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Historia del Tribunal de la Inquisición de Lima: 1569-1820

José Toribio Medina

Capítulo XXVII

Capítulo XXVII

Auto particular de fe de 1.º de septiembre de 1773. -Causas falladas por el Tribunal hasta fines del siglo pasado. -Reos procesados por lectura de libros prohibidos. -Atrasos que experimentan las rentas del Santo Oficio. -Datos acerca de algunos de sus ministros. -Pónense a venta los oficios de la Inquisición. -Se procesa y suspende al inquisidor Pedro de Zalduegui. -Últimas causas de fe. -Supresión del Santo Oficio. -Inventario de sus caudales y efectos. -Saqueo de sus oficinas por el pueblo. -Restablecimiento del Tribunal. -Su abolición definitiva.


     Uno de los últimos autos de fe de que haya constancia en los documentos que nos han servido para la compaginación de este libro, fue el que se celebró el 1.º de septiembre de 1773 en la capilla del Tribunal, con presencia de ocho reos, sólo de dos de los cuales conocemos sus nombres y delitos: José Joaquín Santisteban y Padilla, arequipeño, por haber predicado, celebrado misa y oído de confesión sin ser sacerdote, y José Calvo de Arana, natural de San Lúcar, por bigamia.

     Un examen atento de los papeles que se conservan de esta época, hasta la extinción del Tribunal, nos permite, sin embargo, añadir todavía a la ya larga lista de nombres que tenemos apuntados, los de las personas siguientes:

     En 1759 fue acusado de hereje el francés Pedro Fos, natural de Grenoble, hijo de padres protestantes, cocinero de oficio; habiéndose suscitado en su causa tal discordia que mientras el Ordinario pretendía que se le considerase como hereje formal, Amusquíbar y Grillo sostenían que debía admitírsele a reconciliación, desistiendo el primero en cuanto a la confiscación de sus bienes (que ascendían a cinco mil pesos) por cuanto era hereje nacional y no facto, como quería el Ordinario, apoyándose en que ya se le había informado de que la fe de la Iglesia católica era la infalible.

     En Quito, un jesuita era obligado, en 1761, a recoger un sermón que había publicado, advirtiéndosele que no lo reiterase y que se abstuviese de predicar durante un año, lo que motivó de parte de la Orden una apelación a España.

     Ese mismo año se denunció el teniente cura de Cuyoacán por solicitaciones, siendo penitenciado diez años más tarde.

     En 1762 se procesaba al jesuita Mateo de los Santos, que se hallaba en Roma, también por solicitante.

     En 1769 se remitió al Consejo la causa de José Camborda, natural de la Mancha, denunciado de que estando en cierta casa había dicho que los jesuitas eran herejes, que San Ignacio no era santo, y que en el bolsillo andaba trayendo con qué probarlo. En la declaración jurada que prestó con este motivo dos años más tarde, se afirmó en lo dicho, «pues admitían a tantos de las naciones infectas habiendo leído en un Mercurio de España, que los jesuitas hacían voto con expresión de no obedecer a los monarcas, ni al Papa, sino en cosas de misión, lo que era herejía conocida; y en cuanto a San Ignacio, negó que hubiese dicho que no fuese santo, sino que tras la imagen del Santo, en un cuarto de un jesuita, se había hallado un papel en que se decía que había sido canonizado a empeño de muchos monarcas... Y visto que excluye toda sospecha, se le advirtió que excuse iguales conversaciones con todo género de personas y especialmente con gente laica.»

     En 1771 se denunció al negro José Feliciano de la Oliva, penitenciado ya por supersticioso, y que hubo de serlo más tarde en 1779.

     Aquel mismo año, el franciscano limeño Manuel de Colmenares, cuya causa se mandó suspender en 1778, fue testificado de solicitante por varias mujeres y, entre otras, por una lavandera de diecinueve años de edad, que le acusaba de haberle dicho en medio de su confesión: «Me has descompuesto, me has hecho mucho daño, me has muerto, tú eres muy ardiente; ¿quié te tentó a que vinieras aquí?»

     En 17 de marzo de 1772, el Tribunal remitió la causa de María de Jesús Cornejo, alias la Jabonera, por hechicerías. Fue esta mujer denunciada en Lambayeque, en enero de 1756, por Luisa Guerrero, casada, de cuarenta años, quien «en descargo de su conciencia» la acusó de que tenía tratos con brujos, que usaba de unos polvos amarillos que le llevaba un mestizo serrano, con los cuales vio que se untaba ella y varios amigos, y que preguntada por la eficacia de esta receta, dijo que era para no estar pobre y para que los hombres la quisiesen; que estuvo en ilícita amistad con un hombre que se hallaba para casarse, de quien dijo que no lo había de hacer, y en efecto el novio vino después donde ella, y que a poco después de entrar a su casa se supo que estaba moribundo a causa de cierta bebida que le diera en un mate; que una noche se la había encontrado en una rueda de indios, en figura de tigre, bailando y mochando en lo oculto de unos bosques; que había dado a guardar a cierta mujer un talego y que abriéndolo ésta por curiosidad, había encontrado dentro uñas, cabellos, piedras y otras cosas, de cuyo hallazgo sintió la Cornejo pena extremada, diciendo que ya no se casaría con ella el sujeto a quien amaba y que antes la aborrecería; y tenía una piedra negra redonda con la cual refregaba a sus hijas para que las quisiesen, hasta tanto que la piedra sudaba gotas gordas; que tenía amistad con un brujo de la tierra a quien hacía muy buen agasajo, y que cada vez que venía limpiaba las paredes con un gallinazo para tener buena fortuna; etc., etc.

     Recibidas las declaraciones de los testigos, el Tribunal mandó calificar los hechos a los principales frailes, teólogos y doctores de la Universidad, quienes se pronunciaron porque la mayoría de ellos eran supersticiosos y la rea vehementemente sospechosa en la fe, con lo cual la Jabonera fue puesta en la cárcel y a buen recaudo. Era entonces como de sesenta años, dos veces viuda, mediana de cuerpo, gruesa, de grandes ojos azules, «a quien habiéndola registrado el alcaide, no le halló cosa alguna de las prohibidas». Declaró que era católica, que como tal se confesaba y comulgaba; signose y santiguose, dijo el pater noster, avemaría, credo y salve en romance, y en cuanto a sospechar la causa de su prisión, que sería porque viviendo en malas relaciones con una hija suya don Pedro Albo, la Guerrero, envidiosa de tan buena fortuna, le gritaba públicamente que era una hechicera, bruja arbolaria, y que no había de parar hasta ponerla en el Tribunal. Mas, quiso la buena suerte de la acusada que fuese defendida por el Marqués de Casaconcha, que tomando con celo su defensa, justificó que todo debía atribuirse a imaginación de mujeres.

