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Historia del Tribunal de la Inquisición de Lima: 1569-1820

José Toribio Medina

Capítulo XXV

Capítulo XXV

El Consejo reprende a los inquisidores. -Vicios cometidos en la causa de Ana de Castro. -Ídem del padre Ulloa. -Ídem de Pedro Núñez. -Dilapidación de caudales. -Vida escandalosa de Sánchez Calderón y Unda. -Nómbrase visitador al doctor Arenaza. -Es recibido en Lima y destierra a sus colegas. -Sus procedimientos en el Tribunal. -Su amistad con el Virrey y los jesuitas. -Mándase suspender la visita.


     De tales vicios habían estado plagadas las causas de fe tramitadas por el Tribunal en los últimos años que, con referencia a las relaciones enviadas por los inquisidores en carta de 13 de abril de 1737, el Consejo proveyó un auto acordado en que, después de sentar que iban «diminutas y cautelosas», resultando de ellas la ignorancia e inordinación con que se procedía aun en las materias más claras, añadía estas textuales palabras: «que quedaba el Consejo con el mayor desconsuelo y escándalo, por ver como se trataban los negocios de la religión, en ofensa suya y de la justicia, y del honor del Santo Oficio». Concluyendo por manifestar que si en adelante no se condujesen los ministros con la correspondiente integridad y observancia de las leyes, se les quitarían sus empleos; amenaza que iba dirigida especialmente a Sánchez Calderón, pues Ibáñez, que en sus últimos años había caído en una especie de insensatez, era ya muerto, Unda no pasaba de ser un mero instrumento suyo, y el fiscal Mateo de Amusquíbar podía decirse que acababa de llegar.

     Acaso la resolución del Consejo hubiera sido por entonces diversa, si hubiese estado en posesión de todos los antecedentes ocurridos en el curso de los procesos, en cuya relación se había tenido cuidado especial de omitir circunstancias de gravedad, y que uno de los mismos jueces hubo de revelar más tarde.

     Sea el primero el de Ana de Castro, quien, como se recordará, fue entregada a la justicia secular, para ser ahorcada y quemada enseguida en el brasero. Por él «reconocerá Vuestra Alteza, significaba al Consejo el juez aludido, cuán temerariamente se quitó la vida a esta reo, contra órdenes expresas de Vuestra Alteza.»

     Los antecedentes enviados a España alcanzaban hasta el momento en que debía darse tormento a aquella infeliz, estando ya votada a relajación. Esperaba el Consejo, con este motivo, «que si de la diligencia del tormento y audiencia con calificadores antecedentes, resultase no arrepentirse la reo y confesar su delito, sino mantenerse en el mismo estado de negativa, sin novedad alguna, se ejecute en ella la sentencia de relajación; y sobreviniendo novedad, confesando sus delitos y estimándola arrepentida, se le reconciliará en forma».

     Sucedió que el día antes de salir al suplicio, la Castro solicitó y obtuvo dos audiencias voluntarias, «en las cuales no parece puede dudarse que confesó lo que bastaba y sobraba, sino para tenerse por verdaderamente arrepentida, de modo que se le hubiese de admitir luego a la reconciliación...; porque en aquel conflicto y natural turbación y bajo de una pregunta general, ¿qué más pudo hacer ni expresar una pobre mujer, especialmente ignorando, como debía ignorar, la celada que le tenía armada Calderón (que hacía de fiscal) en el efugio de si contestaba o no enteramente con todos sus cómplices y particulares sucesos de sus observancias?»

     No constaba, además, del proceso que se le hubiese notificado el auto de relajación, ni del cuaderno de votos aparecía comprobación alguna de este acuerdo, y aun en caso de que hubiese existido, era nulo por haberse verificado sin asistencia del Ordinario, pues aunque se daba por cierta la de éste y tres consultores, sólo se veían allí las rúbricas de Ibáñez y Unda. Y lo cierto fue que a pesar de las confesiones de la Castro, ocurridas el día que precedió al de su muerte, ni siquiera se reunieron los jueces ni el Ordinario para acordar una nueva resolución cualquiera.

