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Historia del Tribunal de la Inquisición de Lima: 1569-1820

José Toribio Medina

Capítulo I

Capítulo I

Nómbrase a los encargados de fundar el Tribunal del Santo Oficio en el Perú. -Provisiones que se dieron a los Inquisidores. -Viaje hasta Nombre de Dios. -Impresiones que allí produce su llegada. -Primeras causas falladas por el Tribunal. -Muerte del doctor Bustamante. -Establécese la Inquisición en Panamá. -Viaje hasta Lima. -Diligencias para encontrar casa en que asentar el Tribunal. -Conducta del Arzobispo. -Nombramiento del alguacil y receptor. -Recibimiento del Tribunal. -Edicto. -Excepción establecida a favor de los indios.


     «Entre otras cosas que S. M. ha mandado componer en el Nuevo Mundo de las Indias para servicio de Dios y suyo y augmento de nuestra religión cristiana, ha ordenado que se plante en ellas el Santo Oficio de la Inquisición, como cosa que ha parecido muy conveniente y que en estos reinos lo es»: así le escribía desde Madrid, con mensajero especial, en 28 de enero de 1569, el cardenal de Sagunto, inquisidor general, al licenciado Serván de Cerezuela, residente en Oropesa, añadiéndole que por la buena relación que se tenía de él, se le nombraba inquisidor de las provincias del Perú. Se le asignaba un sueldo de tres mil pesos, que debía pagársele, en cuanto alcanzase, con los frutos de una prebenda de Lima; y se le ordenaba que sin pérdida de tiempo se trasladase a Sevilla para partir en la armada que próximamente debía salir de allí llevando otro inquisidor, un fiscal y un notario del Secreto, y a don Francisco de Toledo, quien le entregaría el título, instrucciones y otros despachos.

     La otra persona elegida por colega de Cerezuela era el doctor Andrés de Bustamante. Autorizábase a éste para transportar hasta  ochocientos pesos en joyas de oro y plata labrada, mil pesos en objetos de que se le eximía de pagar derechos de almojarifazgo, seis criados, dos esclavos, una esclava y una cama para el servicio de su persona; se le relevaba de rendir información, trámite exigido a todos los que pasaban a Indias, y tanto a él como a su compañero, se les mandaba entregar quinientos ducados de socorro. Se dispuso, igualmente, que los oficiales de S. M. en la ciudad de los Reyes pagasen al receptor del Santo Oficio diez mil pesos de a cuatrocientos maravedís, en cada un año, para los salarios de los dos Inquisidores, el fiscal y el notario.

     Las provisiones que se habían entregado a Toledo rezaban lo siguiente: Al Arzobispo de Lima y a los Obispos de Santiago y Concepción de Chile, del Cuzco, de la Plata y San Francisco de Quito, para que remitiesen a los Inquisidores todas las causas tocantes al Santo Oficio; a las justicias seglares de las provincias del Perú para que no se entrometiesen a conocer de dichos negocios y bienes confiscados, cuya revocación o reposición, entablada con cualquier pretexto, se reservaba al Consejo general de Inquisición residente en Madrid; al Virrey, para que diese o hiciese dar todo el favor necesario a los inquisidores y a sus oficiales y ministros, «sin contradicción o impedimento alguno para que puedan usar y usen sus cargos y oficios libremente», mandándosele que señalase en Lima casa que fuese adecuada para el servicio de la Inquisición, «en lugar y sitio cómodo y competente, adonde puedan tener su audiencia e las cárceles del Santo Oficio, de manera que haya en la dicha casa sala de audiencia, con dos apartamentos y cámara del secreto, donde estén las escripturas y papeles dél, con mucho recaudo, y el aposento para los Inquisidores, o a lo menos, para el uno e para el alcaide, a cuyo cargo ha de estar la custodia e buena guarda de las cárceles; e proveáis, como sean secretas, e apartadas, de manera que no pueda haber comunicación de los presos y tengan todas las comodidades que se requieren, como conviene al buen servicio del Santo Oficio». A los Consejos de las ciudades se les mandaba que proporcionasen a los inquisidores y oficiales, «cuando fuesen a ejercer sus oficios, buenas posadas, que no fuesen mesones, y la ropa que hubiesen menester, sin dineros, y todos los otros bastimentos y cosas necesarias por sus dineros, a precios justos y razonables», encargándose con especialidad al de Lima que les hiciese dar todo el favor y ayuda que le pidiesen y hubiesen menester; al Virrey, presidentes y oidores de las Audiencias de Panamá y Tierra Firme, Quito, Los Charcas y Chile, y a los gobernadores, corregidores y alcaldes mayores y otras justicias de todas las ciudades, villas y lugares, así de españoles como de indios, para que prestasen juramento en favor del Santo Oficio y diesen el auxilio y favor del brazo real, «así para prender cualesquier herejes e sospechosos de la fe, como en cualquier otra cosa tocante y concerniente al libre ejercicio del dicho Santo Oficio»; mandándolo así, decía el monarca, «por lo que toca al servicio de nuestro Señor e al augmento de nuestra santa fe católica, deseando la ampliación y propagación de la religión cristiana, y que las dichas provincias por Dios a Nos encomendadas, sean libres e preservadas de todo error y sospecha de toda herejía considerando cuanto conviene que en estos tiempos que se va extendiendo esta contagión, se prevenga a tan gran peligro, mayormente en las dichas provincias, que con tanto cuidado se ha procurado fuesen pobladas de nuestros súbditos y naturales no sospechosos, y que no se puede, según se ha visto por experiencia, atajar, sino con el remedio que por los Santos Padres ha sido establecido en sus sanciones canónicas, castigando los errores de la herética pravedad y las nuevas sectas, con todo rigor, de lo cual se espera seguir gran servicio de Dios Nuestro Señor y aumento de su santa y universal Iglesia, y honor y beneficio de las dichas provincias y acrescentamiento del culto divino... E porque los dichos inquisidores, oficiales y ministros más libremente puedan hacer y ejercer el dicho Santo Oficio, ponemos a ellos e a sus familiares, con todos sus bienes y haciendas, bajo nuestro amparo e defendimiento real, en tal manera que ninguno por vía directa e indirecta no sea osado de les damnificar, ni hacer ni permitir que les sea hecho males ni daño o desaguisado alguno, so las penas en que incurren los quebrantadores de salvaguardias e seguro de su Rey e señor natural». A las mismas autoridades se mandaba también que recibiesen en sus cárceles las personas que fuesen condenadas por los inquisidores a servir en ellas, y a que diesen orden para que fuesen llevadas a galeras.