     En 1776 se denunció por blasfemo a un esclavo de Guillermo Miquena (Mackenna), siendo su causa fallada cuatro años más tarde.

     En 1777 fue acusado José González de la Cámara por doble matrimonio, y penitenciado en 1781.

     En 1778 fue testificada de supersticiosa y curandera la negra Juana Echavarría y salió en un autillo que tuvo lugar en la sala de audiencia al año siguiente, en compañía del negro Pedro José Zavala, guayaquileño, a quien se denunció en Huamanga por blasfemo, y de Paula Molina, alias la «Pan y queso», casada, pescadora, por supersticiosa, embustera y jactanciosa.

     En el año 1779 se procesó a fray Francisco Bueno, misionero de Ocopa, por solicitaciones hechas en Córdoba, y al presbítero José Ignacio Gutiérrez por hechos análogos ocurridos en Tarija. También lo fue en Ica, por el mismo motivo, José Manuel Basualdo, pero su causa sólo se falló en 1794.

     En 1782 se penitenció en Lima por polígamo a Bernardo Idobro Cabeza de Vaca.

     Por estos años ocurrió, según parece, una nueva complicidad de judaísmo, pues en 1774 escribía el Tribunal que las solas causas que había pendientes eran trece de esta especie, «de ninguna sustancia, y las dos restantes, agregaba, poca esperanza de adelantar su justificación». Nombrábanse los reos Amaro de Sosa, Gregorio Nombela, Antonio Gribaldo, Agustín Ortiz, fray Javier Olivos, expulso de San Francisco, Antonio Cava, Francisco Blanco, Bernardo de Silva, José Fernández, Juan Dorado, Antonio Correa, Rosa Argote y María Bravo.

     De los procesos de esta época fueron sin duda los más notables los seguidos a algunas personas por lo referente a libros prohibidos.

     En virtud de orden del inquisidor General, en 20 de octubre de 1748, el Tribunal mandó suspender las licencias concedidas a algunas personas para leer semejantes libros, y es lo más probable que se cumpliese al pie de la letra con esta disposición, pues en los anales del Santo Oficio no encontramos expediente alguno sobre esta materia, hasta el año 1782, en que ocurrió la denuncia de Santiago de Urquizu.

     Era éste un joven de edad de veintiocho años, balanzario de la Casa de Moneda de Lima, e hijo del oidor decano de la Audiencia, don Gaspar de Urquizu Ibáñez. Su padre, que lo destinaba a figurar en la Península, con solícito afán había durante muchos años compartido su tiempo entre el Tribunal y la educación de su hijo, a quien, fuera de la enseñanza común, había instruido en la física y matemáticas. El joven, por su parte, correspondió bien a estos esfuerzos, y durante las largas horas que pasaba en la muy surtida biblioteca del oidor, manifestó especial inclinación a las obras religiosas,estudiando el griego y el latín para leer en sus originales las obras de los padres de la Iglesia, sin olvidarse de rezar las horas canónicas, con el propósito de hacerse más tarde sacerdote. El demasiado estudio, sin embargo, hubo de ocasionarle tal decadencia en su salud que se le aconsejó buscar alivio en pasatiempos y en la sociedad mundana, concluyendo por jugar de cuando en cuando, asistir a comedias y frecuentar gente divertida. Deseando hallar apología a su conducta, quiso seguir en materia de lecturas un camino opuesto al que llevara en un principio, encontrando luego medios para procurarse algunos libros prohibidos, y, entre otros, algunos que compró al corregidor de Huaylas; y entregándose, por fin, a largas conversaciones con cierto fraile dominico de vida non sancta, pronto se apoderó de él el arrepentimiento, y, siguiendo sus impulsos, se fue a delatar al Tribunal, el cual le mandó entregar todos los libros prohibidos, le hizo confesarse, entrar a ejercicios y rezar de rodillas el rosario, etc., etc.

     No es menos curioso lo que le ocurrió a fray Diego de Cisternas, monje de San Jerónimo, a quien se le quitaron las obras de Voltaire, que fue denunciado por el padre Juan Rico, de que habiéndole ido a visitar le había mostrado aquellos libros, que tenía en lo alto de un estante, y otro en que con extremada insolencia se satirizaba al Santo Oficio por las prisiones injustas que acostumbraba, y alguno contra los jesuitas y a favor de Jansenio. Se le había además oído «darse por uno de aquellos espíritus singulares que conocen en verdad a Jesucristo y a su religión» contra el común de los maestros; se decía que siendo confesor de una beata le atribuía haber conocido a Dios antes de nacer y haber sabido por ciencia infusa las obras de los Santos Padres; que el demonio la había convertido durante un año en piedra de Huamanga, habiendo también concebido un hijo de este espíritu maligno; que había asistido a los moribundos predestinados del ejército español que peleaba cerca de Argel; y, por fin, que había sudado sangre y muerto muchas veces para resucitar otras tantas por un milagro perpetuo de la Providencia.

     Como Cisneros se hallase en íntima amistad con el oidor José de la Portilla, cuyos dictámenes seguía el Virrey, a pesar de estar el fraile tildado de espíritu inquieto y caviloso y de poco afecto al Santo Oficio, uno de los inquisidores, después que le quitaron los libros, fue a visitarle «para darle satisfacción», lo que no impedía que él mismo, en carta al Consejo lo calificase en aquellos términos y pidiese que se le mandase retirar a sus claustros.

     Hízose también proceso, por lo tocante a esta materia contra el asesor del Virrey don Ramón de Rozas, de que daremos cuenta en otro lugar (220), y, finalmente, contra el Barón de Nordenflicht, que había pasado al Perú en comisión del Rey para el estudio de las minas, y con licencia especial, que llegado el caso exhibió, para poder leer. El Tribunal dio cuenta de que el Barón, abusando del permiso, no sólo leía sino que también prestaba libros prohibidos, previniéndose por el Consejo que si el denunciado no se abstuviese de semejante conducta para lo sucesivo, «se procediera contra él a estilo del Santo Oficio, advirtiéndosele que aun cuando permaneciese en el día en la religión luterana, no tenía licencia ni estaba autorizado para prestar a nadie libros prohibidos en los dominios de Su Majestad.»