     «Estos excesos tan graves, que parecen eran sin igual, continúa Amusquíbar, no merecieron la prerrogativa de únicos, por los que cometieron mis colegas en la causa contra el padre Juan Francisco de Ulloa; y si Vuestra Alteza se sirve de cotejar lo dispuesto por las instrucciones y lo actuado en esta causa, no dudo que ha de crecer en el justicado y piadoso animo de Vuestra Alteza al último grado el escándalo con que dice estaba de ver los excesos cometidos en las otras causas y el deseo de poner el más pronto remedio para atajarlas».

     Habíase, en efecto, comenzado en ella por contravenir a instrucciones expresas, iniciándola contra la memoria del reo sin «tener entera probanza para lo condenar», cómo se ordenaba, y había, por fin, sido mandado relajar en estatua, no sólo mediando discordia en los votos, sino pareceres para que fuera absuelta aquella, mediando únicamente en contra el voto del inquisidor Unda, y dos consultores: «de que resulta, terminaba Amusquíbar, de que duplicadamente contravinieron mis colegas a dicha instrucción, pues, ya que no distinguieron si era o no esta causa de relajación, debieron, según la misma instrucción, ejecutar el voto de los más, que absolvieron al reo».

     «Pero el gran celo del inquisidor Calderón, que había hecho de fiscal, para que no faltase al auto público que se había dispuesto, está tan especial solemnidad y sonada circunstancia, allano todas estas dificultades, inventando nuevos modos de proceder en el Santo Oficio. Hizo que se volviese a votar la causa en grado de revista, sin haber interpuesto apelación o recurso alguno; y para no errar el tiro, llamaron para esta segunda votación a los dos consultores que en la primera estuvieron contra el reo; excluyeron a los dos que votaron en su favor, y también al Ordinario, que ahora es obispo de Guamanga, asistiendo como tal el cura del Callao, quien habla dado censuras muy acres como calificador a los cuadernos de pláticas que se suponían ser del reo. No paró aquí su actividad. Dispuso que se votase en día feriado y en que el inquisidor Ibáñez se excusó de asistir, y que en lugar de los dos consultores excluidos hiciesen de tales el Conde de las Torres, oidor de esta Real Audiencia, su estrecho amigo, y don Francisco Javier de Salazar, alcalde del crimen, de genio (según dicen) harto criminal. Todos los cuales habiéndose impuesto en autos tan difusos y dificultosos en el breve espacio de una mañana, votaron conformes la relajación y se ejecutó ésta en 23 de diciembre de dicho año (l736)».

     Pero si estos detalles los ignoraba el Consejo, los tenía y muy completos respecto de lo que había ocurrido en la causa de Pedro Núñez de la Haba, natural de Trujillo, en el Perú, cuya sentencia conocemos. Así sabía que desde las audiencias de oficio hasta la acusación, habían mediado dos años que habiéndose fugado el reo, su mismo padre lo había presentado al Tribunal, lo que no había obstado para obligarle a pagar hasta el último centavo gastado en la conducción de su hijo; que a éste, luego de restituido a la prisión, se le habían aplicado doscientos azotes por la fuga que realizara, y que, habiéndole declarado solamente sospechoso los calificadores, se le votó como hereje formal, teniéndose por «injusto y atentado» todo lo obrado en la causa desde el auto de prisión, y, en consecuencia, también por nula su reconciliación con sambenito.

     Si esto estaba ocurriendo con los presos del Tribunal, en las causas civiles, Unda o no asistía a fallarlas a causa de su gota, o por su ciega condescendencia con su colega, rara vez era juez más de en el nombre, de que nacían «varias monstruosidades y contradicciones», siendo no la menor el que contra órdenes expresas y recientes del Consejo, Calderón hacia prevalecer disposiciones suyas y aún su mero antojo.

     No se observaban tampoco los mandatos superiores que regían en la admisión de los pretendientes a oficios, y se suspendía o expedía a los que los ejercían con legítimo título, como había acontecido con Jerónimo de la Torre, secretario de secuestros, y con otros.

     Distribuían las dotes de los patronatos a personas tales «que unas no pueden nombrarse sin escándalo, otras acomodadas, incapaces o indignas, prefiriéndolas por sólo ser dependientes de algunos sujetos a quienes el inquisidor Calderón quería hacer este obsequio».

     Las visitas de cárceles no se practicaban conforme a las instrucciones, notándose además en ellas abandono y excesos punibles.

