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Historia del Tribunal de la Inquisición de Lima: 1569-1820

José Toribio Medina

Capítulo XXIII

Capítulo XXIII

Quejas de la Inquisición contra el Visitador de los jesuitas. -Id. del Arzobispo contra los inquisidores. -La Inquisición y las religiones. -Auto de fe de 28 de noviembre de 1719. -Id. de 21 de diciembre de 1720. -Reos penitenciados hasta 1725. -Dos causas de portugueses.


     «Entre los cuidados con que se halla este Tribunal para el despacho y expediente de las muchas causas que han ocurrido y que en él están pendientes, decían los inquisidores al Consejo, en carta de 4 de junio de 1701, no ha sido el menor embarazo el que se ha ofrecido con el padre Diego Francisco Altamirano». Era este hombre de más de ochenta años, visitador y viceprovincial de la Compañía de Jesús en el Perú, quien entre otras disposiciones de su cargo, tenía ordenado que ningún miembro de la Orden admitiese el oficio de calificador del Santo Tribunal sin previa licencia del provincial. Ignoramos cuales fuesen las razones que para el caso obrarán en el ánimo de Altamirano, pero como en él se envolvía un ataque más o menos velado a la jurisdicción y autoridad del Tribunal, sus ministros levantaron luego un expediente a fin de descubrir los móviles del visitador, o, más propiamente, con el propósito de desautorizarle; afirmando dentro de poco al Consejo que los verdaderos autores de la disposición del jesuita eran algunos padres que nombraban, y muy especialmente don Diego Montero del Águila, que después de haber enviudado, se había ordenado de sacerdote, logrando así que el Tribunal le diese el salario de abogado del Fisco y el titulo de consultor. Le acusaban, en consecuencia, de infiel en el desempeño de ambos cargos y repetían que era público en Lima que todos ellos estaban complotados para quejarse de las operaciones del Santo Oficio, temiendo lo cual se anticipaban a informar de lo que pasaba para que el Consejo estuviese sobre aviso y sólo diese a las delaciones que intentaran el crédito que pudiesen merecer después del informe que elevarían una vez terminado el expediente que tenían iniciado.

     Eran sin duda infundadas las suspicacias de los inquisidores, pues ni el jesuita ni sus supuestos consejeros presentaron queja alguna al Consejo, que debían al fin partir de una fuente más autorizada de la que ellos se imaginaban. El acusador de sus procedimientos debía ser esta vez, en efecto, nada menos que el Arzobispo, que, como él mismo lo lamentaba más tarde, por haber tolerado en un principio los avances de los inquisidores, ofensivos de su dignidad y jurisdicción eclesiástica, «sólo habían servido de basa y fundamento sólido en que han fabricado otros mayores de escandalosas y perjudiciales consecuencias».

     Estaba a cargo del inquisidor más antiguo el patronado del colegio de niñas huérfanas, que tenía considerables sumas asignadas para su crianza, educación y estado. Propusieron los ministros cuatro que deseaban ser religiosas de velo blanco en el monasterio de la Encarnación, enterándose a cada una la dote que le correspondía; pero cumplido el año de noviciado, se entendió que las jóvenes manifestaban alguna repugnancia para profesar, por lo cual el inquisidor rogó al Arzobispo que tratase de persuadirlas a que lo verificasen lo más pronto; resultando de la conferencia que con este motivo tuvo con ellas el Prelado, que dos profesaron, una se excuso y la otra vino en ello a condición de que su profesión tuviese lugar en distinto monasterio. Sin más que esto, Suárez de Figueroa pasó a embargar todas las rentas del convento, a título de asegurar la dote de las que debían salir, sin prevenirlo siquiera al prelado, que era el llamado a conocer en el negocio. Esta determinación causó, como era de esperarse, no poco alboroto en la ciudad, pues siendo el monasterio de pocas rentas, con el embargo se privó a las monjas del sustento diario, resultando inútiles cuantas representaciones entabló la abadesa, en que manifestaba que las cantidades que se trataba de que devolviese habían sido invertidas en alimentar a la comunidad; a pesar de lo cual el embargo no se suspendió mientras no se verificó a restitución que pedía el inquisidor.