     Aparte de estos incidentes, podemos apuntar que aún en 1787 se anunciaba el envío de cinco causas, contra fray Nicolás de Zumarán, mercedario, y fray José Hurtado de Mendoza, dominico, por solicitantes; contra fray Pedro Mollinedo, por falso celebrante, y contra José García y Leandro Jofre, por bígamos.

     En Córdoba, una beata denunció en 1790 al clérigo Fermín de Aguirre, por haberla solicitado en el confesonario, por lo cual se le condenó, tres años más tarde, a oír la lectura de su sentencia, sin bonete ni cinto, en presencia de doce sacerdotes, debiendo además abjurar de levi y llevar otras penitencias.

     Por proposiciones fue encausado en 1791 Fernando de Rivas, soldado de Buenos Aires, y en el año siguiente, fray Joaquín María Albo, alias don Joaquín Cabrera, natural de Ibarra, religioso corista de la Merced, por haberse casado.

     En Quito se procesaba por proposiciones hereticales al francés Pedro de Flor Condamine, sobre el conocimiento de cuya causa se había trabado una competencia entre el comisario y el alcalde ordinario en 1791, que el Consejo estando ya el reo votado a prisión en Lima, mandó suspender en 11 de febrero de 1793.

     En 7 de agosto de 1804 se denunció a José Arbite, vizcaíno, soltero, de treinta años, de que negaba que hubiese Dios, infierno ni santos, y a pesar de que el fiscal pidió auto de prisión contra él, no se accedió a ello en un principio, creyendo hubiese colusión entre los denunciantes; mas, formalizada la acusación y despachado mandamiento, el gobernador de Buenos Aires se negó a darle cumplimiento.

     Si tan notable decaimiento se hacía sentir en orden a las causas de fe, iba también haciéndose manifiesta la disminución que experimentaban las rentas del Tribunal. A principios de 1777 se debían a los ministros más de veintiún mil pesos de sus salarios; y a pesar de las activas diligencias que el receptor practicaba, no perdonando gestiones oficiosas ni embargos, no se conseguían las cobranzas, porque luego se formaban concursos de acreedores que dilataban los juicios por diez y veinte años, ya por estudiada morosidad de los ocurrentes, ya por falta de compradores de los fundos.

     Las casas de los inquisidores no estaban tampoco terminadas, y alguna en tal estado, que López Grillo se había visto obligado a alquilar una para sí, distante una cuadra del Tribunal.

     Dimanaba la decadencia de las rentas, de que con el terremoto de 28 de octubre de 1746 se rebajaron los censos, que redituaban el cinco, al tres por ciento; de que ya no tenían lugar las pingües condenaciones que durante tanto tiempo se habían aplicado a los reos; y a que las canonjías supresas no producían lo que de antes. La de Quito estaba debiendo cerca de diez mil pesos, once mil la de Trujillo, y aun hasta la de Arequipa, que había sido siempre la de más consideración, con la baja de precio de los frutos, había experimentado notable quebranto. La contribución para la Orden de Carlos III, y, por último, el establecimiento de los derechos de aduanas, eran de por sí, decían los ministros, no pequeñas causales para la ruina del virreinato; que si llegaba a fundarse, como se pensaba, el de Buenos Aires, ni aun quedaría renta suficiente para dos inquisidores, «porque se establecerá el comercio en aquella ciudad, donde se llevarán los caudales, y esta de Lima quedará en lamentable pobreza, hecha una Galicia.»

     Con el terremoto ocurrido en todo el distrito del Cuzco el 13 de mayo de 1784, las canonjías de La Paz, Arequipa y de aquella ciudad, produjeron todavía menos, de tal modo que se hizo indispensable urgir porque se suprimiese la plaza de un tercer inquisidor, y aun llegó a facultarse al Tribunal para vender «las posesiones y otras cosas» y poder pagar a los ministros sus salarios por trimestres anticipados.

     Sin embargo, esta visible decadencia del Santo Oficio en el número de causas y sus calidades, podía considerarse insignificante al lado de lo que estaba pasando en su mismo personal. Amusquíbar había fallecido el 21 de abril de 1763, de tercianas, disentería y fiebre, con opinión, según sus colegas, «de justo, santo, padre de los pobres, y sin más hábito que un tosco sayal a raíz de las carnes»; y en su lugar se había ascendido a López Grillo, quien después de treinta y dos años de servicios, expiraba, a su vez, de una parálisis, que le había durado veinte días, en la noche del 2 de febrero de 1777. El 19 de junio, por fin, moría de tisis renal Juan Ignacio de Obiaga, después de haber ocupado su puesto cerca de dieciocho años.

     Francisco Matienzo Bravo del Rivero, sobrino del Obispo chileno de este apellido, que había acompañado a López en el Tribunal desde diciembre de 1766, salía de Lima treinta años más tarde para ir a desempeñar el obispado de Huamanga. Era oriundo de La Plata, y después de estudiar en el colegio de San Martín a cuyas aulas entró en 1743, se recibió de abogado en 1751, pasando a ocupar más tarde el curato de Tacna y varias dignidades de la Catedral de Arequipa, hasta llegar a ser provisor general. Con su ausencia había quedado solo Francisco Abarca Calderón, natural de Santander, que había tomado posesión de su plaza de fiscal en abril de 1779, pero que en los primeros años de este siglo se hallaba ya tan achacoso que no podía dedicarse una hora de seguida a su obligación. El canónigo de Trujillo José Ruiz Sobrino, desempeñaba la fiscalía desde 1798, y, por fin, Pedro Zalduegui, que de barrendero y sacristán de la capilla del Tribunal, había ascendido a inquisidor apostólico.