     Calderón había gastado más de cinco mil pesos en adornar sus habitaciones, y por haberse opuesto a que el receptor interino Juan Esteban Peña renovase su fianza, con la quiebra que hizo, había sido el Tribunal defraudado en considerables sumas.

     Las noticias que desde este punto de vista llegaban al Consejo eran verdaderamente alarmantes. Se decía, en efecto, que el receptor Manuel de Ilarduy resultaba alcanzado en más de doscientos treinta mil pesos, y se añadía que en otros ramos, como eran «fisco, buenas memorias, reducciones de censos, se comprendían partidas de consideración de más alcance suyo».

     Unda, que al partir de España en 1735 había recibido encargo especial de estudiar esta materia, informaba más tarde, al tomar posesión de su destino, a principios del año siguiente, que en cuanto a la limpieza con que se administraban los caudales, sólo había notado un disgusto, nacido de que Sánchez Calderón instaba al receptor para que rindiese las cuentas que tenía a su cargo, depositando los alcances en arcas del Tribunal, y que por su oposición, se había procedido a embargar sus bienes, diligencia que se suspendió en virtud de recado verbal de Ibáñez, que había hecho sospechar que estaba en colusión con él; mas, que al día siguiente cuando se trató de continuar el embargo, el receptor había ocultado una cantidad de plata entalegada y muchísima ropa de la tierra y de Castilla que tenía almacenada, encontrándose los alguaciles con sólo un platillo y las vinajeras del servicio de un oratorio.

     No contento con este paso, Ilarduy sabiendo que el nuevo inquisidor venía de camino, se escapó de Lima, saliéndole al encuentro en el pueblo de Guaura, para ponderarle los agravios que se le hacían, muy ajenos, según declaraba, a su fidelidad, cuidado y limpieza en la administración de los fondos que corrían a su cargo; añadiendo que se le estaba ya llamando por edictos y pregones y que sin duda se le pondría en prisión: todo deducido, a su juicio, de la enemistad que le profesaba Sánchez por «particulares pasiones». Asegurole allí el recién llegado que, si como afirmaba, no había fraude ni colusión de por medio, se regresase tranquilamente a Lima, que él le garantizaba que no sólo no se le molestaría, sino que continuaría en el oficio, siempre que sus cuentas apareciesen en debida forma. Vino en ello Ilarduy, y aunque tardó en llegar a Lima bastantes días y que enseguida pidió término para la rendición de cuentas, al fin reintegró cincuenta y tantos mil pesos de alcances, tomándole Calderón, además de otras partidas de consideración, una escritura de más de setenta mil que a su favor le otorgara un Miguel Gómez de los Ríos, pariente inmediato de aquel, ascendiendo de esta manera el embargo a más de ciento sesenta mil pesos.

     Unda había traído en su compañía a Ignacio de Irazábal, en calidad de secretario del Secreto, que Ilarduy se llevó a vivir a su casa, captándoselo de tal manera, que hallándose de contador del Tribunal, aprobó sin reparos una cuenta suya que después resultó plagada de vicios irresolutos, y no contento con esto, se avanzó hasta ofrecer a Unda una crecida cantidad y cancelarle los préstamos que había contraído para gastos de su transporte, a condición de que autorizase su restitución al oficio (y que al fin hubo de conseguirlo en España), siempre que otorgase fianzas competentes.

     Con motivo de la manifiesta parcialidad de Irazábal, este fue igualmente separado del destino, como lo fue también Jerónimo de la Torre, otro de los secretarios, que había perdido públicamente el respeto al Tribunal, negándose a cumplir cierta orden que este le diera. Pero Calderón y Unda que tan severos se mostraban de esta manera, dejaron, sin embargo, en su puesto a Romo el alcaide, compadre y amigo del receptor, a pesar de que se justificó que había facilitado a este medios de introducir en el fuerte (nombre con que se designaba la caja del tesoro) parte de las cantidades que de él había sacado para sus negocios; guardándose muy bien los jueces de expresar en sus informaciones cual era la causa de esta singular tolerancia hacia el cómplice del hombre contra quien de esta manera procedían. Mas no les faltaba razón para ello.