     Entregóseles, por fin, el borrador del edicto que debían publicar en llegando a Lima y las instrucciones a que se amoldarían en el desempeño de su oficio.

     Conforme a ellas, abrirían libros para asentar las cédulas reales, provisiones del Consejo de Inquisición, títulos y juramentos de los Inquisidores; otro para los familiares y subalternos, otro para asentar las testificaciones que viniesen contra los reos; otro para los votos de prisión y de sentencias de tormentos y definitivas, que deberían ir firmadas, o a lo menos señaladas; para visitas de cárceles, libramientos, penas y penitencias pecuniarias, y autos de fe. El alcaide debía llevar uno donde asentase los nombres de los presos que entraban, con la ropa, cama y vestidos que llevasen; el despensero o proveedor, para los dineros que trajesen los reos para sus alimentos y la ración que se les mandase dar, o si fuesen pobres, para que este cargo corriese de cuenta del Fisco; otro para los relajados, reconciliados y penitenciados, etc.

     En la Cámara del Secreto, donde se custodiase los procesos y registros del Santo Oficio, debía haber cuatro apartamientos, para los procesos pendientes, los suspensos, los fenecidos, poniendo en primer lugar el de los relajados; y los que tocasen a comisarios y familiares.

     Se les recomendaba que en el conocer y proceder observasen el orden y forma dados por las instrucciones antiguas y modernas (que examinaremos más adelante), para lo cual debían leerse, por lo menos, dos veces en el año, una después de la fiesta de Los Reyes y la otra antes del Domingo de Cuasimodo; y «porque es muy conveniente que los días de audiencia, los Inquisidores y oficiales se junten por la mañana en la sala de la Audiencia, en donde se les ha de decir su misa rezada, para que allí se ordene a cada uno lo que ha de hacer en su oficio, ordenamos que vos los dichos Inquisidores y oficiales, expresa el documento que citamos, todos los dichos os halléis a la misa que se dirá en la dicha sala, antes de entrar en audiencia y los que no lo cumplieren así, los multareis como os pareciere».

     Debían enviar, igualmente, dos veces al año, relación del estado de las causas, «todo muy en particular»; y en los casos que consultasen, estaban obligados a remitir su parecer y el del Ordinario.

     Asentado el Tribunal, procederían a la visita de la tierra, y donde no pudiesen cómodamente practicarla, enviarían a los comisarios los edictos de la fe para que los hiciesen publicar en las iglesias del partido.