     Todo el mundo conocía en Lima el origen de Zalduegui y la historia de su carrera. Se sabía que había dado mil pesos al capellán mayor del Santo Oficio para colocarse en su lugar, que era «un gentil badulaque», que nunca había pensado sino en comercios y testamentarias lucrosas, y que el título de bachiller en teología con que se decoraba, lo había comprado también. Los vecinos de Lima no podían tomar su promoción a lo serio, y de tal manera, que con pretexto de su recibimiento se reunieron algunos para darle la enhorabuena, concluyendo por convertir el festejo en una solemne burla. Atando cabos, luego se dijo en la ciudad que su título de inquisidor lo había comprado, y de averiguación en averiguación se descubrió que ello no sólo era verdad, sino que en la secretaría de la General Inquisición, el oficial mayor Cristóbal de Cos tenía en venta los puestos del Santo Oficio, sin que para obtenerlos hubiese más trepidación que la suma que había de enterarse a su agente en Lima, Fernando Piélago, uno de los secretarios del Tribunal. En comprobación de esta creencia, se citaban varios hechos. Manuel del Vado Calderón, había dado tres mil pesos por la secretaría de Secuestros; el mismo Piélago otro tanto por un destino análogo; Narciso de Aragón, seiscientos; Manuel Arrieta, por jubilarse en los términos que lo pretendió, mil, etc.

     No faltó quien enviase informes al Consejo de lo que pasaba, añadiendo no sólo nuevos hechos a los ya expresados, sino también detalles muy poco halagadores de los que por dinero habían comprado sus oficios. Así, se decía, que José de Arezcurenaga, el primero que hubiera merecido jubilarse, había dejado su plaza a un hijo suyo «de conducta desbaratada», lleno de vicios, suspenso por el Ordinario y tildado de toda la ciudad; que Gaspar de Orue, también jubilado, había cedido su lugar a su primo Pablo de la Torre, «sujeto de lengua voraz, enfermo, de cuasi ninguna asistencia a su obligación, lleno de dependencias, de malos créditos, y que apenas sabía escribir»; que Zalduegui había obtenido el puesto de capellán, a pesar de ser un sujeto que pasaba los días «de tienda en tienda de los comerciantes, de conducta notada de todas las gentes, inepto para su empleo, distraido y sin cabeza»; y por fin, que creciendo en audacia, con asombro de la ciudad, había merecido comprar en catorce mil pesos su puesto de inquisidor.

     Tan escandaloso llegó a parecer este tráfico, iniciado en el año de 1789, que el 23 de septiembre de 1792, frente a la Catedral, en uno de los pilares de los portales de la plaza principal de Lima, amaneció fijado un cartel, formado con letras impresas recortadas de otros papeles, que decía: «AL PÚBLICO. Quien quisiese hacer posturas a empleos de Inquisición, acuda a la oficina de don Fernando Piélago, secretario de ella, que los tiene de remate, en virtud del poder de sus amigos y parientes en la corte, sin obstar el ser tendero, ni para inquisidor fiscal. UN IDIOTA.»

     Con estos antecedentes, el Consejo no pudo ya disimular más, disponiendo que Abarca y Matienzo abriesen una información sobre todos los puntos denunciados, y al efecto levantaron aquéllos un expediente en que, sin profundizar demasiado las cosas, llegaron a persuadirse que cuanto se decía tocante a la venta de empleos como a las aptitudes de los nombrados, era perfectamente cierto.

     Pero Zalduegui no había de quedarse atrás y muy luego escribio al Consejo informándole que desde el momento en que tomara posesión de su destino, se propusieron sus colegas «con esfuerzos y empeños atraerlo a sus designios enteramente para que no hubiese en el Tribunal quien pudiese hacer la menor gestión, reparo ni contradicción a lo que arbitrariamente estaban practicando, con gravísima ofensa del ministerio apostólico e intereses del real fisco, demás ramos y públicos, conduciéndose por el estímulo de sus fines particulares y también relaciones de las personas a quienes creían necesitaban ganar y complacer».

     «[...]El Obispo de Trujillo, añadía, el año próximo pasado, en los meses que estuvo en esta capital, no pudo menos que significar que aquí los inquisidores y oficiales no asistían al Tribunal, según la frecuencia con que los veían hacer visitas, y fuera, en las horas y días que no eran feriados.»

     Llegó, sin embargo, un día en que los colegas de Zalduegui no pudieron desentenderse de su inepcia, y con ocasión de una disputa que sostuvo con un tal Bartolomé Guerrero, acerca de si era o no herejía el que el autor de la oración fúnebre de la Condesa de Guirior hubiese dicho que estaba adornada de la gracia santificante, le hicieron calificar la proposición y a continuación lo encausaron, suspendiéndolo del oficio: medida que el Consejo hubo muy luego de revocar. Tal es el último proceso de fe de que dan cuenta los antecedentes que hemos tenido a la vista para la compaginación de este libro.

     Aunque, como afirma Vicuña Mackenna, puede decirse con verdad que la Inquisición murió a las puertas del siglo en que vivimos, cúmplenos todavía citar aquí algunos casos que ya dio a conocer la brillante pluma de nuestro inolvidable compatriota y amigo, valiéndonos para ello de relaciones de gentes que si un día pudieron ser recusados por herejes, hoy nos han de parecer no por eso menos verídicas y auténticas.

     «Discutiendo un día, dice el distinguido viajero inglés y secretario de Lord Cochrane, W. B. Stevenson, con cierto fraile Bustamante, dominico, acerca de la imagen de Nuestra Señora del Rosario, concluyó ex-abrupto, asegurándome que oiría hablar de él muy pronto. Esa misma noche fui a un salón de billar, donde jugaba el Conde de Montes de Oro. Noté que éste me miraba y que hablaba en seguida con algunos amigos que estaban del otro lado de la mesa. Inmediatamente recordé la amenaza del padre Bustamante, pues, sabía, además, que el Conde era alguacil mayor de la Inquisición. Pasé delante de él y lo saludé: al instante me siguió hasta la calle. Le dije que suponía tuviera algún recado para mí; preguntome mi nombre, diciéndome que así era en realidad. Le dije que lo sabía, y que estaba pronto a comparecer al momento. Después de pensar un rato añadió: "Es éste un asunto demasiado serio para tratarlo en la calle", y me acompañó hasta casa, donde me comunicó, no sin cierta vacilación, que a la mañana siguiente debía ir con él al Santo Tribunal de la Fe; repliquele que estaba pronto, y le habría hecho relación de todo, si él, tapándose los oídos con ambas manos, no hubiera exclamado: "¡oh! por amor de Dios, ni una palabra, yo no soy inquisidor, a mí no me conviene saber los secretos de la Santa Casa", agregando el antiguo adagio: "Del Rey y la Inquisición, chitón. Sólo espero y ruego a Dios que sea usted un cristiano viejo, como yo." Me aconsejó de la manera más solemne que permaneciese en mi habitación y que ni viera ni hablara a persona alguna; que me pusiese a orar y que por ningún motivo contase a nadie que él se hubiese anticipado a comunicarme órdenes, porque esto era absolutamente opuesto a las prácticas de la Santa Casa. Lo tranquilicé sobre este punto, y le aseguré que volvería con él al café y que lo esperaría a las nueve de la mañana siguiente en mi casa. A la hora convenida, un corchete entró a mi cuarto, y me dijo que el Alguacil mayor me esperaba en la esquina próxima. Cuando lo encontré, me ordenó que no le hablara, pero que lo acompañase a la Inquisición. Así lo hice, notando que el corchete y otra persona nos seguían a cierta distancia. Mostreme despreocupado, hasta que entré al pórtico, tras del Conde, seguidos de nuestros dos acompañantes. Entonces me habló el Conde y me preguntó si estaba preparado; le contesté que sí lo estaba; golpeó, en seguida, la puerta interior, que abrió el portero. No se pronunció ni una palabra; permanecimos sentados en un escaño durante algunos minutos, hasta que el familiar volvió con la contestación de que aguardase. El anciano Conde se retiró entonces, enviándome con los ojos un largo adiós; pero sin decir palabra. Algunos minutos después, un bedel me dio orden de seguirlo. Atravesé una puerta y después otra antes de llegar a la sala de audiencia: era ésta pequeña, pero alta, alumbrada por una escasa luz que penetraba difícilmente por ventanas enrejadas colocadas cerca del techo.