     Era Romo padre de dos muchachas llamadas Magdalena y Bartola. Cayó esta en gracia a Calderón, y como habitaban el mismo edificio, se intimó tanto luego con ella que se la llevó a vivir a su lado, no sin que la joven le hiciese padre de varios hijos, tres de los cuales, que eran mujeres, hizo entrar de monjas en el convento de Santa Catalina, donde eran conocidas sólo por nombre de las inquisidoras. Unda, en llegando a Lima, conoció también a Magdalena, y como tenía por dentro de la casa y de las cárceles secretas comunicación con las habitaciones de la familia del alcaide, trabó luego relaciones con ella, con grandísimo descaro y nota pública, y como con esto diera en galán, no tardó tampoco en exhibirse con chupa de tisú, bien almidonada camisola, pañuelo bordado, y encajes en la gorra y cuello.

     Todos los que se habían visto así maltratados por los iquisidores, dirigieron sus esfuerzos a desunirlos, insinuando desde luego a Unda que públicamente se murmuraba de su miedo hacia el colega y de cuan ceñido se hallaba a sus resoluciones, sin aprecio por esto en la opinión, que lo pintaba como si viviese metido debajo de una mesa. Pero tales empeños debían por esta parte resultar vanos, ligados como se hallaban los jueces del Santo Oficio por tan estrechos lazos de familia...

     La vida que ambos llevaban se había hecho tan pública que el fiscal Amusquíbar lo supo viniendo de camino, y como si esto no fuese aún bastante, era notorio a todos que Unda se dejaba corromper con dádivas en la administración de justicia y que Calderón comerciaba por mar y tierra, bajo el nombre de un capellán suyo, y con tal usura que sólo en el año de 1739 había remitido a España ochenta mil pesos. Este mismo tráfico, para el cual se habían sustraído de la caja del Tribunal los fondos necesarios (que se devolvieron a tiempo) le habían proporcionado también hacerse dueño de una valiosa propiedad a las puertas de Lima.

     Cuando el Consejo se hallaba ya en posesión de tales antecedentes, llegaron a España Felipe de Altolaguirre, secretario que había sido del Marqués de Villagarcia, y yerno de Ilarduy, acompañado de un religioso; llevando entre ambos cien mil pesos, destinados a servirles en la corte de poderoso auxiliar en sus pretensiones de informar en contra del inquisidor Calderón. Ilarduy había despachado antes a otro emisario, también con buenos pesos, para negociar su restitución al empleo de que fuera separado, y como se ha visto, con éxito completo. No podía, pues, esperar inferior resultado de la comisión que acababa de confiar a su hijo político, que en aquellas circunstancias había de gestionar por él con mayor empeño y mejores recomendaciones. Y tan seguro de ello estaban Altolaguirre y el religioso, que, desde antes de salir de Lima y en Buenos Aires, cuya ruta siguieron, publicaban que no regresarían al Perú sin haber conseguido separar de su plaza al inquisidor Sánchez Calderón.

     El Consejo, en efecto, persuadido de lo que ocurría en el Tribunal de Lima y merced al dinero de los delegados de Ilarduy, acordó nombrar visitador, que con las instrucciones del caso y gran suma de poder, se trasladase al Perú a remediar los abusos que de tanto tiempo atrás se le tenían denunciados.

     Fijó su elección aquel alto cuerpo en la persona del doctor Pedro Antonio de Arenaza, provisor, vicario general e inquisidor de Valencia, a quien para que aceptase se le prometió sueldo de catorce mil pesos, y agregados. Y como si esto no bastase, los enviados de Ilarduy, que eran vizcaínos como él, según asevera Calderón, le representaron que era aquel un negocio que había de proporcionarle crecidos caudales, ya de las multas que podía sacar a los inquisidores, a quienes se pintaba poderosos y cargados de plata, ya porque podía beneficiar los corregimientos de Piura y el Cercado, por los cuales le ofrecían desde luego treinta y seis mil pesos; ya porque ellos mismos habían de costearle el viaje, ya, en fin, por el tráfico de los ricos géneros que podría llevar; asegurándole que a su regreso a España no se sentaría en el Consejo sin traer menos de cien mil pesos.

