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Historia del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición en Chile

  José Toribio Medina

Capítulo VIII de la Primera Parte

Capítulo VIII de la Primera Parte

Modo de proceder del santo oficio

Modo de proceder del Santo. Oficio. Formación de causa. De los testigos. De los reos. Del tormento. Forma de acordar las sentencias. Intervención del ordinario. Lo que cuenta el obispo Villarroel sobre esta materia. Poder del Cabildo eclesiástico de Santiago a los inquisidores (nota). De la abjuración. Relajación al brazo secular. El auto de fe. Sambenitos. Prohibición de usar seda y montar a caballo. Cárcel perpetua. Pena de galeras. Confiscación de bienes. Delitos de que conocía el Santo Oficio.

Es tiempo, pues, de que para la mejor inteligencia de los negocios de la Inquisición demos aquí alguna ligera idea de las materias sujetas a su conocimiento, de su modo de proceder, de las penas y de las ceremonias anexas a los juicios; reservándonos para en los capítulos siguientes completar estos preliminares con las observaciones que su aplicación en el Tribunal cuya historia en Chile compaginamos nos sugiera.

El método más común de iniciar un proceso en el Santo Oficio era la delación, que se hacía, ya por escrito, ya por declaración verbal, procediendo desde ese momento los jueces de oficio, sin parte contraria. A pesar de que el denuncio no tuviese viso alguno de verdad, no por eso debía sobreseerse desde luego definitivamente, pues, según sus doctrinas, lo que no se descubría en un día, podía aparecer en otro. Todo el mundo estaba obligado a delatar, no obstante promesa o juramento, y el denunciado, igualmente, tenía obligación de dar parte al Tribunal de cuantos documentos podían servir al fiscal para fundar acusación en contra suya.

Era válido el testimonio de los excomulgados, cómplices del acusado, infieles, judíos, infames y reos de un delito cualquiera, y hasta el de los herejes, bien que éstos servían contra ellos y nunca en su favor.

Se admitía, asimismo, la declaración del testigo falso, de suerte que si retractaba una primera declaración favorable al acusado, los jueces se atenían a la segunda; y también la de sus padres, hijos, mujer y criados, pero nunca en su abono.

Así como el testigo juraba guardar secreto, así también el reo debía siempre ignorar el nombre de sus acusadores, y a fin de que no pudiese siquiera sospecharlo, al darle traslado de la acusación, se invertía el orden en que aparecían declarando en el proceso, o se atribuía a uno la declaración de otro. «Se advierte, decía a este respecto y con ocasión de la causa de fray Pedro Gasco, el visitador Ruiz de Prado, el cuidado que ha de haber en sacar las publicaciones, especialmente en negocios de complicidad, para que el reo no pueda, por ninguna vía, atinar con el testigo».

Se acostumbraba castigar en auto público a los testigos falsos designándose como tales aquellos que negaban los cargos que otros habían formulado contra el reo.

En pareciendo el acusado ante sus jueces, era su primer deber jurar decir verdad en todo lo que se le preguntase, aunque fuese en contra suya; se le interrogaba a continuación por su patria, padres, lugar de su residencia, si era cristiano nuevo, su ocupación, si había o no estudiado, y, por fin, se le hacía recitar el discurso de su vida. Rezaba, en seguida, las oraciones del Padre Nuestro, Credo, etc., y si no las sabía o se equivocaba, se establecía desde luego en contra suya un indicio gravísimo de su falta de cristiandad. Preguntado si sabía o presumía la causa de su prisión, como negase, era de estilo decirle que el Santo Oficio nunca acostumbraba prender a nadie sin justa causa.

Cuando el reo negaba, el Inquisidor tenía a su disposición muchos arbitrios para obtener la confesión que deseaba, ya manifestándole que de las deposiciones de los testigos aparecía su delito (aunque el hecho fuese falso), ya poniendo en la prisión encargados de aconsejarle que confesase, que el Tribunal le perdonaría; ya quien fingiese acusado también de lo mismo, teniendo entonces cuidado de ocultar dos testigos que oyesen las confidencias del incauto.