     »Cuando yo entraba salían de la sala, por la misma puerta, cinco frailes franciscanos, cuyos rostros encubrían las capuchas, con los brazos cruzados, las manos ocultas en las mangas y los cordones el cuello. Parecían jóvenes por su porte y marchaban solemnemente en pos de su superior, un fraile viejo y de aspecto grave que llevaba la capucha echada sobre el rostro, pero el cordón en la cintura, indicando de esta manera que no hacía penitencia. Me sentía no sé como, los miraba compasivamente, pero me sonreía a pesar mío al imaginarme el efecto que a media noche habría producido aquella procesión en cualquiera ciudad de Inglaterra. Volví los ojos a los tres terribles jueces que estaban sentados en un estrado, bajo un dosel de terciopelo verde ribeteado de azul pálido, teniendo a sus espaldas, pendiente de la pared, un crucifijo de tamaño natural. Delante se veía una mesa grande, cubierta y adornada como el dosel, y sobre ella, dos velas verdes encendidas, un tintero, algunos libros y papeles, que me hicieron acordar de Jovellanos que describía la Inquisición diciendo que se componía de un Santo Cristo, dos candeleros y tres majaderos.

     »Sabía lo que era inquisidores; ¡pero cuán diferentes de lo que eran en otro tiempo! El raquítico y retinto Abarca, en el centro, que parecía nadar en su sillón; a su izquierda, el obeso Zalduegui, que, oprimido su enorme cuerpo por los brazos de la silla, resollaba por las narices como cerdo cebado; y a su derecha, el fiscal, Sobrino, que contraía sus pobladas cejas y hacía lo posible por dar a su estúpida fisonomía una apariencia de sabio.

     »A cada extremo de la mesa estaba un secretario; uno de ellos me mandó aproximarme; para obedecer subí tres gradas, quedando así al mismo nivel de la trinidad que acabo de describir. Me ordenaron acercar un pequeño banco de madera, haciéndome señal con la cabeza para que tomara asiento, ofrecimiento que contesté inclinándome un poco y sentándome.

     »El fiscal me preguntó entonces, con voz solemne, si sabía por qué se me había ordenado comparecer ante ese santo Tribunal. Contesté que lo sabía, y me preparaba a continuar, cuando me gritó que callase; advirtiéndome que jurase decir verdad en lo que se me iba a preguntar. Repliqué que no lo haría porque siendo yo extranjero no debía él estar seguro de que fuera católico, ni era necesario, en consecuencia, que prestara un juramento que tal vez no me obligaba a decir la verdad.

     »El fiscal y el inquisidor más antiguo cambiaron algunos signos misteriosos y en seguida me preguntaron nuevamente si diría la verdad. Contesté que sí.

     »Por último, abordando la materia, se me preguntó si conocía al reverendo padre Bustamante. Contesté: "Conozco al fraile Bustamante, lo he encontrado a menudo en los cafés; pero supongo que el reverendo padre que Ustedes dicen debe ser algún personaje que no frecuenta tales sitios." "¿Trató usted con el padre Bustamante sobre asuntos religiosos?" "No, pero sí sobre algunos supersticiosos." "No debe hablarse sobre asuntos semejantes en los cafés", dijo Zalduegui. "No, repliqué, e igual cosa dije al padre Bustamante." "Pero usted debió callarse", me contestó. "¡Sí, y dejarme injuriar por un fraile!"

     »Zalduegui se puso encarnado, y me preguntó cuál era mi intención al hacer tanto hincapié sobre la palabra fraile. "Cualquiera, le respondí, tómelo Usted como guste."

     »Después de un diálogo semejante, que duró más de una hora, Abarca tocó una campanilla, entró el bedel, quien me mandó que me retirase.

     »Algunos momentos más tarde se me llamó nuevamente y se me dijo que fuera al día siguiente a las ocho de la mañana a ver a Sobrino a su propia casa. Hícelo así y almorcé con él.

     »Aconsejome que en lo futuro evitase toda clase de discusiones religiosas, sobre todo con personas desconocidas, agregando, en seguida, "le pedí a usted está entrevista porque desde mi asiento de juez no podía hablarle a usted como lo hago ahora. Debe usted saber, agregó, que está usted sujeto al Tribunal de la Fe, lo mismo que todas las personas que viven en los dominios de su Majestad Católica; debe usted, en consecuencia, amoldar su conducta a la que acabo de expresarle. Diciendo esto, se retiró, dejando a mi cuidado que saliese de su casa como pudiese, lo que efectué en el acto.

     »En la noche fui a un café donde vi a mi amigo, el fraile Bustamante; se sonrojó, pero saludándome con mucha cortesía, me señaló un asiento a su lado; me encogí de hombros y devolví su saludo de una manera significativa y quizá algo burlona, lo que parece entendió, porque se fue pronto. En seguida, me encontré con el anciano Conde de Montes de Oro que me miró, vaciló un poco y un momento después pasando cerca de mí, me tomó una mano y me la estrechó; pero no me habló ni una palabra.