     Consiguiose con el Rey que se permitiese a Arenaza embarcarse en navío de Portugal, por temor a las escuadras inglesas; y después de proveerse de sesenta cargas de mercaderías preciosas y de algunos negros, destinados todo a venderse, el visitador y Altolaguirre salían de Lisboa en dirección a Río de Janeiro, adonde llegaban, a mediados de 1744, después de sesenta y dos días de viaje, «hechos un esqueleto, enteramente desfigurados, como todos los demás del navío».

     A principios de noviembre Arenaza se hallaba en Buenos Aires, donde tuvo noticias de que en Lima se sabían ya todas las circunstancias de su viaje, lo que le hacía exclamar: «así vuelan estas noticias, y así se resguardan los recelosos de su conducta.»

     Siguió desde allí por tierra hasta Santiago, en compañía del obispo recién nombrado, don Juan González Melgarejo, entrando en la ciudad en medio de las demostraciones públicas con que manifestaba «su gran veneración en obsequio del Santo Oficio, acción muy propia de la nobleza de su solar», llegando, por fin, a Lima a principios de mayo de ese mismo año. El 15 presentó sus despachos, y acto continuo, en compañía de los demás inquisidores y ministros pasó a tomar razón del dinero que existía depositado en el fuerte. Dos semanas más tarde, una mañana, al bajar de sus habitaciones a la capilla, para oír la misa, el notario de la visita notificaba a Unda que se trasladase a la residencia de Amusquíbar, donde estaba ya Arenaza, y quien en el acto de entrar Unda, hizo que el notario le advirtiese que incontinenti, tal como se hallaba, se metiese en un forlón que esperaba a la puerta y en compañía de un secretario se trasladase al convento de franciscanos del inmediato pueblo de la Magdalena, con prohibición de que tanto en el camino como allí comunicase con persona alguna. En seguida, sin pérdida de momento, el visitador en persona pasó a practicar el embargo de sus bienes, cerrando y asegurando previamente todas las puertas de la casa y poniendo en ella guardia de soldados durante un día.

     El 3 de abril por la mañana se cerraban las puertas de la Inquisición, resguardadas por cuarenta soldados de la guardia del Virrey, e inmediatamente, el alguacil mayor, cuyo cargo desempeñaba de nuevo el mismo Irazábal, antes separado, dejando dos centinelas del lado de afuera, penetraba, en unión de otro corchete, a las habitaciones de Calderón. Estaba éste en cama hacía tres días, y en aquel momento se hallaba asistido por su médico y un capellán, a quienes hizo salir de la estancia tan pronto como el alguacil le previno que iba a leerle un auto del visitador en que se le advertía que quedaba suspendido de su oficio de inquisidor, que se le mandaban embargar sus bienes y que él mismo debía salir desterrado a Limatambo. Y sin más tardanza, Irazábal cogió las llaves de todas las puertas, cajas y baules, y procedió a inventariar cuanto encontró en la casa, diligencia que por no haberse podido terminar ese día hubo de continuarse en el siguiente. Mientras tanto, Calderón no se movió de su lecho, vigilado ya no sólo por los soldados, sino por dos frailes franciscanos que allí se le pusieron «como monumento», todos con orden de que no se permitiese al preso hablar con persona alguna, ni dejar salir a nadie de la casa. Al otro día, el inquisidor, acompañado del secretario Altuve, salía en el coche de Amusquíbar (no habiéndosele permitido enganchar el suyo) y atravesando la ciudad, llegaba a la hacienda elegida para su destierro, donde ya le aguardaban dos religiosos dominicos encargados de custodiarle, para ponerse nuevamente en marcha el 3 de mayo con dirección a Guaura, villa a que se había removido su carcelería.

     Dejáronse los soldados a las puertas del Tribunal durante un mes, continuando el embargo de cuanto se halló, de propiedad de Calderón, inclusa la chácara, para cuyas diligencias se habilitó al mismo Jerónimo de la Torre, que también había sido antes suspendido; se despacharon chasques en busca de otros bienes a partes distantes, y se llamó a declarar a los que se denunció como que tenían en su poder valores o especies del inquisidor suspenso. «Viendo que en todo lo embargado, dice éste, no había para adquirir dicho señor visitador, los crecidos caudales que por vía de multa le habían representado mis émulos, pues lo principal que se hallaba entre mis bienes resultaba ser extraño, por varias confianzas que de mí habían hecho sus dueños, que lo repetirían, dispuso la astucia manifestar fingida compasión, proponiéndome hacer embargo de los alzamientos hechos, con condición de que diese fianza de cincuenta mil pesos por las resultas de juzgado y sentenciado, ofreciendo, en consecuencia, que con dicha cantidad y veinte mil pesos del inquisidor Unda, se cancelaría la visita, se compondría todo a voluntad de las partes y seríamos restituidos a nuestras plazas.»