     Después de inculpar al Tribunal por este proceder, agregaba el Arzobispo, que en los concursos de acreedores que se habían ofrecido, y en los cuales como encargado de hacer ejecutar el cobro de varias mandas piadosas, había debido gestionar, los ministros, o habían archivado los escritos de su fiscal, o se habían desentendido de su derecho, «en que no sólo se conocen la pasión con que obran, sino el dictamen que han hecho y acreditado de ir en todo contra mi jurisdicción».

     Continuando en sus acusaciones, añadía que un familiar de Ibáñez, a quien no había querido ordenar por varios defectos que le hacían inhábil para el sacerdocio, sin la licencia suya, le había enviado al obispado de Huamanga, donde se hallaba de provisor su hermano don Matías, de quien había obtenido que le confiriesen las órdenes, haciéndole enseguida volver a Lima. Otro tanto había hecho con don Melchor Ibáñez, que acababa de enviudar y deseaba también ordenarse.

     Al cura párroco de San Lorenzo de Quinti, con pretexto de que era deudor de cierta suma al receptor del Santo Oficio, habiendo ido a Lima a oponerse a una canonjía, le había dado la ciudad por cárcel, siendo el hecho muy reparable, tratándose de un cura que tenía precisa obligación de asistir a su curato, y no obstante, le había tenido así muchos meses sin dejarlo partir al lugar de su residencia.

     Llegaba ya con esto el Arzobispo a lo que le había compelido a coger la pluma, «por los escándalos y disensiones que se han seguido, decía, teniendo todas su origen en la injusta pretensión que hizo (Ibáñez) sobre que yo consintiese en la permuta que intentaba hacer del curato de San Marcelo con don Matías Ibáñez, su hermano».

     Según se recordará, cuando Ibáñez fue nombrado inquisidor, se hallaba sirviendo el puesto de cura del Callao, que hubo de permutar enseguida por el del Sagrario de Lima y después por el de San Marcelo de la misma ciudad. Desde un principio se trató de declarar vacante este puesto, pero mediante a que el inquisidor expresaba que su título era meramente condicional, se convino en que era conveniente no proceder aún a aquella diligencia. Subsanado el inconveniente que Ibáñez alegara, volviose a tratar en el Cabildo Eclesiástico de la necesidad de declarar la vacante, resolución que hubo al fin de quedar pendiente, merced a los amigos con que el inquisidor contaba en la corporación y que estaban persuadidos de que había de disgustarle semejante declaración; hasta que noticioso el Consejo de Indias de que Ibáñez, a pesar de su título de inquisidor en propiedad, mantenía aún el curato, despachó cédula al Arzobispo para que averiguase si aquél cumplía con los deberes de párroco. En esas circunstancias, Ibáñez procuró que se confiriese a su hermano el provisor de Huamanga, empeñando de tal manera en su favor al Virrey que era entonces el arzobispo Morcillo, que en una última visita que con ese objeto le hizo éste al Metropolitano, le dijo textualmente que al dí siguiente debía consentir en la traslación o que si no había de reñir. Respondiole efectivamente en el plazo señalado, manifestándole que hallándose pendiente el asunto del conocimiento del monarca, no podía condescender con su empeño; misiva que contestó Morcillo con el mismo capellán que se la llevó, enviando a decir de palabra a su colega que por no desairarle no se la devolvía, pero que se quedaba con ella sin abrirla; y junto con esto, horas después, le devolvía unas conclusiones que un sobrino del Metropolitano le tenía dedicadas, negándose tenazmente a asistir a ellas, a pesar de las instancias que amigos comunes de ambos le hicieron, y por lo cual hubo de suspenderse el acto, retirándose las religiones, colegios y Universidad que estaban ya congregados con ese propósito.

