 1701, reiterando a la Audiencia la necesidad de que en cualquier conflicto se ajustase estrictamente a lo que de tanto tiempo atrás estaba ordenado a ese respecto por lo que se llamó la concordia de 22 de mayo de 1610, incorporada, como se sabe, en la recopilación de las leyes de Indias.

Aprovecháronse los oidores de Chile de aquella orden para significar al Rey, que, en contravención de lo pactado, la Inquisición de Lima mantenía en Santiago, desde hacía mucho tiempo, [615] el cargo de alguacil mayor, servido en ese entonces maestre de campo don José Serrano; instando desde luego porque se suprimiese el referido oficio. Y aunque en esta inteligencia el fiscal del Consejo de Indias, a fin de evitar competencias con las justicias reales, por su parte fue también de la misma opinión», el Tribunal se negó de la manera más terminante a que Serrano fuese separado del cargo.

No anduvo con igual fortuna el jesuita penquista Juan Mauro Frontaura, misionero que había sido en Concepción, superior de la casa de residencia que la Compañía mantenía en Valdivia y comisario del Santo Oficio en ella. Vivía también allí, por esos días, un militar llamado don José de Castro, casado con una señora bastante guapa, cuyo trato buscaba con frecuencia inusitada el jesuita que, a fuer de hombre de buen gusto, no escaseaba sus visitas a casa del capitán. Pero éste que era un tanto celoso, un día que encontró allí al Comisario, se le subió la mostaza, y sin decir agua va, le enderezó al visitante «algunas palabras descompuestas»; y no contento con esto y en posesión de mejores datos, luego comenzó a hacer circular por el pueblo voces de que el amartelado comisario se hallaba en tratos amorosos con cierta dama a quien su mujer servía de intermediaria.

Pero Frontaura que no era hombre de soportar estas cosas, un buen día, apellidando la voz del Santo Oficio, hizo meter en un castillo a Castro y su mujer, remachándole a aquél, por añadidura, un grueso par de grillos. Quejáronse los ofendidos a don Juan Velásquez de Covarrubias, gobernador de la plaza, quien, por ser aquello cosa del Santo Oficio, no se atrevió a dar paso alguno; y hubo de partir de allí Frontaura y pasar más de dos años sin que los presos pudieran salir en libertad.

Al fin quejáronse a Lima los ofendidos, y, con vista de las informaciones, mandaron los inquisidores que Frontaura se presentase allí, dándole por cárcel el Colegio de San Pablo, en 13 de febrero de 1718; y habiendo constado que no había hecho información alguna contra Castro y su mujer, y que, así, su proceder fue atentatorio, en 20 de diciembre de aquél año salió condenado en que se le leyese su sentencia en presencia de los ministros y seis sujetos de su religión, con méritos, y declarado por inhábil de tener oficio público del Santo Oficio, desterrado por cinco años de Valdivia, Lima y corte de Su Majestad a uno de los colegios de su provincia (Coquimbo) guardando en él reclusión, y suspensión ab oficio sacerdotalis durante los dos primeros.

Poco más tarde el deán de la Catedral de Concepción y comisario de cruzada don Domingo Sarmiento formaba, por su parte, un proceso a otro jesuita, Juan de Puga, por haber inducido al pueblo, según se decía, «a que no sacasen bula, porque no servían las gracias en ella concedidas a los fieles por ser pasadas de otras predicaciones, y que por su opinión se habían entibiado los moradores de la ciudad».

Para combatir las opiniones del Deán, el provincial de la orden, Sancho Granado, recibió declaración a Puga, y junto con ella envió a Lima otras diligencias, logrando que el Tribunal le absolviese en 8 de enero de 1726.

En el proceso de residencia que se siguió al gobernador de Valdivia don Joaquín de Espinosa Dávalos en aquella ciudad por el juez don Miguel Pérez Cavero se le hizo cargo por ciertas expresiones de blasfemia, herejía o ateísmo. El comisario del Tribunal, doctor don José Ignacio de Rocha, sabedor de estos hechos, le dirigió oficio pidiéndole el respectivo expediente para conocer en él como de su exclusiva competencia, conminándole con multa de mil pesos y excomunión; y ya que Pérez Cavero se resistiese a la entrega del proceso, el comisario le declaró incurso en la multa y excomunión.

Habiendo enviado los antecedentes a la Real Audiencia de Santiago, ésta los pasó al juez Pérez, cuyo fiscal opinó porque se oficiase al Tribunal a fin de que alzase las censuras; pero, como era de esperarlo, la Inquisición sostuvo con buenas razones que el comisario había estado en su derecho y que, por su parte, no podía admitir ni condescender con semejante petición.

