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Historia del Tribunal de la Inquisición de Lima: 1569-1820

José Toribio Medina

Capítulo VI

Capítulo VI

Modo de proceder del Santo Oficio. -Formación de causa. -De los testigos. -De los reos. -Del tormento. -De la abjuración. -Relajación al brazo secular. -El auto de fe. -Sambenitos. -Prohibición de usar seda y montar a caballo. -Cárcel perpetua. -Pena de galeras. -Confiscación de bienes. -Delitos de que conocía el Santo Oficio.


     Es tiempo ya de que para el mejor entendimiento de los negocios de la Inquisición demos aquí alguna ligera idea de las materias sujetas a su conocimiento, de su modo de proceder, de las penas y de las ceremonias anexas a los juicios; reservándonos para el capítulo final de esta obra completar estos preliminares con las observaciones que su aplicación, en el Tribunal cuya historia compaginamos, nos sugiera.

     El método más común de iniciar un proceso en el Santo Oficio era la delación, que se hacía, ya por escrito, ya por declaración verbal, procediendo desde ese momento los jueces de oficio, sin parte contraria. A pesar de que la denuncia no tuviese viso alguno de verdad, no por eso debía sobreseerse desde luego definitivamente, pues, según sus doctrinas, lo que no se descubría en un día, podía aparecer en otro. Todo el mundo estaba obligado a delatar, no obstante promesa o juramento, y el denunciado, igualmente, tenía obligación de dar parte al Tribunal de cuantos documentos podían servir al Fiscal para fundar acusación en contra suya.

     Era válido el testimonio de los excomulgados, cómplices del acusado, infieles, judíos, infames y reos de un delito cualquiera, y hasta el de los herejes, bien que éstos servían contra ellos y nunca en su favor.

     Se admitía, igualmente, la declaración del testigo falso, de suerte que si rectractaba una primera declaración favorable al acusado, los jueces se atenían a la segunda; y también la de sus padres, hijos, mujer y criados, pero nunca en su abono.

     Así como el testigo juraba guardar secreto, así también el reo debía siempre ignorar el nombre de sus acusadores, y a fin de que no pudiese siquiera sospecharlo, al darle traslado de la acusación, se invertía el orden en que aparecían declarando en el proceso, o se atribuía a uno la declaración de otro. «Se advierte, decía a este respecto y con ocasión de la causa de Gasco, el visitador Ruiz de Prado, el cuidado que ha haber en sacar las publicaciones, especialmente en negocios de complicidad, para que el reo no pueda, por ninguna vía, atinar con el testigo.»

     Se acostumbraba castigar en auto público a los testigos falsos, designándose como tales aquellos que negaban los cargos que otros habían formulado contra el reo.

     En pareciendo el acusado ante sus jueces, era su primer deber jurar decir verdad en todo lo que se le preguntase, aunque fuese en contra suya; se le interrogaba a continuación por su patria, padres, lugar de su residencia, si era cristiano nuevo, su ocupación, si había o no estudiado, y, por fin, se le hacía recitar el discurso de su vida. Rezaba, en seguida, las oraciones del Padrenuestro, Credo, etc., y si no las sabía o se equivocaba, se establecía desde luego en contra suya un indicio gravísimo de su falta de cristiandad. Preguntado si sabía o presumía la causa de su prisión, como negase, era de estilo decirle que el Santo Oficio nunca acostumbraba prender a nadie sin justa causa.

     Cuando el reo negaba, el inquisidor tenía a su disposición muchos arbitrios para obtener la confesión que deseaba, ya manifestándole que de las deposiciones de los testigos aparecía su delito (aunque el hecho fuese falso), ya poniendo en la prisión encargados de aconsejarle que confesase, que el Tribunal le perdonaría, ya quien se fingiese acusado también de lo mismo, teniendo entonces cuidado de ocultar dos testigos que oyesen las confidencias del incauto.

     La confesión del delincuente, por lo demás, hacía plena prueba contra él, y en tal caso no se le nombraba abogado, siempre, por lo demás, señalado por el Tribunal, a no ser que el acusado por acaso se fijase en alguno que constase ser enemigo o pariente suyo, el cual, sin embargo, no podía comunicar con su defendido sino en presencia de los jueces.

     La única causa de recusación admisible contra el testigo era la enemistad capital, y ni aun esta (a que no se daba lugar sin grandes precauciones) cuando constaba que el reo había armado querella al testigo en el temor de que pudiese acusarlo. Para que se admitiera contra el juez, debía ser gravísima, siendo inútil advertir que esta salvedad no dejaba de ser nunca ilusoria en la práctica.