     En estas circunstancias llegaba un despacho real que disponía que el inquisidor renunciase el curato, o que de no hacerlo, se le declarase por vaco.

     En septiembre de 1720, moría Gómez Suárez de Figueroa, y a pesar de que el chasqueado inquisidor había quedado de esa manera sin más compañía en el Tribunal que la del nuevo fiscal José Antonio Gutiérrez de Cevallos, que había llegado a Lima hacía dos años, el Arzobispo no temía denunciar al Consejo «el mucho orgullo y codicia» de su antagonista, pidiendo que se le ordenase, en cuanto a los ultrajes y ajamientos que le había hecho en su dignidad de prelado, que se le mandase dar la pública satisfacción que le correspondía.

     Como era de esperarlo, Ibáñez no dejó sin respuesta las acusaciones que el arzobispo Zuloaga tenía presentadas en contra suya, encargando al fiscal que hiciese presente por el que la información que aquel había levantado tocante a su inasistencia en el curato era falsa y maliciosa, ocultando en ella la verdad, en fuerza de penas y censuras; y que si el Prelado había puesto de por medio en el negocio el mejor servicio de Dios, no había tenido razón para ello, pues él mismo acostumbraba laxitudes en cuanto a la residencia de los párrocos, «y en otros muy propios de su cargo, concluía, que están causando grave y continuo escándalo en todo el arzobispado».

     Con motivo de haberse negado el Tribunal a asistir, como tenía de costumbre, a la fiesta que en honor de San Pedro mártir, se celebraba anualmente en el Convento de Santo Domingo, éste elevó también sus quejas al Consejo, manifestando que la causa del desaire no era otra que los prelados y todo el magisterio no concurrían a unas misas cantadas de capellanías fundadas por particulares, de que eran patronos los inquisidores, siendo que por sola su asistencia recibían aquellos considerables propinas; que la Comunidad invitaba para ellas siempre a las demás religiones, las cuales era ya corriente que se estuviesen allí dos o tres horas esperando que llegasen los ministros, que de esa manera no sólo se manifestaban imprudentes, sino también desagradecidos con los frailes de la Orden, siendo que siempre y cuando aún no estaban aseguradas las dotaciones de sus puestos, les habían socorrido liberalmente hasta en cantidad de cuarenta mil pesos; y por fin, que era ya usual que con pretexto de ser calificadores algunos religiosos, el Tribunal les separase de la jurisdicción de sus prelados cuando por justas causas aquellos los recluían o desterraban, habiendo aun acontecido el caso de que para burlar las disposiciones de un provincial, se hubiese elegido a posteriori calificador a un fraile que había sido desterrado de Lima; denuncia a que por su parte respondían los inquisidores diciendo que no habían asistido a la fiesta que se mencionaba por no haber sido invitados a tiempo, siendo enteramente inexacto que se esmerasen en hacerla ostentosa, como se aseguraba, y que, por lo demás, «el provincial de Santo Domingo y sus religiosos, que son tan celosos de la asistencia del Tribunal a la fiesta de su patrón, que con sólo una vez que con justificado motivo se faltó a ella, concluían, recurren a Vuestra Alteza, no hicieran menos si los autos de fe se llevasen a otra iglesia, pero callaron la causa que ahora se ofrecía para ejecutarlo y que esperamos que en la estimación de Vuestra Alteza, fuera lo bastante, pues en auto de once reos, que celebramos a 28 de noviembre del año pasado de 1719, recelando el mucho concurso, prevenimos seis soldados con un oficial que asistiesen a guardar el presbiterio y los bancos precisos para las personas del Tribunal, y para hacer más recomendable a dicho oficial y soldados, la noche antes del auto, pasó a la iglesia nuestro colega don Joseph Antonio Gutiérrez de Zevallos, y encargó al Prior, Maestros y otros religiosos, los atendiesen y ayudasen en la incumbencia en que estaban, y fue su correspondencia tan contraria de esta demostración, que siendo ellos los primeros a acomodarse y a sus familias, uno no tan muchacho ni inadvertido que no sea lector actual de teología, al oficial de los soldados, sobre hacer su deber, le rompió con una llave la boca, y le echó dos o tres dientes afuera, en medio de la iglesia, y de tanta gente que estaba llena, y llegando después el cuerpo del Tribunal, al entrar en la capilla mayor, desaparecieron los Prelados y Maestros, y nos hallamos con todo el presbiterio y altar preocupados de los religiosos, mozos de la casa y algunos de otras comunidades, desentendiéndose todos de nuestras indignaciones y de las diligencias que por apartarlos hacían los ministros oficiales, de suerte que nos fue preciso retirarnos por más de hora y media a una trassacristía, y a no estar en la iglesia, en un cancel, el Príncipe Santo Buono, virrey de este reino, nos hubiéramos vuelto sin ejecutar al auto por el grave desaire que experimentamos, sin que ningún prelado pareciese a poner en moderación a sus frailes, que en nuestra presencia tenían el arrojo de responder que era su casa y su iglesia, y que en ella debían ser privilegiados; y en tan calificado desacato, no se hizo otra demostración que la de haberlo significado al Prelado, y la que éste quiso hacer con el religioso agresor de los soldados, que fue una protesta formal de reclusión por tres o cuatro días, con que manifestamos darnos por satisfechos, por quitar la ocasión al Provincial fray Juan Moreno, de que actuase su desafecto, recurriendo con siniestros informes a Vuestra Alteza».