La confesión del delincuente, hacía plena prueba contra él, y en tal caso no se le nombraba abogado, siempre, por lo demás, señalado por el Tribunal, a no ser que el acusado por acaso se fijase en alguno que constase ser enemigo o pariente suyo, el cual, sin embargo, no podía comunicarse con su defendido sino en presencia de los jueces.

La única causal de recusación admisible contra el testigo era la enemistad capital, y ni aún ésta (a que no se daba lugar sin grandes precauciones) cuando constaba que el reo había armado querella al testigo en el temor de que pudiese acusarlo. Para que se admitiera contra el juez, debía ser gravísima, siendo inútil advertir que esta salvedad no dejaba de ser nunca ilusoria en la práctica.

El denuncio de sí propio, que se estimaba como causa atenuante, nunca eximía de pena, y aún carecía de valor a favor del que lo hacía cuando podía presumirse que se había verificado ante la expectativa de que algún testigo se anticipase a delatarlo.

Si el acusado se manifestaba negativo, la causa se recibía a prueba, procediéndose a la ratificación de los testigos, sin carearse jamás, por más discrepantes que pareciesen sus dichos.

A la ratificación se seguía la publicación, reducida a que el reo supiese en extracto lo que los testigos deponían contra él, ocultándole sus nombres, el sitio y ocasión en que se decía perpetrado el delito, y todas aquellas circunstancias por donde pudiera venir en cuenta de quiénes eran sus acusadores.

Podía responderse por escrito a la acusación fiscal, pero en tal caso se entregaba al reo el papel contado, a fin de que hubiera la certidumbre de que no salía recado alguno suyo fuera de las cárceles. Podía también presentar testigos en su abono, sin tener nunca noticia de sus deposiciones, y si por cualquiera circunstancia le eran desfavorables, se podían hacer valer como buenas.

El término que se asignaba para responder a los cargos debía ser muy corto, y evacuada la prueba, no podía alegar nuevos descargos en su abono, aunque siempre quedaba al fiscal expedita la puerta para nuevas acusaciones.

Para apremiar al reo a la confesión de su delito, disponían los inquisidores del tormento, que podían aplicar aunque mediase el denuncio de un solo testigo, acompañado de algunos indicios vehementes. La sentencia que condenaba a la tortura debía ejecutarse a presencia del ordinario, y, al menos, de uno de los jueces, el cual, con todo, podía excusarse por enfermedad u otro impedimento, aunque en el año de 1640 se ordenó a los ministros de Lima que no podían usar de esta excepción.

En el Perú los verdugos fueron de ordinario legos de Santo Domingo.

Los preliminares de la diligencia de tortura se reducían a amonestar al paciente, a medida que se le iba desnudando, para que dijese la verdad. Los instrumentos que consta se usasen en el Tribunal cuya historia hacemos, fueron el potro, las vueltas de mancuerda, la garrucha y el agua, que se echaba por la boca los reos, teniéndolos tendidos para arriba. No contamos la mordaza ni los grillos, porque éstos de ordinario los cargaban los acusados en su viaje a la capital cuando eran aprehendidos en otra parte, y en las cárceles no se les solían quitar ni para dormir. El tormento se aplicaba in caput proprium o in caput alienum. Acontecía lo primero, como lo denota su título, por hechos tocantes al delincuente; el segundo tenía lugar casi siempre cuando después de condenado éste, se pretendía que declarase sus cómplices. Otras veces se aplicaba por la intención, esto es, cuando se quería dejar constancia de la que el reo había tenido en mira al cometer su delito.

Si después de todos los trámites, no llegaban a acumularse pruebas que se estimasen suficientes, el detenido era absuelto, pero nunca declarado inocente, a fin de que jamás pudiera alegar, si llegaba el caso de formarle nuevo proceso, la absolución que hubiera obtenido. Si el acusado moría en la prisión, lo que no era raro, pendiente su causa, se le enterraba secretamente, y si al fin era absuelto, en el auto de fe se sacaba su estatua, se leía su declaración de inocencia, y se mandaba dar noticia a los parientes del sitio en que yacía el cadáver para que se le diese sepultura conveniente. Pero, si por el contrario, resultaba culpable, sus huesos eran exhumados y quemados.