     La denuncia de sí propio, que se estimaba como causa atenuante, nunca eximía de pena, y aun carecía de valor a favor del que lo hacía cuando podía presumirse que se había verificado ante la expectativa de que algún testigo se anticipase a delatarlo.

     Si el acusado se manifestaba negativo, la causa se recibía a prueba, procediendose a la ratificación de los testigos, sin carearse jamás, por más discrepantes que pareciesen sus dichos.

     A la ratificación se seguía la publicación, reducida a que el reo supiese en extracto lo que los testigos deponían contra él, ocultándole sus nombres, el sitio y ocasión en que se decía perpetrado el delito, y todas aquellas circunstancias por donde pudiera venir en cuenta de quiénes eran sus acusadores.

     Podía responderse por escrito a la acusación fiscal, pero en tal caso se entregaba al reo el papel contado, a fin de que hubiera la certidumbre de que no salía recado alguno suyo fuera de las cárceles. Podía también presentar testigos en su abono, sin tener nunca noticia de sus deposiciones, y si por cualquiera circunstancia le eran desfavorables, se podían hacer valer como buenas.

     El término que se asignaba para responder a los cargos debía ser muy corto, y evacuada la prueba, no podía alegar nuevos descargos en su abono, aunque siempre quedaba al Fiscal expedita la puerta para nuevas acusaciones.

     Para apremiar al reo a la confesión de su delito, disponían los Inquisidores del tormento, que podían aplicar más que mediase la denuncia de un solo testigo, acompañado de algunos indicios vehementes. La sentencia que condenaba a la tortura debía ejecutarse a presencia del Ordinario, y, al menos, de uno de los jueces, el cual, con todo, podía excusarse por enfermedad u otro impedimento, aunque en el año 1640 se ordenó a los ministros de Lima que no podían usar de esta excepción.

     En el Perú los verdugos fueron de ordinario legos de Santo Domingo.

     En el proceso de Fray Francisco de la Cruz hemos visto ya los preliminares de la diligencia de tortura, reducidos a amonestar al paciente, a medida que se le iba desnudando, para que dijese la verdad. Los instrumentos que consta se usasen en el Tribunal cuya historia hacemos, fueron el potro, las vueltas de mancuerda, la garrucha y el agua, que se echaba por la boca a los reos, teniéndolos tendidos para arriba. No contamos la mordaza, ni los grillos porque éstos de ordinario los cargaban los acusados en su viaje a la capital cuando eran aprehendidos en otra parte, y en las cárceles no se les solían quitar ni para dormir.

     El tormento se aplicaba in caput propium o in caput alienum. Acontecía lo primero, como lo denota el título, por hechos tocantes al delincuente; el segundo tenía lugar casi siempre cuando después de condenado éste se pretendía que declarase sus cómplices. Otras veces se aplicaba por la intención, esto es, cuando se quería dejar constancia de la que el reo había tenido en mira al cometer su delito.

     Si después de todos los trámites, no llegaban a acumularse pruebas que se estimasen suficientes, el detenido era absuelto, pero nunca declarado inocente, a fin de que jamás pudiera alegar, si llegaba el caso de formarle nuevo proceso, la absolución que hubiera obtenido. Si el acusado moría en la prisión, lo que no era raro, pendiente su causa, se le enterraba secretamente, y si al fin era absuelto, en el auto de fe se sacaba su estatua, se leía su declaración de inocencia, y se mandaba dar noticia a los parientes del sitio en que yacía el cadáver para que se le diese sepultura conveniente. Pero, si por el contrario, resultaba culpable, sus huesos eran exhumados y quemados.

     Si el procesado parecía levemente sospechoso en la fe, debía abjurar de levi, y en caso de sospecha grave, de vehementi, según la fórmula siguiente:

     «Yo, fulano, vecino de... que aquí estoy presente ante vuestras mercedes como inquisidores que son contra la herética pravedad y apostasía en esta ciudad, su partido, por autoridad apostólica y ordinaria, puesta ante mí esta señal de la cruz y los sacrosantos evangelios, que con mis manos corporalmente toco, reconociendo la verdadera católica y apostólica fe, abjuro, detesto y anatematizo toda especie de herejía que se levante contra la santa fe católica y ley evangélica de Nuestro Redentor y Salvador Jesucristo, contra la Santa Sede católica y Iglesia romana, especialmente aquella de que yo ante vuestras mercedes he sido acusado, y estoy vehementemente sospechoso, y juro y prometo detener y guardar siempre aquella santa fe, que tiene, guarda y enseña la Santa Madre Iglesia católica romana, y que seré siempre obediente a nuestro señor el Papa y a sus sucesores que canónicamente sucedieren en la santa silla apostólica, y a sus terminaciones. Y confieso que todos aquellos que contra esta santa fe católica vinieren son dignos de condenación; y prometo de nunca me juntar con ellos, y que cuanto en mí fuese, los perseguiré, y las herejías que dellos supiere las revelaré y notificaré a cualquier inquisidor de la herética pravedad y prelado de la Santa Madre Iglesia, dondequier que me hallare. Y juro y prometo que recebiré humildemente y con paciencia la penitencia que me ha sido y fuere impuesta, con todas mis fuerzas y poder, y la cumpliré en todo y por todo, sin ir ni venir contra ello, ni contra cosa alguna, ni parte dello. Y quiero y consiento y me place, que si yo en algún tiempo (lo que Dios no quiera) fuese o viniese contra las cosas susodichas, o contra cualquier cosa o parte dellas, sea habido y tenido por relapso. Y me someto a la corrección y severidad de los sacros cánones, para que en mí como persona que abjura de vehementi sean ejecutadas las censuras y penas en ellas contenidas. Y consiento que aquéllas me sean dadas y las haya de sufrir cuandoquier que algo se me probase haber quebrantado lo susodicho por mí abjurado.»