La Inquisición, olvidando poco a poco la terquedad que durante tanto tiempo manifestara en sus relaciones con las autoridades civiles, desde el Virrey abajo, había ido lentamente modificando su norma de conducta, hasta el extremo de que en la última época de su existencia se mostraba, no sólo asequible y deferente, pero hasta humilde. Sin hacer mención sino de los casos pertenecientes a Chile, vemos, en efecto, que con fecha 13 de julio de 1797, el inquisidor Abarca se dirigía al Virrey O'Higgins noticiándole que, procediendo en el Santo Oficio contra Francisco Arenas, cadete del regimiento fijo de Lima, que se hallaba de ayudante interino de las tropas de San Carlos de Chiloé, y que temeroso de que se suscitase alguna competencia entre el comisario del Santo Oficio de aquella ciudad con el jefe militar, le pedía que ordenase que en el primer navío lo embarcase el Gobernador de aquel puerto, con prevención de que no se le permitiese saltar a tierra cuando arribase al Callao.

O'Higgins aceptó esta indicación, y hubo de merecer por ello que el Tribunal le diese las gracias; pudiendo así anunciarle aquél en 20 de enero de 1798 que Arenas acababa de llegar al Callao en la fragata Rosalía, y en efecto, ese mismo día a prima noche Arenas era conducido preso a las cárceles de la Inquisición.

Otra incidencia demostrativa de la armonía y deferencia que el Tribunal deseaba conservar hacia el jefe del Estado, es la siguiente:

A fines de enero del año de 1799, el Virrey ofició al Tribunal manifestándole su extrañeza de que un fray José Rodríguez se dirigiese a él pidiéndole que ordenase se presentase a declarar ante el Santo Oficio el maestre de campo de ejército de Chile don Salvador Cabrito, siendo que semejante intermediación entre su persona y el Tribunal no tenía razón de ser, y era ilegal e indecorosa.

Abarca y Ruiz Sobrino dieron con este motivo todo género de explicaciones al Virrey. «Si por algún título, concluían, puede sernos plausible el contexto del oficio de vuestra excelencia es porque nos pone en ocasión de manifestarle nuestra gratitud, condescendiendo gustosos con su insinuación; en cuya consecuencia se ha ordenado al comisario el que en ningún caso dirija a ese Supremo Gobierno oficio alguno».

Después de esto, como era natural, O'Higgins no pudo menos de responder que de esa manera quedaba todo terminado y él con buena disposición «para cuanto fuese del interés de ese Santo Tribunal», impartiendo desde luego la orden para que Cabrito se presentase a prestar su declaración ante el Comisario.

Para llegar a este estado, es preciso no olvidarlo, por cuántos sinsabores habían pasado los ministros reales, cuántas batallas habían necesitado librar!

A pesar de esta visible decadencia que venía pronunciándose ya desde tiempo atrás, se persistía aún en Chile en ambicionar los puestos del Santo Oficio como un título de honra, cuando ya no de exención de las cargas y jurisdicción comunes que durante tanto tiempo los había caracterizado. Así vemos que hallándose en Madrid en 1710 el padre jesuita Antonio Covarrubias, como procurador general del reino, suplicaba se sirviese el Consejo dar la nominación de calificadores del Tribunal de Lima a las personas siguientes:

Al padre Claudio Cruzat, de la Compañía, de cuarenta y un años de edad, «maestro que ha sido de teología en la Universidad de Santiago y al presente bachiller del Colegio de la Concepción».

Al padre Alonso de Rojas, de cuarenta y tres años de edad, «maestro que ha sido de teología en dicha Universidad y al presente bachiller del Colegio de San Javier».

Al padre José de Irarrázaval y Andía, de treinta y cinco años de edad, «maestro actual de teología en dicha Universidad».

Al padre Diego Roco Caravajal, de cuarenta años de edad, «teólogo predicador, rector del Colegio de Buena Esperanza y superior de todas las misiones de indios; todos naturales de Chile y de la primera nobleza de aquel reino»; y que por el conocimiento que el suplicante tiene de otros sujetos, suplica a vuestra excelencia la misma gracia para los dos sujetos siguientes:

«Reverendo padre maestro Fray Miguel de Covarrubias, del orden de predicadores, maestro de su religión, predicador general, prior cuatro veces de varios conventos, de cuarenta años de edad. El doctor don Christóbal de Oliveras, de cuarenta años de edad, cura y vicario de la ciudad de Serena, visitador general del Obispado de Chile. En cuyas nóminas, concluía, así el suplicante como toda su religión recibirá merced de la grandeza de vuestra excelencia.