     Mientras Calderón y su colega permanecían alejados de Lima, Arenaza empezó a comerciar desde luego en el despacho de negros y géneros que había traído, tráfico que como se hiciese notorio en la ciudad, se valió de los jesuitas, que le franquearon una pieza en el convento para que el secretario Gabiria vendiese los negros y mercaderías.

     Los ministros que habían recibido títulos del Santo Oficio fueron obligados a presentarlos, recogiéndose los de algunos que los habían obtenido sin la pureza necesaria y especialmente los de muchos allegados o parientes de escribanos. En cambio, todos los oficiales que estaban como interinos, fueron nombrados en propiedad, y además, un quinto secretario para que hiciese oficio de fiscal, «siendo un colegialillo ridículo que nunca ha podido leer una cátedra», dándose preferencia a todos los que como el visitador y Amusquíbar eran vizcaínos. Ilarduy, entretanto, seguía recaudando todas las dependencias de Arenaza, por medio de un soldado que le estaba asignado de ordenanza, arrancando de este modo a los deudores, no sólo el principal sino también crecidos intereses; y de este modo los negocios y lucros del visitador, al cabo de muy pocos meses, se hallaban en tal estado de adelanto que pudo remitir por la vía de Portugal cuarenta mil cuatrocientos pesos en oro.

     Arenaza, que en Chile había sido muy atendido por el presidente don José de Manso, y a quien éste ocupó luego de su elevación al virreinato para que por conducto del Santo Oficio le encaminase a España ciertos pliegos, se hallaba con él en las mejores relaciones. Esmerose Lima en celebrar su promoción regalándole con fiestas y ocho días de toros, a que asistió el visitador en su palco, «echado de pechos en el balcón, con los brazos de fuera, dando a las damas, dulces y helados él propio con grande desenvoltura, tanto que llegaron a tirar desde más arriba a capadas las cáscaras de naranjas.»

     Los términos en que se hallaba con los jesuitas, que eran los que habían enviado a intrigar a Madrid a uno de los suyos contra los inquisidores, en compañía de Altolaguirre, y que después, como acabamos de ver, habían facilitado sus propios claustros para que Gabiria expendiese los negros, terciopelos y sederías del visitador, no eran menos íntimos, extendiendo sus agasajos, no sólo a éste, sino también a su secuaz Amusquíbar. Con ocasión de los días del santo de este último, invitaron a ambos los padres a su hacienda de Bocanegra, donde desde la víspera les tenían preparadas fiestas y saraos, aunque se sabía que estas manifestaciones y condescendencias no eran tan desinteresadas que no fuese ya voz común que todo lo hacían «por ver cómo habían de ocultar otra causa que el Santo Tribunal había o tenía contra otro teatino, y aun tenían mandado prenderle, y pusieron, quitado el reo, otro, mudado el nombre». Se añadía aún que la intimidad no paraba en eso, pues se juntaban en casa del Virrey, y que allí habían, entre otras cosas, acordado en la causa de Calderón que se le trajese preso a las cárceles secretas del Tribunal, y aun que lo hubieran ejecutado así, a no haber ocurrido en el Consejo la novedad que referiremos.

     Lo cierto era, sin embargo, que estas estrechas relaciones de los jesuitas con los inquisidores triunfantes, comenzaban a costarles caro. En efecto, el padre Zovalve, que había escrito a España contra los depuestos, había muerto «sin poder siquiera decir Jesús», a las once horas de firmada su carta; se había prendido fuego a los cañaverales de azúcar de la hacienda en que se había dado el convite a Arenaza y compañero, en el punto mismo en que ambos se retiraban de allí, incendio que les valía cincuenta mil pesos de pérdida; y, por fin, al día siguiente de aquel en que el padre Silvestre Moreno había contribuido a acordar la prisión de Calderón, moría repentinamente.