Si el procesado parecía levemente sospechoso en la fe, debía abjurar de levi, y en caso de sospecha grave, de vehementi, según la fórmula siguiente:

«Yo fulano, vecino de [...] que aquí estoy presente ante vuestras mercedes, como inquisidores que son contra la herética pravedad y apostasía en esta ciudad, su partido, por autoridad apostólica y ordinaria, puesta ante mí esta señal de la cruz y los Sacrosantos Evangelios, que con mis manos corporalmente toco, reconociendo la verdadera católica y apostólica fe, abjuro, detesto y anatematizo toda especie de herejía que se levante contra la santa fe católica y ley evangélica de Nuestro Redentor y Salvador Jesucristo, contra la Santa Sede católica y Iglesia Romana, especialmente aquella de que yo ante vuestras mercedes he sido acusado, y estoy vehemente sospechoso, y juro y prometo de tener y guardar siempre aquella santa fe, que tiene, guarda y enseña la Santa Madre Iglesia Católica Romana, y que seré siempre obediente a nuestro señor el Papa y a sus sucesores que canónicamente sucedieren en la Santa Silla Apostólica, y a sus determinaciones. Y confieso que todos aquellos que contra esta santa fe católica vinieren son dignos de condenación; y prometo de nunca me juntar con ellos, y que cuanto en mí fuese los perseguiré, y las herejías que dellos supiere las revelaré y notificaré a cualquier Inquisidor de la herética pravedad y prelado de la Santa Madre Iglesia, dondequier que me hallare. Y juro y prometo que recebiré humildemente y con paciencia la penitencia que me ha sido y fuere impuesta, con todas mis fuerzas y poder, y la cumpliré en todo y por todo, sin ir ni venir contra ello, ni contra cosa alguna, ni parte dello. Y quiero y consiento y me place que si yo en algún tiempo (lo que Dios no quiera) fuese o viniese contra las cosas susodichas, o contra cualquier cosa o parte dellas, sea habido y tenido por relapso. Y me someto a la corrección y severidad de los sacros cánones, para que en mí, como persona que abjura de vehementi, sean ejecutadas las censuras y penas en ellas contenidas. Y consiento que aquellas me sean dadas y las haya de sufrir cuandoquier que en algo se me probase haber quebrantado lo susodicho por mí abjurado».

Esta ceremonia tenía lugar, de ordinario, en la capilla del Tribunal, delante de mucha gente, leyéndose previamente en voz alta el credo y otros artículos de la fe, estando el penitente, mientras se celebraba la misa mayor, en cuerpo, con una vela encendida en las manos, y si era clérigo, sin bonete y sin cinto. El reo en tales casos era, además, condenado en cárcel por cierto tiempo.

Constituían los indicios de sospechas en la fe, tratándose del judaísmo, ponerse camisa o ropa limpia en sábado, quitar la gordura a la carne que se había de comer, rezar los salmos sin Gloria Patri, etc.; del mahometismo, levantarse a comer antes de amanecer, lavarse la boca y tornarse a la cama, lavarse los brazos hasta los codos, no comer tocino ni beber vino; de otras herejías, ser brujo o hechicero, decir la buenaventura por las rayas de las manos, etc.