     Los comisarios establecidos en los puertos debían tener cuidado especial de examinar los libros que entrasen, de manera que no fuese entre ellos alguno de los prohibidos, conforme a las censuras de las biblias y catálogos que se les entregaban y que debían publicar con todo cuidado, a fin de que por este camino no entrase mala doctrina en estos reinos, procediendo con rigor y escarmiento contra los que cerca de ello se hallasen culpados.

     Procurarían conservar la buena correspondencia con los Prelados, mirarse mucho en los gastos que hiciesen; nombrar doce familiares para Lima, cuatro en las ciudades cabezas de obispado y uno en cada pueblo de españoles; y los que se eligiese, así como sus mujeres, debían ser cristianos viejos, que no hubieren sido jamás penitenciados, quietos, pacíficos y de buenas costumbres. En las cabeceras de obispados y puertos de mar los comisarios deberían ser eclesiásticos.

     Atendiendo a lo remoto de los lugares en que tenían que ejercer su ministerio, en las causas en que hubiere discordia, por la demora que se seguiría a los reos, no se exigiría consulta al Consejo, a no ser que versara sobre si el reo debía o no ser relajado. Y en cuanto a la apelación que se interpusiere de la sentencia extraordinaria de tormento, antes de ejecutarse, se examinaría nuevamente el negocio con Ordinario y consultores, en grado de revista, y confirmada, ejecutarse, reservando al agraviado su derecho para ocurrir al Consejo.

     Después de aguardar algunos días en San Lúcar de Barrameda que la flota terminase sus aprestos, Cerezuela Bustamante, el fiscal Alcedo y el secretario Eusebio de Arrieta, se hicieron al fin a la vela el sábado 19 de marzo de 1569, en la nao la «Madalena», de la flota de Diego Flores de Valdés, y sin detenerse en las Canarias, para no perder el buen tiempo que corría, aportaron los expedicionarios a la isla de la Dominica el 28 de abril, todos con salud y buen viaje. Parece, sin embargo, que el maestre y oficiales de la nave en que iban se habían conducido con ellos de una manera diversa de lo que creyeron esperar, «porque son hombres de la mar y saben hacer poca cortesía a personas y sólo en esto hemos traído disgusto», según escribían al Inquisidor General.

     A los 8 de mayo llegaron a Cartagena, donde estuvieron, por falta de viento, detenidos algunos días, y el 1.º de junio a Nombre de Dios. Allí se encontraron con que el dinero se les había acabado y con que nadie quería prestarles un real sin interés; y como no llevaban cédula para que los oficiales reales les anticipasen a cuenta de sueldos, se creían ya «perdidos», cuando acertó a llegar el oidor Barros de Panamá que les hizo entregar dos mil pesos de lo depositado de particulares, para que continuasen el viaje. «Agravio se nos hizo muy grande, decía con este motivo el licenciado Alcedo, en no nos mandar dar más en Sevilla, y más en hacernos venir a nuestra cuenta y costa, con que si nos lo dijeran al principio, no diéramos el sí con tanta liberalidad, como yo le di.»

     Luego se supo allí cual era la misión que traían, y según testimonio de Arrieta, aunque «se tomaba con gran voluntad el sancto oficio de la Inquisición, he entendido de algunos religiosos, en especial agustinos, que por una parte les parece bien y por otra no lo querrían, por la mucha libertad que en estas partes tienen.» «Por ahora se entiende, añadía Salcedo, que todos se han holgado mucho con la merced tan grande que Vuestra Señoría (el Inquisidor General) ha hecho a este nuevo mundo, en inviar a él el Santo Oficio de la Inquisición, a lo menos la gente común así lo dice y da a entender; y según se va descubriendo, no faltará que hacer, que ya yo tengo relación de algunos herejes y relapsos que dicen están presos en algunas ciudades del Perú por los Ordinarios

     Allí mismo, por lo demás, comenzaron a ejercer su ministerio, recibiendo información contra un Baptista, extranjero, residente en la Plata, que estaba reconciliado y en cárcel perpetua por el Ordinario, según luego lo sabremos, por cosas de la secta luterana, «en especial porque dijo que no se había de rogar a los santos, ni ellos podían interceder por nosotros», y que después había tornado a reincidir. Sentenciaron a Martín Romero, vecino de Gibraltar, manco, que había estado preso en Berbería dieciséis años, en tres ocasiones, que en una riña había dicho a su contendor «por la fe que tengo de moro, me lo habéis de pagar», a oír una misa, descalzo de rodillas abajo, y sin gorra y con soga en la garganta; y a Cristóbal Sánchez, vecino de Ayamonte, piloto de la nave «Vizcochera», porque sostuvo que las palabras de Romero no merecían pena, a que oyese una misa y pagase la limosna en la iglesia. Alonso de Ribera, escribano, natural de Llerena fue testificado de haber dicho que Dios no podía perdonar de justa justicia a los escribanos que llevaban más derechos de los que se les debían, y diciéndole cierta persona que Dios todo lo podía, respondió el reo: «por su misericordia todo lo puede perdonar». Se le mandó se fuese a Panamá, donde visto el negocio en consulta, pareció que fuese reprendido y advertido, lo que no se hizo, porque cuando llegó Ribera, ya el inquisidor se había marchado al Perú.