     »Durante mi residencia en Lima, vi a dos individuos penitenciados por la Inquisición, uno por haber celebrado misa sin estar ordenado, y otro por brujo y hechicero. Llevóseles una mañana temprano a la capilla del Tribunal, ambos vestidos con sambenitos, una especie de túnica corta y suelta, cubierta con pinturas ridículas de culebras, muerciélagos, zapos y llamas, etc. El seudo sacerdote llevaba en la cabeza una mitra de plumas, y el otro, una corona de lo mismo; estaban de pie en el centro de la capilla, cada uno con una vela verde en las manos. A las nueve subió al púlpito uno de los secretarios y dio lectura a la sentencia en que se les castigaba. El infeliz celebrante parecía muy arrepentido, pero el viejo agorero, cuando comenzó el relato de sus hazañas, prorrumpió en risa, siendo seguido por muchos de los que estaban presentes. Trajéronse dos mulas hasta la puerta y se subió en ellas a los culpables, con la cara vuelta hacia atrás. Diose con esto principio a la procesión, encabezada por el Conde de Montes de Oro, seguido de varios alguaciles; marchaban después las mulas guiadas por el verdugo (hangman), en tanto que los inquisidores en sus coches de gala cerraban la marcha. Dos frailes dominicos llevaban a los lados de los coches grandes ramos de palma, siguiendo en este orden hasta Santo Domingo, a cuya puerta fueron recibidos por el Provincial y la comunidad; se colocó a los penitentes en el centro de la iglesia y se dio lectura en el púlpito a los mismos documentos, según los cuales aquéllos fueron condenados a servir en un hospital, a voluntad de los inquisidores.»

     El mismo Stevenson refiere también que el último de los penitenciados fue un marino andaluz (Urdaneja) «por proposiciones heréticas y lectura de los filósofos franceses, y resultando condenado a encierro, ayunos y oraciones en los Descalzos de Lima, armó tal zalagarda con los frailes en la primera noche de su expiación que los inquisidores hubieron de desterrarlo al castillo de Bocachica, en la bahía de Cartagena. De allí se escapó, sin embargo, el último hereje y fue a prestar sus servicios a los independientes de Méjico, en cuyo país murió.»

     Llegó por fin a Lima el decreto de las Cortes, expedido en 22 de febrero de 1813, aboliendo el Tribunal del Santo Oficio en todos los dominios españoles, que en el acto hizo el virrey Abascal publicar por bando en la ciudad, a fines de julio de ese mismo año. En su consecuencia, el 30 de dicho mes, el vocal de la Diputación Provincial, Francisco Moreira y Matute se trasladaba al Tribunal a practicar el inventario de cuanto allí se encontrase, comenzando por el caudal depositado en el fuerte, que con la plata labrada de la capilla y otras alhajas ascendió a setenta y tres mil ochocientos ochenta y ocho pesos, que fueron trasladados a las cajas reales. De los estados presentados por el contador del Santo Oficio aparecía que el capital de los censos y valor de las fincas, tanto del fisco como de las obras pías, ascendían a la suma de un millón quinientos ocho mil quinientos dieciocho pesos. Inventariáronse todos los autos y papeles, poniendo en lugar aparte y reservado los de fe, índices de personas notadas, libros prohibidos y estampas deshonestas, las cuales fueron luego recogidas por el Arzobispo, y cuando todo presagiaba que los encargados del Virrey podrían terminar felizmente su cometido ocurrió un suceso inesperado.

     Alarmado, en efecto, el pueblo de la capital con que los libros de índices no se hubiesen destruido, quebrantó las puertas de las oficinas y cárceles y sustrajo a su antojo los papeles y parte de los muebles que encontró, y el destrozo hubiera, a no dudarlo, continuado más adelante, si el Virrey, noticioso de lo que pasaba, no hubiese enviado un piquete de tropa encargado de contener el desorden.

     He aquí como refiere esta escena Stevenson, que se halló presente.

     «La señora doña Gregoria Gainza, esposa del coronel Gainza, me comunicó que ella y algunos amigos habían obtenido permiso del Virrey Abascal para visitar el ex-tribunal; invitándome para que al día siguiente los acompañase, después de comer. Fui, según había prometido, y visitamos al monstruo, como se atrevían a llamarlo ya.

     »Por hallarse abiertas las puertas de la sala, entraron muchos que no habían sido invitados y al ver que para ello no había obstáculo, las primeras víctimas de nuestra furia fueron las sillas y la mesa, las que se destruyeron bien pronto; después de lo cual algunos echaron mano a las cortinas de terciopelo del dosel y las tiraron con tal fuerza que dosel y crucifijo vinieron al suelo con grandísimo estrépito.

     »Sacaron el crucifijo de entre las ruinas de la pompa inquisitorial y se descubrió que la cabeza era de movimiento.

     »Hallábase una escala escondida detrás del dosel, y de esta manera se explicó todo el misterio de la imagen milagrosa. Un hombre se ocultaba en la escala con las cortinas del dosel, e introduciendo la mano por un agujero, hacía que la cabeza se moviese de modo que indicara asentimiento o negativa.

     »¡Cuántas veces ha podido influir el empleo de esta impostura en personas inocentes para confesarse culpables de crímenes en que jamás pensaron!

     »Sobrecogidos por el miedo, y condenados por un milagro, como creían, dando lugar la verdad a la mentira, confesándose la inocencia, como tímida, culpable.

     »'Todavía hay víctimas en los calabozos' gritaban exasperados por el furor cuantos presenciaban esta escena; e inmediatamente se procedió a hacer un registro general, rompiendo con presteza la puerta que comunicaba con el interior. La que encontramos a continuación se llamaba del secreto, y como la palabra estimulaba la curiosidad, no tardó el obstáculo en ser derribado. Conducía a los archivos. Allí se encontraban hacinados en rimeros los procesos de los condenados o acusados ante ese tribunal; y allí pude leer los nombres de muchos amigos que estarían lejos de imaginarse que su conducta hubiera sido examinada por el Santo Oficio o de que su nombre se encontrara inscrito en tan espantoso registro. Algunos de los circunstantes descubrieron los suyos en las listas, las cuales tuvieron cuidado de guardarse.

     »Tomé de allí quince expedientes y me los llevé a casa, aunque resultaron de poca importancia. Cuatro por blasfemias tenían sentencia idéntica, que consistía en tres meses de reclusión en un convento, confesión general y otras penitencias, todas secretas. Las otras eran acusaciones de frailes solicitantes in confetione, a dos de los cuales conocía, y aunque era peligroso el descubrirlo, les referí después lo que había visto.