De meramente sospechosos en la fe, no delatar al Santo Oficio a los que tenían libros prohibidos, dar favor y ayuda a los herejes y ocultar sus personas y bienes, no acusar a los que se sabía que habían dicho o hecho algo contra la fe, persuadir a otros que no los acusasen, quitar los sambenitos de donde se hallaban colocados por la Inquisición, descubrir el secreto que fue encomendado por ésta, no denunciar al que poseyese bienes confiscados por ella, etc. También se comprendían dentro del mismo caso, en virtud de carta acordada dirigida al Tribunal en 28 de febrero de 1635, las personas que se hubiesen dejado estar excomulgadas más de un año, o menospreciado o tenido en poco las censuras de la Iglesia; a que contestaban los inquisidores diciendo: «el acuerdo es como inspirado del Espíritu Santo, de que más necesitaba este reino tan dilatado y tan coayugado de varias naciones, donde más que en otras está postrada la jurisdicción eclesiástica, y tan flaca que las censuras en ninguna manera se temen; y así se publicará por edicto decisión tan sancta para que venga a noticia de todos y se ataje con la severidad del castigo, el vilipendio y poco respeto en que están.

Poco después, sin embargo, se advirtió por el Consejo que en tales casos se procediese con gran templanza, sin llegar a poner en cárceles secretas a los denunciados.

Los comprendidos en las disposiciones anteriores abjuraban ad cautelam; pero si reincidían se les consideraba como relapsos.

Las sentencias debían acordarse con el ordinario del obispado a que pertenecía el reo; pero los inquisidores de Lima en muchísimos casos prescindieron de su concurrencia, siendo de regla, según nos lo refiere un secretario del Tribunal, Jerónimo de Eugui, en carta al Consejo de 14 de marzo de 1595, que cuando asistían se adhiriesen meramente al parecer de los demás jueces.

«Los obispos, expresa don fray Gaspar de Villarroel, no concurren con los inquisidores a juzgar las causas en sus tribunales. Nombran uno como vicario suyo, que vulgarmente llaman el ordinario, para que en su nombre y representando su jurisdicción ordinaria, haga en las dichas causas lo que de derecho le toca».

Es curioso lo que con ocasión de este nombramiento le ocurrió al mismo obispo Villarroel, según lo cuenta con su habitual donaire. «Cuando llegué a Lima, dice, estaba preso un gran judío de mi obispado, que se relajó después al brazo seglar (el prelado se refería a Maldonado de Silva, que fue quemado vivo en el auto de fe de 23 de enero de l639); y los señores inquisidores me enviaron el poder ya hecho, y un escribano ante quien había de otorgarlo. Yo, como obispo nuevo y poco experimentado, entendí que en aquél nombramiento tenía yo una cosa de grande importancia con que engrandecer un amigo; y, a la verdad, después me hallé atajado, porque para cosa que les importaba poco, era molestia aventurar el crédito; y como dice el proverbio de los muchachos, que no se puede convidar a todos con tocino, no se puede convidar a todos con oficio de ordinario, porque aunque no sé que sean necesarias probanzas de limpieza para el que el Obispo subroga, habían sucedido en Lima, sin fundamento alguno, dos negocios de grande escándalo...

«Quise nombrar por mi ordinario a un prebendado, muy grande caballero, persona de muchas letras; y sin embargo que sus hermanos todos tienen hábitos, supe que habiéndole nombrado un Obispo por su ordinario le envió a decir el Tribunal que nombrase otra persona más a propósito para aquellas causas; traje este caso a consecuencia, y asegurándome los señores de la Inquisición cuan enterados están de su mucha calidad, sin expresar que en la falta del secreto estaba comprendido, añadieron que la Santa Inquisición deseaba ordinarios que en las causas guardasen rigorosamente la observancia del sigilo que piden negocios tan arduos; con que yo me comencé a arrepentir de no haber dado el poder, y valiéndome, por no cejar, de otro estilo... hice mi nombramiento, despachando título, sobre mi firma y mi sello; y por no hacer pesar a quien deseaba hacer honor, nombré por ordinario mío, para que sustituyese mi persona, al que ya lo era de Lima, que es el señor doctor don Juan de Cabrera, tesorero de la Santa Iglesia Metropolitana..., pues mereciendo harto mejor que yo mi mitra, substituye mi persona...».