     Esta ceremonia tenía lugar, de ordinario, en la capilla del Tribunal, delante de mucha gente, leyéndose previamente en voz alta el Credo y otros artículos de la fe, estando el penitente, mientras se celebraba la misa mayor, en cuerpo, con una vela encendida en las manos, y si era clérigo, sin bonete y sin cinto. El reo en tales casos era, además, condenado en cárcel por cierto tiempo.

     Los indicios de sospechas en la fe los constituían, tratándose del judaísmo, ponerse camisa o ropa limpia en sábado, quitar la gordura a la carne que se había de comer, rezar los salmos sin Gloria Patri, etc.; del mahometismo, levantarse a comer antes de amanecer, lavarse la boca y tornarse a la cama, lavarse los brazos hasta los codos, no comer tocino, ni beber vino; de otras herejías, ser brujo o hechicero, decir la buenaventura por las rayas de las manos, etc.

     De meramente sospechosos en la fe, no delatar al Santo Oficio a los que tenían libros prohibidos, dar favor y ayuda a los herejes y ocultar sus personas y bienes, no acusar a los que se sabía que habían dicho o hecho algo contra la fe, persuadir a otros que no los acusen, quitar los sambenitos de donde se hallaren colocados por la Inquisición, descubrir el secreto que fue encomendado por ésta, no denunciar al que posee bienes confiscados por ella, etc. También se comprendían dentro del mismo caso, en virtud de carta acordada dirigida al Tribunal en 28 de febrero de 1635, las personas que se hubieren dejado estar excomulgadas más de un año, o menospreciado o tenido en poco las censuras de la Iglesia, a que contestaban los Inquisidores diciendo: «el acuerdo es como inspirado del Espíritu Santo, de que más necesitaba este reino tan dilatado y tan coayugado de varias naciones, donde más que en otras está postrada la jurisdicción eclesiástica, y tan flaca que las censuras en ninguna manera se temen; y así se publicará por edicto decisión tan sancta para que venga a noticia de todos y se ataje con la severidad del castigo, el vilipendio y poco respeto en que están.»

     Poco después, sin embargo, se advirtió por el Consejo que en tales casos se procediese con gran templanza, sin llegar a poner en cárceles secretas a los denunciados.

     Los comprendidos en las disposiciones anteriores abjuraban ad cautelam; pero si reincidían se les consideraba como relapsos.

     Las sentencias debían acordarse con el Ordinario del obispado a que pertenecía el reo; pero los inquisidores de Lima en muchísimos casos prescindieron de su concurrencia, siendo de regla, según nos lo refiere un secretario del Tribunal, Jerónimo de Eugui, en carta al Consejo de 14 de marzo de 1595, que cuando asistían se adhiriesen meramente al parecer de los demás jueces.

     Cuando el reo acusado de herejía se había mantenido negativo y se le probaba su delito, o estaba pertinaz, debía ser necesariamente relajado, lo que en buenos términos significaba que había de morir, pues aunque en la sentencia se encargaba a los jueces seglares que se hubiesen benignamente con el reo, si no le daban cumplimiento, quedaban excomulgados y eran tratados como herejes. Las justicias ordinarias, por lo demás, estaban obligadas, en virtud de leyes reales a ejecutar las órdenes del Santo Oficio.

     Una vez notificada al reo la sentencia, se encargaba a algunos religiosos que fuesen a visitarle a su prisión para persuadirle que ya que no podía escapar de la muerte, tratase de ponerse bien con Dios. El que hasta el fin se mantenía pertinaz, era quemado vivo; pero el que daba señales de arrepentimiento, lo que frecuentemente sucedía ante la expectativa del tremendo suplicio, era primero ahorcado y a continuación quemado su cadáver. Cuando el penitente había fallecido, ya hemos dicho que se exhumaban sus huesos y se quemaban junto con su efigie.