     Se temía en vista de estos hechos que el fin del mundo debía estar próximo, «queriendo Dios empezar por este Santo Tribunal de la fe, decía un contemporáneo, porque ha decrecido tanto de sí que no puede ser más, y según todos dicen, no será posible vuelva jamás a aquel pundonor en que antes estaba, porque todos vemos que en él no hay más que codicia, falsedad y tiranía.»

     Calderón, a todo esto, no cesaba de manifestar al Consejo lo que estaba ocurriendo, pintando al mismo tiempo el triste estado a que se veía reducido, con sus bienes embargados, casi teniendo que comer de limosnas, con sus amigos perseguidos por la parcialidad de vizcaínos que aseguraba se había adueñado del Tribunal, «porque se dirige su maldad a sofocar mi paciencia y ver si logran acabar conmigo, porque no haya quien saque a luz sus violencias, injusticias y tropelías, y la suma decadencia, deshonor y desautoridad a que ha llegado el Tribunal, mayormente con haberse hecho los padres de la Compañía árbitros de la voluntad de dicho visitador y su compañero Amusquíbar, quienes reputándolos en gran precio y utilidad, han resignado su voluntad en ellos, de forma que hoy se gobierna la Inquisición por este conducto, sin que haya para ellos Inquisición, ni para los que son de su afecto e inclinación.»

     La condición de los reos, en medio de todo este desbarajuste, era lamentable, sin habérseles concedido siquiera una sola audiencia, «pareciendo por esas calles sin esperanza de su despacho, y valiéndose de muchos de ellos los ministros para sus fábricas particulares». Con el temblor grande, en efecto, ocurrido en octubre de 1747, las casas de la Inquisición se habían arruinado, aprovechando de ellas Arenaza sólo algunos materiales para labrar su vivienda, «fuera de lo que usurparon los peones, que daban los palos que valían diez y doce pesos, por cuatro reales, y su soldado no dejó cosa perteneciente al Tribunal que no vendiese sus maderas». Así, hubo que trasladar la Inquisición «al patio de un colegio particular, fabricándole de firme muy estrecha e incompetente, pero a conveniencia, acompañada y resguardada de costados de familias de ambos sexos, sin más resguardo que una leve quincha, y que para el despacho y audiencias de fe, se lleven por las calles los reos y ministros, que da horror el sacarlo a consecuencia.»

     Calderón, que, como es de suponer, mantenía buenos agentes en Madrid, hallándose en las circunstancias dichas, recibió por la vía de Potosí, noticias del fallecimiento del inquisidor general Orozco, que era el que había confiado sus poderes a Arenaza, y con esto encontró bastante pretexto para sostener que la comisión del visitador había terminado, poniéndose, en consecuencia, en camino para Lima, adonde en el acto de llegar recusó a su juez, amenazándole con matarle de un balazo, y pidiendo al mismo tiempo al Virrey que no impartiese auxilio alguno de la fuerza pública si contra él llegase a pedirse. Sobrevino entonces, según refiere el mismo Calderón, «la fuerza del empeño de dichos padres de la Compañía, quienes para allanar la voluntad de dicho Virrey, le franquearon algunos regalos de valor, de que resultó volver casaca y escribirme que a él no le tocaba más que dar el auxilio que se le ordenaba, y que yo recurriera a España, como si estuviera en la otra cuadra, y dejando desairado mi recurso, me obligó a salir dentro de diez horas sin prevención ni auxilio alguno.»

     Arenaza escribía, por su parte, a un hermano suyo que estaba en la Península, que Calderón había intentado comprarlo, y como no lo hubiese conseguido, había ocurrido al sistema de amenazas, «con que no ha de lograr realizar su ánimo, porque estoy resuelto, afirmaba, a dejarme primero freír vivo en una sartén en lo público de la plaza mayor». ¡Hasta este punto habían llegado las animosidades de los que en un tiempo habían sido amigos y hasta compañeros de colegio!