Otro obispo de Santiago, don Alonso del Pozo y Silva, sabedor, sin duda, de lo que había ocurrido a su antecesor Villarroel, en el poder que otorgó con el objeto indicado, en 28 de mayo de 1725 (que se encuentra en la hoja 166 vuelta del protocolo de Álvarez de Henestrosa), tuvo cuidado de limitarse a expresar que lo daba a los inquisidores para que lo confiriesen en su nombre «a la persona que por bien tuviesen».

Cuando el reo acusado de herejía se había mantenido negativo y se le probaba su delito, o estaba pertinaz, debía ser necesariamente  relajado, lo que en buenos términos significaba que había de morir, pues aunque en la sentencia se encargaba a los jueces seglares que se hubiesen benignamente con el reo, si no le daban cumplimiento, quedaban excomulgados y eran tratados como herejes. Las justicias ordinarias, por lo demás, estaban obligadas, en virtud de leyes reales a ejecutar las órdenes del Santo Oficio».

Una vez notificada al reo la sentencia, se encargaba a algunos religiosos que fuesen a visitarle a su prisión para persuadirle que, ya que no podía escapar de la muerte, tratase de ponerse bien con Dios. El que hasta el fin se mantenía pertinaz, era quemado vivo; pero el que daba señales de arrepentimiento, lo que frecuentemente sucedía ante la expectativa del tremendo suplicio, era primero ahorcado y a continuación quemado su cadáver. Cuando el penitente había fallecido, ya hemos dicho que se exhumaban sus huesos y se quemaban junto con su efigie.

El quemadero estaba en Lima en las vecindades de la plaza de Acho, y los reos eran entregados a la justicia ordinaria a la puerta de la iglesia de los Desamparados, inmediatamente después de pasar el puente que une los dos barrios de la ciudad.

Las ceremonias consiguientes al castigo de los delincuentes se verificaban en auto público de fe, de ordinario en la plaza mayor, donde para el intento se levantaban tablados, costeados unas veces por el Tribunal, otras por la ciudad. A la fiesta se invitaba con anticipación al Virrey, Audiencia, cabildos, Universidad, etc., y en general al pueblo por medio de pregones que se daban en los sitios más públicos, a veces con un mes de anticipación. Las autoridades y el vecindario iban a las casas del Tribunal a sacar a los inquisidores -que decían primero misa- y entre numerosa escolta y grandísimo concurso de gente, salía la procesión de los reos cada uno acompañado de dos familiares y todos revestidos de sus insignias.

Eran éstas la vela verde, la coroza o cucurucho de papel, como de una vara de alto, en que iban pintados diablos, llamas y otras figuras alusivas al delito; el sambenito o capotillo amarillo, de una o dos aspas, que se colgaba después en la Catedral y otras iglesias, en memoria del delincuente, y que éste sola llevar toda su vida como signo de afrenta; una soga al cuello, y en ocasiones la mordaza.

Una vez en los tablados, comenzábase por recibir al Virrey juramento de defender al Santo Oficio, a la Audiencia, etc., y al pueblo; se predicaba el sermón de la fe, y en seguida salían los reos a un lugar prominente a oír la lectura de sus sentencias, en cuya tarea se alternaban con el secretario del Tribunal los personajes más conspicuos. A continuación se verificaban las abjuraciones, o degradación, cuando había lugar, y, como conclusión, se llevaba a los impenitentes al quemadero. Terminada la fiesta, con frecuencia muy tarde, pues hubo auto que duró desde las seis de la mañana hasta las once de la noche, el acompañamiento regresaba a dejar a los inquisidores en el Tribunal.

Seguíanse todavía otras penas: la vergüenza pública; los azotes, de que no se escapaban las mujeres, que los recibían por las calles, desnudas de la cintura arriba, montadas en bestia de albarda y a voz de pregonero; las prohibiciones de usar seda, subir a caballo, etc..