     »Había en el cuarto muchos libros prohibidos, que pronto encontraron dueño. Con gran sorpresa nuestra, descubrimos también una inmensa cantidad de pañuelos de algodón con dibujos. Éstos, desgraciadamente, habían desagradado a la Inquisición por tener estampada en el centro una imagen que tenía en una mano un cáliz y en la otra una cruz, colocada allí seguramente por algún imprudente fabricante que pensaba asegurar compradores con tan devotas pinturas; pero que no se acordó del horrible pecado de sonarse y escupir sobre la cruz. Para evitar semejante crimen, este religioso tribunal tomó las mercaderías al por mayor, olvidándose de pagar su importe al dueño, quien, sin embargo, debía considerarse afortunado con que no le llevaran todo el almacén.

     »De este cuarto nos dirigimos a otro que, con gran sorpresa e indignación, vimos que era el del tormento. En el centro había una mesa muy sólida, como de ocho pies de largo por siete de ancho, en uno de cuyos extremos se notaba un collar de hierro que se abría horizontalmente en el medio, para recibir el cuello de la víctima; a cada lado del collar había también gruesas correas con hebillas, para sujetar los brazos cerca del cuerpo, y a los lados de la mesa, para las muñecas, correas con hebillas, que se comunicaban con cuerdas colocadas debajo de aquélla y aseguradas al eje de una rueda horizontal; al otro extremo, dos correas más para los tobillos, con cuerdas atadas a la rueda de un modo semejante. Así, era evidente que estendiendo el cuerpo de una persona sobre la mesa y haciendo girar la rueda se podía tirar en ambas direcciones al mismo tiempo, sin ningún riesgo de ahorcarle porque las dos correas de debajo de los brazos, cerca del cuerpo, evitaban ese peligro; pero, sin embargo, todas las articulaciones podían dislocarse.

     »Después que se descubrió el diabólico objeto de esta maquinaria, todos se estremecieron e involuntariamente miraban hacia la puerta como temerosos de que se cerrase sobre ellos. Al principio se oían maldiciones por lo bajo, que luego se cambiaron en terribles imprecaciones contra los que inventaron y usaban de tales tormentos; pero también llovían bendiciones sobre las Cortes por haber abolido ese tiránico tribunal.

     »En seguida, examinamos un cepo vertical allegado a la muralla; tenía un agujero grande y dos más pequeños, y al abrirlo, levantando la mitad del aparato, percibimos hoyos en la pared, siéndonos fácil darnos cuenta del objeto del instrumento. Se aseguraban bien los puños y el cuello del culpable en los agujeros del cepo, escondiéndose la cabeza y las manos en la muralla; así los legos dominicos podían azotarles sin peligro de ser reconocidos y se evitaba el que se les descubriera por cualquier accidente.

     »En las paredes se veían colgadas disciplinas de diferentes materiales, algunas de sogas anudadas y no pocas tiesas con la sangre; otras de cadenas de alambre con puntas y ruedecillas como las de las espuelas; éstas también estaban manchadas de sangre; cilicios de tejidos de alambre con puntas salientes, como de un octavo de pulgada, hacia el interior, cubiertos con cuero por el esterior y provistos de cordeles para amarrarlos. Los había de diversos tamaños, para la cintura, los muslos, las piernas y los brazos. Las murallas también se veían adornadas con camisas de crin, que no serían de un uso muy agradable después de una flagelación; huesos humanos con una cuerda a cada extremo para amordazar a los que hablaban más de lo necesario, y mordazas destinadas al mismo objeto, hechas con dos pedazos de caña atados en los extremos, que abriéndolos en el medio, al ponerlas en la boca, y amarrándolas detrás de la cabeza, como las de hueso, apretaban la lengua con gran fuerza.

     »En un cajón había muchas argollas para los dedos, hechas de pequeños pedazos de hierro en forma de semi-círculos o medias lunas, con un tornillo en uno de sus extremos, de manera que colocándolas en el sitio adecuado, se podían apretar todo lo que se quisiera, aun hasta el punto de reventar las uñas y romper los huesos.

     »Viendo semejantes elementos de tortura, ¡quién podría disculpar a los monstruos que los usaban para establecer la fe enseñada por el dulce, humilde y santo Jesús con sus preceptos y divino ejemplo! ¡Ojalá que el que no los maldiga, como merecen, caiga en poder de esos infames!

     »Fue destruido en un instante el tormento y el cepo, porque tal era el furor de más de un centenar de personas que allí habían logrado entrar, que aunque hubieran sido de hierro no habrían resistido a la violencia y empuje de los asaltantes. Hallábase en un extremo un caballo de madera pintado de blanco; supúsose luego que debía ser otro instrumento de tortura; pero más tarde se supo que una víctima de la Inquisición que, quemada, fue declarada después inculpable, como una satisfacción a su muerte, se había declarado públicamente su inocencia, y su efigie vestida de blanco y montada en ese caballo, paseada por las calles de Lima. Alguien dijo que el individuo de que se trata había sido procesado en Lima, otros que en España, y que por un decreto del inquisidor General se había llevado a cabo esta farsa donde quiera que existía un Tribunal de Inquisición en los dominios españoles. Penetramos hasta los calabozos, que hallamos todos abiertos y vacíos, y que, aunque diminutos, no eran del todo incómodos para ser prisión. Algunos tenían un pequeño patio anexo; otros, más solitarios, ninguno.

     »Habiendo examinado todos los rincones de tan misteriosa prisión, nos retiramos ya de noche, llevándonos libros, papeles, disciplinas, instrumentos de tortura, etc., etc., muchos de los cuales se repartieron en la puerta, especialmente varios de los pañuelos criminosos.»

     A consecuencia de este atentado, se mandó por el Virrey publicar bando y por el Arzobispo se fulminaron censuras para que los asaltantes devolviesen los papeles y especies sustraídas, disposiciones que produjeron tan buen resultado que el menoscabo de papeles pareció de muy poca consideración.

     Siguiose, con todo, pagando sus asignaciones a los ministros del Tribunal, con excepción de Piélago que había aceptado el corregimiento de Canta y algún otro empleado subalterno, hasta que Fernando VII mandó restablecer nuevamente los Tribunales de la Inquisición, por decreto de 21 de julio de 1814, que insertamos aquí según el texto de la copia que se envió al Presidente de Chile.