     Según se ve de las palabras anteriores, los jueces habían celebrado auto de fe en la iglesia de los dominicos el 28 de noviembre de 1719, cuyos detalles, en cuanto a los reos que en él se presentaron y que según acabamos de ver fueron once, no conocemos. Por lo demás, salvo algunos edictos que se publicaron para recoger ciertos libros, el Tribunal pudo continuar tranquilamente en el conocimiento de las causas de fe, habiéndose fallado desde 1721 hasta 1725 las de los siguientes reos:

     La del clérigo francés Juan de Ullos, residente en Mendoza, que publicaba que el Papa ni el concilio general eran los jefes de la Iglesia, proposición que habiendo sido dada a calificar al jesuita Luis de Andrade y al mercedario fray Francisco Galiano, como expresasen que por tratarse de un francés se hacía difícil la calificación, se les secuestró el peculio y se les metió en la cárcel.

     Eusebio Vejarano, natural de Lima, residente en el Cuzco; Juan de Valencia, platero, residente en Loja; Antonio Lesana, que desempeñaba el mismo oficio en Trujillo; Juan Ventura de Guevara, mulato, zapatero, residente en Santa; Nicolás Fernández, labrador, en San Marcos de Conchucos; don Cristóbal de Oña, natural de Sevilla, y establecido en Buenos Aires, donde se denunció: todos los cuales fueron castigados como bígamos.

     Fray Pedro de Valenzuela, corista de San Agustín de la provincia de Quito, que fue absuelto de la instancia por no haberse comprobado su profesión solemne; Guillermo Lemonier, clérigo, natural de Normandía, denunciado de haber celebrado dos misas en un día; Francisco José de Osera, clérigo de Lima, de cuarenta y ocho años, que habiéndose dado desde muy temprano al juego de los dados, prorrumpía en blasfemias hereticales cuando la suerte le trataba mal; fray Diego de Quiroga y Losada, religioso dominico, diácono, que se denunció de haberse huido varias veces de su convento de Lima y de haber dicho algunas misas.

     Juan Jerónimo del Valle, natural de Marchena, zapatero, blasfemo; Francisco Esteban Canela, soldado, oriundo de Cabra, testificado de que afirmaba decir más verdad que la Virgen; Juan Enríquez de Iturrizaga, clérigo, natural y vecino de Huancavelica, que se valía de brujas y sortilegios para diversos fines.