La pena de destierro de las Indias, sumamente frecuente en el Tribunal, se hizo extensiva desde 1595, por disposición de Felipe II, renovada más tarde por su hijo, a todos los que hubiesen sido condenados y penitenciados por el Santo Oficio, mandando fuesen embarcados y que por ningún caso se quedasen en América, a no ser por el tiempo que estuviesen cumpliendo las penitencias impuestas por el Santo Oficio.

La durísima de galeras, también generalmente aplicada por el Tribunal, con la calidad de ser a remo y sin sueldo, mereció, igualmente, particular recomendación a los reyes, disponiendo que a los condenados a ellas se les recibiese en las cárceles públicas para que fuesen llevados «sin excusa ni dilación».

La primera diligencia que seguía a la prisión de los reos sospechosos era siempre el secuestro de su fortuna, que más tarde, una vez condenados, ingresaba a las arcas del Tribunal, ya en parte, si el delito era leve, en forma de multa, ya como confiscación total si se trataba de un hereje cualquiera. Cuando mucho, se devolvía en ciertos casos la dote a la mujer del condenado, que en cuanto a sus hijos, por gracia especial, podían los inquisidores tomar alguna providencia, a fin de mantenerlos.

Para encarecer más todavía de lo que mandaban las instrucciones la conveniencia de secuestrar los bienes de las personas que se prendían, el Consejo dispuso, con fecha 21 de octubre de 1635, que en siendo alguna llevada a la cárcel, se le tomase declaración sobre la hacienda que tenía, formando juntamente información sobre ella y procediendo a la vez a las demás diligencias necesarias para su averiguación, entre las cuales sabemos ya cuán buen efecto surtía la de los edictos que se leían en las iglesias y se fijaban por carteles, conminando con censuras y las penas del Santo Oficio a los que no se presentasen a denunciar los bienes de los procesados. «Cosa es que inviolablemente se observa en esta Inquisición, decían los jueces a este respecto, y en respuesta a la orden indicada, tomarles declaración de sus haciendas, luego que se prenden, porque si en alguna parte conviene, es en ésta, donde cuanto poseen estos hombres (refiriéndose especialmente a los mercaderes) es mueble, y tienen algunas raíces tan acensuadas que sólo les sirve de capa para sus engaños, porque con decir que tienen tal y tal posesión, persuaden a los miserables que contraten con ellos sus grandes riquezas y caudales, siendo todo trampa y embuste, y la hacienda la tienen siempre en confianza, esperando poner en todo caso la mejor y mayor parte della en salvo, con que son los secrestos ruidosos y de poca entidad. De estos ocultantes tenemos algunos presos en la cárcel pública, que tenazmente niegan».

En carta acordada de 22 de octubre de 1635 se mandó también que no se entregasen bienes algunos de los confiscados a los reos, aunque se presentasen escrituras, cédulas u otros recaudos de cualquiera especie, sin previa consulta al Consejo, debiendo ordenarse al juez de bienes confiscados que no ejecutase ninguna sentencia sin que primero apelase, trámites ambos que en 9 de noviembre siguiente se hicieron extensivos a las cantidades secuestradas.

Por lo restante, los herejes quedaban privados de todo oficio, beneficio o dignidad, y sus hijos, hasta la segunda generación, inhábiles para la posesión y adquisición de los mismos honores y empleos.

Finalmente, podían los inquisidores aplicar la pena de cárcel perpetua, que le correspondía de ordinario al hereje arrepentido, no relapso.

Las mazmorras habían de ser proporcionadas en su insalubridad y lobreguez a los delitos y circunstancias de los presos, procurando que no fuesen horrorosas ni enfermas «en demasía». Como podrá verse en otra parte, las enfermedades y muertes ocasionadas a los reos en las cárceles, desde los primeros días del establecimiento del Tribunal, las atribuían los jueces al carácter melancólico de la gente de Indias.

Para concluir con esta materia apuntaremos aquí que estaban sujetos al Tribunal, ademas de todos los herejes sin excepción, los blasfemos, los hechiceros y adivinos, los invocadores del demonio, los astrólogos y alquimistas, los infieles y judíos, los excomulgados, los cristianos apóstatas, etc.».

 

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