Aquellas no se obtenían sin embargo, sin pagarlas y a veces bien caras, como lo hemos visto cuando uno de los mismos consultores del Santo Tribunal y a la vez oidor de la Audiencia de Santiago denunciaba al Rey, no sin cierta vergüenza, que al paso que los cargos reales sólo se vendían por una suma relativamente insignificante, los de Inquisición alcanzaban un precio fabuloso. Ya no se veía a los vecinos de Santiago cometer semejantes locuras; sus oblaciones pecuniarias eran más modestas, por lo mismo que los puestos inquisitoriales estaban revestidos de menos prestigio e inmunidades. Con todo eso, como podrá notarse de la enumeración siguiente, no eran, relativamente hablando, insignificantes las entradas que el Tribunal se proporcionaba por la venta de sus títulos.

Vemos, por ejemplo, que en los años de 1707, el famoso jesuita y teólogo Miguel de Viñas para su pretensión de calificador entregaba trescientos pesos; el capitán don José Serrano, el mismo cuyo cargo pedía la Audiencia que se suprimiese, para familiar y notario en Santiago, otros tantos; el licenciado don Antonio del Valle, para comisario en la Serena, doscientos cincuenta; el licenciado Pedro Gómez Maldonado para persona honesta y notario en Concepción, doscientos; el jesuita Antonio Velásquez de Covarrubias para calificador en Chile, trescientos pesos; y, finalmente, don Pedro Arenal Celis para familiar en Santiago, otros tantos.

Sin salir, pues, de un solo año y de los pretendientes cuyos nombres hemos podido descubrir, los oficios que el Santo Oficio había vendido en Chile le rentaron mil seiscientos cincuenta pesos de buen oro. En el de 1722 el dominico Fray Vicente de Prado entregaba porque se le nombrase calificador, cuatrocientos pesos; el capitán Francisco Antonio de San Paul, y don Mateo Baraja Caamaño, vecinos de Santiago, para ser familiares, respectivamente, doscientos y trescientos cincuenta; otros tantos el doctor don Domingo Sarmiento, deán de la Catedral de Concepción, para ser comisario; y, en fin, el mercedario Fray Juan de Axpee, sólo por ser honesta persona, doscientos cincuenta.

Con el tiempo y el progreso que lentamente se iba operando en la marcha de las ideas, el empeño por obtener los puestos del Santo Oficio fuese disminuyendo considerablemente en este país, y apenas si en sus anales hemos podido rastrear una que otra muestra del antiguo acatamiento que le tributaban los colonos. Así, cuando el obispo de Concepción don Francisco Ángel de Espiñeira llegaba al Callao para asistir al concilio provincial que debía celebrarse en Lima, desde la cubierta del navío «El Peruano» se dirigía al Tribunal, participándole su llegada, «con deseo de recibir sus órdenes, en cuyo puntual cumplimiento pueda demostrar, expresaba, mi sincera voluntad y verdadero afecto».

No faltaba tampoco alguna solicitud, especialmente de eclesiásticos, o de algún envanecido magnate que desease agregar a sus títulos el de ser miembro de la Inquisición. Así, el doctor don Francisco de Arechabala y Olavarría, cura rector de la Catedral de Concepción, presentaba al Consejo, en 1772, para ser admitido como comisario en aquella ciudad una larga certificación de sus servicios. En 1774 don Domingo Díaz Muñoz, haciendo presente «el insaciable deseo que le asistía de servir a la Santa Inquisición con la pureza posible y celo cristiano», obtenía que se le excusase de parecer en Lima a jurar el buen desempeño del cargo de familiar que se le había concedido; en 1778, fray Tomás Donoso Pajuelo, lector de artes y de teología en su convento de San Agustín de Santiago, solicitaba «caracterizar su persona con los empleos de calificador del Santo Tribunal» en esta ciudad. Igual solicitud interponía en 1795 el dominicano fray Domingo Barrera; y, por fin, en el año siguiente, don Juan Pablo, Fretes, futuro canónigo de la Catedral de Santiago, hallándose en la corte presentado para la dignidad de chantre de Charcas y para los arcedianatos de Buenos Aires y Lima, instaba nada menos que por una plaza de inquisidor en Lima.

 

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