     Pedro de Ábalos, natural de Santa Fe y residente en Lima, de veintiséis años de edad, estando preso en la cárcel real se denunció al Santo Oficio de que hacía diez años que era esclavo del demonio, para probar lo cual refería que, estando igualmente detenido en la cárcel de Quito por una muerte que había cometido una india, su manceba, le suministró un brebaje, y que después de un rato de haberlo bebido, se sintió mal de la cabeza, y entrando la india a su calabozo, cohabitó con ella; que después, al despertar, se había encontrado boca abajo y sin su amiga, apareciéndosele de ahí a poco un hombre que le dijo era el diablo, y que ya era suyo por lo que había ejecutado con aquella mujer, prometiéndole favorecerle y sacarle de trabajos, a condición de que renegase de la fe de Jesucristo y que habiendo logrado venir a Lima, se valía de una piedrecilla que había extraído de la boca de un sapo y que llevaba engastada en una sortija, para obtener los favores de las mujeres, sin que le costase nada, y de los mercaderes las especies que deseaba al precio que quería; por cuyos hechos abjuró formalmente, y fue enseguida reconciliado sin sambenito.

     Nicolás Solórzano, soltero, de veintiún años, cuarterón de mulato, se denunció de que se había valido del demonio para lograr casarse con una mujer que habían encerrado en un convento y que no quería acceder a sus pretensiones, guiándole aquel la mano para firmarle la respectiva cédula, pues él no sabía escribir; pero que como un día en que había entrado a una iglesia, su amigo le diera tal pescozón que lo había tenido metido mucho tiempo debajo de un escaño, se había arrepentido de lo convenido.

     Domingo de Estrada, de veinte años, vecino y natural de Lima, también amistado con Satanás para que le auxiliase con sus conocimientos médicos.

     Manuel Almeida Pereira, soldado de Buenos Aires, procesado por haber repartido un prospecto ofreciendo a las damas sus servicios, a fin de que por su medio y ciertas invocaciones, obtuviesen los favores de sus galanes.

     Antonio Hurtado, mulato libre, natural de Moquegua, de sesenta años, que para atormentar a sus enemigos se valía de un sapo al cual atravesaba con alfileres los miembros que deseaba que aquellos tuviesen dañados. Confesó que curando por medios naturales sabía también hacer creer a las gentes que estaban maleficiadas cuyo embuste le valió algunos azotes.

     Pedro de Acevedo, capitán reformado y viejo, que se denunció de que hallándose pobre intentó vender su alma al diablo.

     Francisco Pastrana, negro esclavo, que comunicaba con una bruja, a quien vio diversas veces que llamando por sus nombres a unos muñecos que tenía parados y sentados dentro de un escaparate, salían a bailar, y en especial uno que tenía cuernecitos y rabito.

     Nicolasa Cavero, mulata que había sido esclava, porque propinaba algunos remedios a cierta dama que se quejaba de que su marido era demasiado exigente.

     El licenciado Diego de Frías, clérigo y abogado, que por haber negado la resurrección de la carne, fue acusado por el fiscal, de hereje, apóstata, contumaz, impenitente, falso, simulado, revocante, fraudulento, vario y perjuro, después de haber estado preso cuatro años, tuvo que retractarse públicamente en la parroquia de Santa Ana.

     Juan Campino, natural de Londres, marinero, que se denunció por hereje; Juan Marfil (Murphy?) Stuart, residente en Santiago de Chile; David Jacobo, escocés, y Felipe Lorenzo (Lawrence), ambos marineros ingleses, por haber confesado que eran protestantes, fueron condenados a las penas de estilo.

     Además de Marfil, se procesaron también en Chile durante el periodo de que venimos dando cuenta, Amet Crasi, fray José Vázquez, María Zapata y Matías Tula.

