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Historia del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición en Chile

  José Toribio Medina

Capítulo VI de la Primera Parte

Capítulo VI de la Primera Parte

Los obispos inquisidores ordinarios

El Rey encarga a los obispos americanos que castiguen a los luteranos, moros o judíos. Recomendación especial hecha al prelado de Concepción sobre este punto. Proceso de Pedro Lisperguer. Ídem de Román de Vega. Ídem de Hernando de Alcántara. Ídem de Francisco Gómez de las Montañas. Acusación al arcediano de la Catedral don Francisco de Paredes. Ídem de Sebastián Cortés. Causa de doña María Montemayor. Ídem de Gabriel de Villagrán.

Dejemos, pues, en este punto el nuevo proceso que iba a iniciarse a Francisco de Aguirre y a los que junto con él y por causa suya iban a ser castigados, para continuar con la historia de los reos, que como ellos, por cosas de la fe, habían sido enjuiciados en Chile antes del establecimiento de los Tribunales del Santo Oficio.

Hemos indicado ya que los obispos como inquisidores ordinarios procedieron durante aquel tiempo en muchos casos a castigar a los reos de fe.

Acatando el Rey esta facultad con que las leyes eclesiásticas armaban a los prelados, había solido dirigirse a ellos instándoles para que procedieran al castigo de tales delincuentes. Con fecha 13 de julio de 1559, en efecto, se despachaba desde Valladolid una real cédula al arzobispo de la ciudad de los Reyes y a los demás prelados de las provincias del Perú, firmada por la infanta doña Juana, princesa de Portugal, gobernadora de España en ausencia del Rey, para que si hubiesen pasado a ellas «algunos hombre luteranos o de castas de moros o judíos los castigasen». Antes de diez años, el mismo Felipe II se dirigía al obispo de Concepción haciéndole presente que su voluntad era «que dicha cédula se guardase y cumpliese, y vos encargo y mando, repetía, que la veáis, y como si particularmente fuera dirigida y enderezada a vós, la guardéis y cumpláis, y hagáis guardar y cumplir en ese obispado, en todo y por todo, como en la dicha nuestra cédula se contiene».

Ni el obispo de Concepción ni el de Santiago, a quien, sin duda alguna, se hizo también semejante recomendación, habían tenido motivo para ejecutarla en sus respectivas diócesis, pero no por eso les había faltado que hacer en el uso de sus atribuciones inquisitoriales. Sin contar con los casos que quedan recordados, sabemos que don Pedro Lisperguer, de nación alemán, vecino de Santiago y personaje bastante conocido, fue encausado por el provisor del Obispado de Santiago por haber dicho que «Nuestra Señora no había parido por el vaso natural sino por el ombligo». Lisperguer no negó el hecho, pero aunque sostuvo que pronunció tales palabras loando a la Virgen María y en vista de habérselas oído a una persona que nombró, que afirmaba que cierto Santo lo decía así, y a pesar de que él mismo se había denunciado ante un juez eclesiástico que le dio por libre; no obstó todo eso, sin embargo, para que, por octubre de 1566, fuese penitenciado en abjuración de vehementi a que oyese una misa en forma de penitente y a que pagase dos arrobas de aceite: todo lo cual cumplió fielmente el reo.

Mas, por septiembre de 1568, apeló de la sentencia para ante el arzobispo de los Reyes, dando causas justificadas para semejante retardo, no sin que antes se viese obligado a rendir cierta probanza, con la cual hubo de trasladarse a aquella ciudad. Hallábase allí siguiendo su apelación cuando por la llegada del Santo Oficio pasó su causa al conocimiento del Tribunal, la que, después de sustanciada, se votó en que se revocase la sentencia del Provisor y la abjuración de vehementi que en su virtud había hecho el reo, «y que fuese restituido en su honra y fama, según que lo estaba antes de la dicha sentencia y abjuración, y que ésta y los méritos de ella se lean en la iglesia de Santiago de Chile».

Román de Vega, hijo del factor real Rodrigo de Vega Sarmiento, que después estaba destinado a ser familiar de la Inquisición, fue penitenciado en Concepción, en enero de 1560, en la prisión que había sufrido y en las costas de su proceso.

Hernando de Alcántara, vecino también de aquella ciudad, fue encausado por un vicario del Prelado porque había dicho que la fe es mayor que la caridad, ya que cuando llevan un niño a bautizar, decía, pide a la Iglesia fe, y la Iglesia le responde que le prestará vida perdurable, de lo cual deducía el reo que la fe era mayor que la caridad.

Arribaba también a la misma deducción en vista de que en un libro de horas que poseía era la fe la que se enumeraba la primera, y, por tanto, debía ser la virtud mayor.

Terminado el proceso, fue remitido por el vicario al Obispo, y por éste, junto con el reo, al Santo Oficio, luego de su llegada. Presentose, pues, Alcántara ante sus nuevos jueces, quienes sin oírlo ni sustanciar el proceso le condenaron en la prisión que había sufrido y en el viaje que había tenido que hacer a Lima.

En las mismas condiciones que este reo se hallaba Gonzalo Hernández Bermejo, la relación de cuya causa la veremos más adelante al tratar de los penitenciados en auto público de fe.