     El quemadero estaba en Lima en las vecindades de la plaza de Acho, y los reos eran entregados a la justicia ordinaria a la puerta de la iglesia de los Desamparados, inmediatamente después de pasar el puente que une los dos barrios de la ciudad.

     Las ceremonias consiguientes al castigo de los delincuentes se verificaban en auto público de fe, de ordinario en la plaza mayor, donde para el intento se levantaban tablados, costeados a veces por el Tribunal, otras por la ciudad. A la fiesta se invitaba con anticipación al Virrey, Audiencia, Cabildos, Universidad, etc., y en general al pueblo por medio de pregones que se daban en los sitios más públicos, a veces con un mes de anticipación. Las autoridades y el vecindario iban a las casas del Tribunal a sacar a los Inquisidores, que decían primero misa, y entre numerosa escolta y grandísimo concurso de gente, salía la procesión de los reos, acompañados de dos familiares cada uno y revestidos de sus insignias.

     Eran éstas la vela verde, la coroza o cucurucho de papel, como de una vara de alto, en que iban pintados diablos, llamas y otras figuras alusivas al delito; el sambenito, o capotillo amarillo, con una o dos aspas, que se colgaba después en la Catedral y otras iglesias en memoria del delincuente, y que éste solía llevar toda su vida como signo de afrenta; una soga al cuello, y en ocasiones la mordaza.

     Una vez en los tablados, comenzábase por recibir al Virrey juramento de defender el Santo Oficio, a la Audiencia, etc., y al pueblo; se predicaba el sermón de la fe, y en seguida salían los reos a un lugar preeminente a oír la lectura de sus sentencias, en cuya tarea se alternaban con el secretario del Tribunal los personajes más conspicuos. A continuación se verificaban las abjuraciones, o degradación, cuando había lugar, y, como conclusión, se llevaba a los impenitentes al quemadero. Terminada la fiesta, con frecuencia de noche, pues hubo auto que duró desde las seis de la mañana hasta las once de la noche, el acompañamiento regresaba a dejar a los Inquisidores en el Tribunal.

     Seguíanse todavía otras penas: la vergüenza pública; los azotes, de que no escapaban las mujeres, que los recibían desnudas de la cintura arriba, montadas en bestias de albarda y a voz de pregonero por las calles; las prohibiciones de usar seda, subir a caballo, etc.

     La pena de destierro de las Indias, sumamente frecuente en el Tribunal, se hizo extensiva desde 1595, por disposición de Felipe II, renovada más tarde por su hijo, a todos los que hubiesen sido condenados y penitenciados por el Santo Oficio, mandando fuesen embarcados, y que por ningún caso se quedasen en América, a no ser por el tiempo que estuviesen cumpliendo las penitencias impuestas por el Santo Oficio .

     La durísima de galeras, también generalmente aplicada por el Tribunal, con la calidad de ser a remo y sin sueldo, mereció, igualmente, particular recomendación a los reyes, disponiendo que a los condenados a ellas se les recibiese en las cárceles públicas para que fuesen llevados «sin escusa ni dilación».

     La primera diligencia que seguía a la prisión de los reos sospechosos era siempre el secuestro de su fortuna, que más tarde, una vez condenados, ingresaba a las cajas del Tribunal, ya en parte, si el delito era leve, en forma de multa, ya como confiscación total si se trataba de un hereje cualquiera. Cuando más, se devolvía en ciertos casos la dote a la mujer del condenado, que en cuanto a sus hijos, por gracia especial, podían los inquisidores tomar alguna providencia, a fin de mantenerlos. Por lo restante, los herejes quedaban privados de todo oficio, beneficio, dignidad, y sus hijos, hasta la segunda generación, inhábiles para la posesión y adquisición de los mismos.

     Finalmente, podían los inquisidores aplicar la pena de cárcel perpetua, que le correspondía de ordinario al hereje arrepentido, no relapso.

     Las mazmorras habían de ser proporcionadas en su insalubridad y lobreguez a los delitos y circunstancias de los presos, procurando que no fuesen horrorosas ni enfermas «en demasía». Como recordará el lector, las enfermedades y muertes ocasionadas a los reos en las cárceles desde los primeros días del establecimiento del Tribunal, las atribuían los jueces al carácter melancólico de la gente de Indias.

     Para concluir con esta materia, apuntaremos aquí que estaban sujetos al Tribunal, además de todos los herejes sin excepción, los blasfemos, los hechiceros y adivinos, los invocadores del demonio, los astrólogos y alquimistas, los infieles y judíos, los excomulgados, los cristianos apóstatas, etc
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