     Las causas de judaísmo se iban haciendo por este tiempo cada vez más raras; sin embargo, ocurrieron dos que por sus caracteres merecen especial mención. Fue una de ellas la de Álvaro Rodríguez, que murió en la prisión a mediados de 1698, hallándose el proceso en estado de prueba, por cuyo motivo se enviaron edictos a Portalegre, de donde era natural el difunto, para que los que se creyesen partes saliesen a defender su memoria y fama. Sus bienes, que alcanzaban a catorce mil pesos, fueron confiscados y remitidos a España, a pesar de que el proceso no estaba concluido y de que no había merito para aplicarlos al fisco de la Inquisición, por cuanto el reo carecía de parientes en el Perú y el soberano había dictado una orden para que, a título de represalias, se confiscasen los de vasallos de Portugal.

     La otra es mucho más interesante. Había sido preso y puesto en cárceles secretas por los años de 1722 (y quizás antes), don Teodoro Candioti, vecino de Lima, al parecer de origen italiano, casado y con hijos españoles. «En 13 de mayo de 1726, dicen los inquisidores, al alcalde de dichas cárceles hizo relación que dicho reo estaba enfermo del accidente epidemial que estaba corriendo en esta ciudad, y habiendo llamado al médico de este Santo Oficio, por haberle sobrevenido un curso y estar descaecido, y que no quería admitir los medicamentos que le recetaba, por quitarselos del cuerpo, previno sería bien se le diese confesor por el riesgo en que estaba dicho reo, que asimismo le pidió, como le había pedido muchas veces, estando sano, y al alcaide dijese en el Tribunal, que si moría de dicho accidente, estaba inocente y que volviese por el crédito de su fama, de sus hijos y de su familia. Y en dicha audiencia, por auto se mandó citar al reverendo padre Alonso Messía, de la Compañía de Jesús, ex provincial y calificador de esta Inquisición, y estando en ella, hizo el juramento acostumbrado en este caso, y advertido de lo mandado en la instrucción ochenta y una de treinta y seis vuelta, del año de mil quinientos ochenta y uno, entró en la cárcel número tres, en donde estaba enfermo dicho reo, con asistencia del alcaide, y le dio noticia de que venía a confesarle, y le respondió que estaba pronto pero que necesitaba de algún tiempo para prepararse y hacer una confesión general, citándole para la mañana del día siguiente, y que dicho padre le exhortó a que descargase su conciencia para no tener embarazo en ella, a que le respondió que los cargos que se le hacían se reducían a tres, el primero de un ayuno, que no era como decían, sino en la forma que se usa en su tierra la vigilia de Natividad, tomando un desayuno corto y no comiendo hasta la noche, que se ejecuta en una comida espléndida, asistiendo un sacerdote a bendecir la mesa; el segundo que había afirmado en una conversación que San Moisés era un gran santo, y que en su tierra, en una parroquia, se veneraba y estaba en un altar; el tercero, que le habían hecho cargo de que estaba circuncidado, siendo falso, y así lo declaro dicho padre en dicha audiencia, y en la de catorce de dicho mes y año confesó a dicho reo, diciendo en ella después, que le había hallado muy tierno y contrito, sin expresarle fuera de la confesión cosa que debiese manifestar en ella. Y en la de diez y ocho de dicho mes y año, el alcaide dio noticia que el médico había dicho que dicho reo estaba de mucho riesgo su vida, y que no se le dejase solo, y luego se ordenó que el nuncio citase a dicho padre para que visitase a dicho reo, y habiendo comparecido en ella, se le ordenó entrar en dichas cárceles y le visitase, y fecho, dio noticia que estaba muy a lo último y con poca esperanza de vida y muy conforme con la voluntad de Dios, y que le había dicho que en lo que había leído en fray Luis de Granada, sabía que sólo se podía salvar el hombre guardando la ley de Dios, con la gracia de Jesucristo. Y en la audiencia de diez y nueve de dicho mes y año, el alcaide avisó que habiendo dejado a las once de la noche del día antecedente algo más aliviado de su accidente a dicho reo y en su compañía el preso que había ordenado el Tribunal, volvió a las cinco de la mañana de dicho día a visitarle y le había hallado difunto, y que el preso que le asistió, le dijo que había ayudado y exhortado a dicho reo, como católico cristiano, y que había muerto como a las cuatro de la mañana. Y en dicha audiencia, por auto, se mandó que el secretario que asistió a estas diligencias reconociese e hiciese inspección para certificar y dar fe del estado en que se hallaba el cuerpo de dicho reo, y hecha esta diligencia, certificó en dicho día que había visto en la cárcel número tres y reconocido un cuerpo difunto, en cama y entre sábanas, que al parecer era el de dicho don Antonio Candioti; y luego, por otros, se mandó que por ahora y hasta la determinación de su causa, el cuerpo de dicho don Antonio Candioti fuese sepultado en una de las sepolturas que para este efecto están asignadas en dichas cárceles, señalándola para que conste, en la que fue enterrado con asistencia de dicho secretario: así se ejecuto, como parece de su certificación, que está con dichas diligencias y en dicha causa».