     Lo cierto era que Arenaza, en el interés de ganar tiempo para continuar sus granjerías, ya con las dilatorias que el residenciado había opuesto, habiendo llegado hasta recusarle, o ya con el pretexto de no recibir respuesta de España a sus notas, la visita adelantaba bien poco. En el Consejo, ante el cual seguía gestionando activamente el apoderado de Calderón, se acordó, al fin, adoptar nueva resolución, disponiendo en abril de 1747, que los inquisidores suspensos fuesen repuestos en el acto en sus anteriores destinos, alzándoseles el embargo de sus bienes y pagándoseles los sueldos de que permanecían insolutos; que el visitador cesase enteramente en su comisión por lo tocante a sus colegas, continuando sólo su cometido en cuanto a los demás ministros y asuntos del Tribunal; y, por fin, que se tuviese por juez para todos tres a la persona que el Virrey eligiese.

     Calderón, que fue el primero en recibir el anuncio de su reposición, se fue acercando inmediatamente a Lima; escribió al Virrey poniendo el hecho en su noticia, y como éste le contestase que por su parte no había recibido despacho alguno, hizo propios al Obispo de Trujillo por si por algún acaso le hubiesen llegado a él. Arribaron, al fin, por la vía de Chile, los anhelados pliegos, y en el acto, el día cuatro de marzo, entraron a la ciudad Calderón y Unda, con comitiva de tres coches, chirimías, cajas, matracas, y con acompañamiento de multitud de negros y mulatas, «por su naturaleza escandalosas», que iban derramando flores y victoreando la función por las calles y plazuelas. De esta manera llegaron los inquisidores a palacio, a cuyos corredores salieron los ministros del Rey, que estaban en audiencia, y el mismo Virrey para dar orden que se apartase la chusma, que a la salida de los recién llegados siguió aclamándolos, al son de los repiques de campanas de los monasterios de monjas, donde aquéllos eran patronos o tenían sus hijas, hasta restituirse a sus casas, continuando por las calles todo aquel día y el siguiente los vítores de los negros y mulatas.

     Arenaza se vio así obligado a sufrir el triunfo de sus colegas, cuyos partidarios «voceaban descaradamente haberlo obtenido al crecido costo y dispendio de noventa mil pesos, que decían unos, o de ciento treinta mil que decían otros, gastados por Calderón en el recurso.»

     El Virrey trató luego de ver modo de desempeñar la comisión que se le confiaba, aunque, según lo afirmaba al Consejo poco después, no le había sido posible encontrar persona que se hubiese querido encargar de tan espinoso cometido: lo que aseguraba Calderón, no pasaba de ser un pretexto para que su amigo Arenaza siguiese disfrutando de los bienes que a él se le tenían embargados, aseveración calumniosa para Manso, pues tan pronto como el que eso escribía llegó a Lima, se había ido a vivir a la chacra que comprara con título de mera hipoteca y que en esos precisos momentos acababa de desocuparle el arrendatario a quien se la tenía entregada.

     «Siendo preciso tomar alguna providencia, expone el Virrey, hice concurrir al señor Arenaza con los inquisidores, y haciéndoles saber que la visita no podía actuarse por la falta de persona que aceptase la comisión, después de una larga conferencia, quedó acordado que a los inquisidores se les desembargasen sus bienes y que asistiesen al despacho del Tribunal y se suspendiese toda actuación de visita hasta que el señor inquisidor General resolviese con su noticia. El señor Arenaza presidía el Tribunal en virtud de las facultades que se le dieron, y aunque después de alguna resistencia me prometieron los inquisidores asistir con él al despacho ordinario, no lo ejecutaron.»

     Continuó así el Tribunal, como de antes, a cargo del Visitador y Amusquíbar, pues Unda fallecía el 27 de mayo de ese mismo año de un ataque de apoplejía que le había acometido estando de visita en casa de un compadre suyo con cuyas hijas estaba sindicado de hallarse en mala amistad, siendo enterrado tan tristemente que Calderón se excusó de asistir a su inhumación diciendo que «su compañero había muerto como había vivido».

     Por fin, en virtud de disposición del Consejo de 12 de diciembre de 1749, que se recibió en Lima a fines del año siguiente, se mandó suspender definitivamente la visita, embarcándose Arenaza en el Callao el 11 de agosto de 1751, quejosísimo de que el sueldo de catorce mil pesos que al partir de España se le ofreciera, hubiese quedado reducido a cinco mil novecientos.
 

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