     «El Rey nuestro señor se ha servido expedir el decreto siguiente: El glorioso título de católico con que los reyes de España se distinguen entre otros príncipes cristianos, por no tolerar en el reino a ninguno que profese otra religión que la católica apostólica romana, ha movido poderosamente mi corazón a que emplee, para hacerme digno de él, cuantos medios ha puesto Dios en mi mano. Las turbulencias pasadas y la guerra que afligió por espacio de seis años todas las provincias del reino; la estancia en él por tanto tiempo de tropas extrangeras de muchas sectas, casi todas inficionadas de aborrecimiento y odio a la religión católica; y el desorden que traen siempre tras sí estos males, juntamente con el poco cuidado que se tuvo algún tiempo en proveer lo que tocaba a las cosas de la religión, dio a los malos suelta licencia de vivir a su libre voluntad, y ocasión a que se introdujesen en el reino y asentasen en él muchas opiniones perniciosas, por los mismos medios con que en otros paises se propagaron. Deseando, pues, proveer el remedio a tan grave mal y conservar en mis dominios la santa religión de Jesucristo, que aman y en que han vivido y viven dichosamente mis pueblos, así por la obligación que las leyes fundamentales del reino imponen al príncipe que ha de reinar en él, y yo tengo jurado guardar y cumplir, como por ser ella el medio más a propósito para preservar y cumplir a mis súbditos de disensiones intestinas y mantenerlos en sosiego y tranquilidad, he creído que sería muy conveniente en las actuales circunstancias volviese al ejercicio de su jurisdicción el Tribunal del Santo Oficio, sobre lo cual me han representado prelados sabios y virtuosos, y muchos cuerpos y personas, así eclesiásticas como seculares, que a este Tribunal debió España no haberse contaminado en el siglo XVI de los errores que causaron tanta aflicción a otros reinos, floreciendo la nación al mismo tiempo en todo género de letras, en grandes hombres y en santidad y virtud. Y que uno de los principales medios de que el opresor de la Europa se valió para sembrar la corrupción y la discordia de que sacó tantas ventajas, fue el destruirle, so color de no sufrir las luces del día su permanencia por más tiempo, y que después las llamadas cortes generales y extraordinarias, con el mismo pretexto y el de la constitución que hicieron tumultuariamente, con pesadumbre de la nación, le anularon. Por lo que, muy ahincadamente me han pedido el restablecimiento de aquel Tribunal; y accediendo yo a sus ruegos y a los deseos de los pueblos que en desahogo de su amor a la religión de sus padres han restituido de sí mismos algunos de los Tribunales subalternos a sus funciones, he resuelto que vuelvan y continúen por ahora el Consejo de Inquisición y los demás Tribunales del Santo Oficio, al ejercicio de su jurisdicción, así de la eclesiástica, que a ruegos de mis augustos predecesores le dieron los pontífices, juntamente con la que por sus ministros los prelados locales tienen, como de la real que los reyes le otorgaron, guardando en el uso de una y otra las ordenanzas con que se gobernaban en 1808 y las leyes y providencias que para evitar ciertos abusos y moderar algunos privilegios, convino tomar en distintos tiempos. Pero como además de estas providencias, acaso pueda convenir tomar otras y mi intención sea mejorar este establecimiento, de manera que venga de él la mayor utilidad a mis súbditos, quiero que luego que se reúna el Consejo de Inquisición, dos de sus individuos con otros dos de mi Consejo Real, unos y otros, los que yo nombrase, examinen la forma y modo de proceder en las causas que se tienen en el Santo Oficio y el método establecido para la censura y prohibición de libros; y si en ello hallasen cosa que no sea contra el bien de mis vasallos y la recta administración de justicia, o que se deba variar, me lo propongan y consulten para que acuerde yo lo que convenga. Tendreislo entendido y lo comunicaréis a quien corresponda. -Palacio, 21 de julio de 1814. -YO EL REY.»

     Cuando esta noticia llegó a Lima a fines de septiembre, vivían todavía Abarca, Zalduegui y Ruiz Sobrino, y según noticia de ellos mismos, el Virrey «se había propuesto por objeto no contribuir al cumplimiento de lo que nuestro católico monarca tiene ordenado, y ya que le faltó el valor para una declarada oposición, trata de entorpecer las reales resoluciones por medios indirectos, atropellando y vejando las prerrogativas del Santo Oficio en odio a su restablecimiento; y la verdad que la retardación de diez y ocho días en contestar nuestro primer oficio, con escándalo del pueblo; en no prestarse a la publicación por bando que se le propuso; en no haber circulado la real orden, según se le manda, y el haberse negado enteramente a la pronta devolución en todo y en parte del dinero y alhajas que de su orden se pasaron a cajas reales, son pruebas nada equívocas de su oculto designio.» «Éstas son, añaden, más adelante, las lastimosas circunstancias en que se ve este Tribunal, sin fondos de que disponer para sus atenciones, privado, por su falta, de reducir a prisión varios reos mandados recluir aun antes de su suspensión, postergado dos meses hace el pago de los ministros de sus respectivos sueldos, los edificios del Tribunal faltos de lo más preciso y en la mayor indecencia...»

     Mientras los inquisidores vivían ausentes de su nido, las cárceles del Santo Oficio no se habían visto solitarias: las autoridades españolas habían allí encerrado a los que por insurgentes eran enviados a la capital del virreinato de las diversas provincias que luchaban entonces por su independencia.

     Como se sabe, las Cortes liberales de 1820, por decreto de 9 de marzo, abolieron definitivamente los Tribunales del Santo Oficio. «Esta supresión, cuenta un escritor peruano, fue recibida en Lima, según las noticias que se nos han dado, con frenéticas muestras de entusiasmo. La muchedumbre expresaba en su locura la transición que hacía de un estado de continuas alarmas y de inseguridad, a otro en que se podía reposar sin temor en el hogar doméstico.

     »Como en 1821 se juró en Lima la independencia del Perú, quedó confirmada de hecho la supresión del Santo Oficio. Los bienes que éste poseía pasaron al dominio del Estado, y su administración se confió a una oficina llamada Dirección General de Censos. Estos bienes fueron destinados a la instrucción pública, con el objeto, sin duda, de emplear en el progreso intelectual los mismos recursos de que antes se había echado mano para detenerlo.»

 

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