La justicia real de Santiago remitió también al Santo Oficio ciertos testimonios contra Francisco Gómez de las Montañas, acusado por una mujer de que, pidiéndole el reo que tuviese acceso carnal con ella, le respondió que no quería porque se había estado con otra hermana suya, y que el reo le replicó que otros lo tenían hecho antes que ella. Como sólo mediaba la deposición de un testigo singular, fue el proceso mandado suspender.

De más importancia, sobre todo por la calidad de la persona, era el que se le formó al arcediano de la catedral de Santiago, el maestro don Francisco Paredes, a quien vimos ya figurar de tan notoria manera en los pleitos de González de San Nicolás, el licenciado Molina y Alonso de Escobar.

Fue, pues, acusado de que leyéndose cierto escrito que se presentaba, precisamente en el negocio de Escobar llegando en la lectura donde decía: «yo siempre he tenido y tengo lo que tiene y cree la Santa Madre Iglesia de Roma, como católico cristiano e hijodalgo», Paredes exclamó: «eso mismo tienen los herejes cuando los están quemando».

Habíase recibido también contra él otra información, porque estando declarado por excomulgado por cierto juez ejecutor de letras apostólicas -fray Cristóbal de Rabanera, según se recordará- quitó una cédula que se había fijado en las puertas de la iglesia, por mandato del juez, añadiendo: «con este papel o con esta excomunión me limpiaré yo el rabo».

Estas dos informaciones obraban en poder del arzobispo de Lima a quien se habían remitido desde Santiago, y el que las envió al Santo Oficio luego de su llegada. Visto el negocio en consulta por los inquisidores, se votó en que se mandase a Paredes que tuviese por cárcel la ciudad de Santiago, mientras el comisario a quien se remitían las instrucciones correspondientes tramitaba el proceso. Hízose, pues, así, y respondiendo Paredes a la acusación, manifestó que cuando el notario, leyendo la petición a que se aludía, había llegado donde decía que creía o confesaba lo que la Iglesia, sin oír otra palabra alguna expresó que «muchos herejes confiesan la Iglesia y los queman» lo cual dijo porque en Sevilla había visto quemar ciertos herejes que decían que creían en la Iglesia: «y que había dicho el maestro Salas, que llaman el Canario, que los herejes entendían aquello que decían por la Iglesia triunfante y no por la militante, y que por esto lo había dicho; y a lo de las excomuniones dio satisfacción de cómo eran nulas, y que nunca se tuvo por excomulgado, ni tuvieron poder para le excomulgar los que lo hicieron, como paresció después lo propio».

Concluido lo demás de la tramitación, y alzada al reo la carcelería que se le tenía puesta, fueron los autos remitidos a la Inquisición, donde Paredes salió condenado en cien pesos de oro para gastos del Santo Oficio.

Tocole todavía al arcediano verse envuelto en un nuevo proceso que le formó el comisario por denuncio de cierto testigo que dijo haberle comunicado una mujer que Paredes le declaró no era pecado echarse el compadre con su comadre; pero, examinada la mujer, manifestó que nunca había dicho ella tal cosa.

Sebastián Cortés, natural de Conde, en Portugal, residente en Santiago de Chile, fue testificado de haber dicho que ya Dios no le podía hacer más mal del que le había hecho, y que lo dijo en el mar con ocasión que se estaba anegando un navío en que iba.

Acusose al Provisor alegando que había dejado escapar tales palabras con cólera y con el dolor que tenía de que se le perdiese su hacienda en aquel navío; recibiendo por penitencia que pagase una arroba de cera y otra de aceite para alumbrar el Santísimo Sacramento.

En las vísperas de comunicarse a Concepción la cédula que establecía la Inquisición, había sido allí procesada una joven de edad de diecisiete años, oriunda de la misma ciudad, llamada doña María Monte de Sotomayor, casada con Lorenzo Bernal de Mercado, capitán bien conocido en la Historia de Chile.

Fue acusada doña María de haber dicho, tratándose de cuentas benditas y de perdones, que no podía creer que con una cuenta se sacase ánima del purgatorio. «La reo denunció de sí propia ante el dicho vicario, añade Ruiz de Prado, de haber dicho las dichas palabras, según le decían y que también había dicho que eran cosas de burla las dichas cuentas y no las que Su Santidad bendecía. Hízose su proceso con la dicha doña María, y estando conclusa la causa en definitiva, la remitió el dicho vicario al obispo de la Imperial y él a este Santo Oficio, y sin hacerse más diligencia en el dicho negocio, se vio en consulta y se votó en que pagase la reo doscientos y cincuenta pesos ensayados para gastos del Santo Oficio y se notifique la sentencia a la reo en la dicha ciudad de la Concepción ante el dicho vicario y de dos clérigos presbíteros de misa».

Y, por fin, Gabriel de Villagrán que había sido sentenciado por el ordinario en la Imperial por ciertas palabras malsonantes, y a quien bien pronto había también de encausar el Santo Oficio.

Según lo que precede se ve que, salvo los casos de Lisperguer y Cortés que habían sido penitenciados en Santiago, los demás reos acusados de cosas pertenecientes a la fe tenían sus procesos pendientes, los cuales, en conformidad a disposiciones superiores de que vamos ya a dar cuenta, fueron todos, como era natural, remitidos al conocimiento del Tribunal del Santo Oficio para ese exclusivo objeto establecido, y en adelante tramitados siempre por sus comisarios o delegados fuera de la capital.

 

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