     He aquí ahora el epílogo de este drama, según lo refieren también los inquisidores:

     «Muy poderoso señor. En carta de veinte y cuatro de noviembre del año próximo pasado, de setecientos veinte y ocho, se sirve Vuestra Alteza, al último capítulo de ella, mandarnos hagamos sacar los huesos de don Teodoro Candioti, de la sepultura en que fue enterrado y se lleven a la iglesia parroquial secretamente, en donde se les dé sepultura sagrada y se siente la partida en el libro de entierros de dicha parroquia, el día en que murió, no poniendo en ella que murió en las cárceles, sino en esa ciudad, lo que se hiciese saber a la viuda y herederos por si quisiesen sacar dicha partida de su óbito, y que si dicha viuda o sus herederos pidiesen certificación de no obstarles la causa seguida contra dicho don Theodoro, no sólo se les diese de no obstarles para oficios públicos y de honra, sino también para oficios del Santo Oficio. Y en su cumplimiento, noticiamos a Vuestra Alteza que por la certificación que remitimos, con carta de veinte y tres de diciembre de setecientos veinte y siete, habrá constado a Vuestra Alteza la diligencia que ejecutamos de dar sepultura eclesiástica a los huesos de dicho señor don Theodoro, con todo secreto, en la iglesia del Colegio de Santo Tomás del orden de Predicadores, por cuyo motivo no se exhumaron los huesos para trasladarlos a la parroquia, pero se hizo asentar en el libro de entierros de ella, donde tocaba la partida de su entierro, en la conformidad que previene Vuestra Alteza, y pasando a noticiarlo a la viuda y herederos, resultó pedirnos luego certificación, la que se les mandó dar por un secretario del Secreto, en la conformidad que Vuestra Alteza nos manda en dicha carta citada. Asimismo presentaron las genealogías de don Antonio y don Juan de Candioti, hijos de dicho don Theodoro, pidiendo la gracia de familiares de esta Inquisición, la que nos pareció conveniente concederles, porque expresándose en la referida certificación que no les obsta para oficios del Santo Oficio, y teniendo la protección del Virrey y todo su palacio muy empeñado en favorecer a esta familia, recelamos que atribuiría a voluntaria negación nuestra lo que supondría muy regular el Orden de Vuestra Alteza, y así tuvimos por preciso despacharles títulos en la forma que en virtud de particular facultad del señor inquisidor General, en carta de seis de junio de seiscientos y setenta y seis, se acostumbra con los interinarios en este Santo Oficio, porque, aunque discurríamos excusarnos con el motivo de extranjería, todavía en el supuesto de dicha certificación y que no se atribuye la negación a impedir el orden de Vuestra Alteza y del empeño del Virrey, nos pareció no ser bastante para certificarle».

 

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