     Mandaron también que se presentase en Lima a Bernardino de Loaisa, que por no pagar derechos había metido en una caja ropas de Bustamante, donde, a los diez días de llegar, fue condenado a cien pesos de multa.

     Encontraron igualmente allí otros delincuentes castigados por el Ordinario, «los procesos hechos entre compadres y mal sustanciados, sin guardar el orden que se requiere. Traslúcense muchos negocios de casados dos veces y blasfemias hereticales. Yo creo, añadía Arrieta, que esta Inquisición ha de ser de muchos negocios, y el todo para reformar estos reinos.»

     El 23 de junio partían al fin Bustamante y Arrieta para Panamá, llegando, después de ocho días, nueva a los que se quedaron en Nombre de Dios, que el doctor se había enfermado en el camino para llegar a Panamá a caer a la cama, falleciendo al cabo de seis días. «Dios le perdone, escribía Alcedo, que él se gobernó mal, y así acabó sin entender que se moría.» Cerezuela y Alcedo se habían retardado «por ofrecérseles un negocio de harta suerte», que ocurrió precisamente el día de la partida de sus compañeros. «Este día de San Juan, dice, en efecto, este último, echamos mano en esta ciudad de un portugués judío (Salvador Méndez Hernández), que estuvo bien en poco de escaparse, el cual, según consta de la información que se ha tomado de más de seis testigos, ha sido quemado en estatua en Sevilla, como más largamente escribo al Fiscal para que haga de ello relación a Vuestra Señoría, a quien suplico mande se nos envíe luego de aquella Inquisición la causa y negocio déste, conforme a la carta que de oficio de acá se les escribe.» Tomaba ocasión de este hecho para pedir que «siempre que se huyeren presos de las Inquisiciones de España, mande Vuestra Señoría se nos envíe la razón dellos para que acá se busquen, que yo creo que no será éste el primero, porque en lo de pasar por acá gente sin licencia hay mucho fraude y mal en los maestres de los navíos y poco o ningún castigo.»

     «No faltan por acá, terminaba, grandes maldades y ofensas de Dios, que por falta de justicia ni se han castigado ni descubierto: placerá a Nuestro Señor que con la venida del Santo Oficio su Divina Majestad sea servido y sus ofensas castigadas.»

     Terminado el negocio de Méndez, quien «se saltó sobre una caución juratoria», Cerezuela nombró allí por notario a un hermano del Fiscal, «mozo, de poco experiencia y habilidad», ante quien se tramitaron los procesos mencionados, con tal mala orden que no pudo menos de levantar las protestas del secretario Arrieta. Culpaba de esto a Cerezuela, así como de no haber dejado nombrado familiares; de no entender las cosas de Inquisición y de que se dejaba fácilmente influenciar, alegando siempre por toda disculpa que él no tenía más que atenerse a sus instrucciones.

     Cerezuela llegó a Panamá el 18 de julio, y «visto que usábase tanto allí el morir», tres días después notificaba al Virrey y oidores de la Audiencia para que prestasen el juramento canónico: «e luego se pregonó por voz de pregonero público, por ante el secretario, que todos los vecinos y moradores, estantes y habitantes en la dicha ciudad se juntasen en la iglesia mayor a acompañar la cruz y pendón del Santo Oficio, so pena de excomunión mayor y se llamó y congregó todo el clero, y día de la Madalena, de mañana, poco antes que amaneciese, yo, (dice Cerezuela) y el Fiscal y secretario nos fuimos al monesterio de San Francisco, y a las ocho de la mañana el Visorrey, con el Presidente e Oidor, e toda la ciudad, Alcaldes e regidores, y el Obispo y todo el clero se juntaron en la Iglesia mayor, y con la cruz de la Santa Iglesia vinieron al dicho monesterio por nosotros, y el Visorrey y el Obispo me llevaron en medio, y al fiscal el Presidente y el oidor, y al secretario el licenciado Altamirano, alcalde del crimen del Audiencia de los Reyes y el licenciado Salazar, oidor de Quito, y así venimos a la Iglesia mayor, donde se dijo la misa mayor y estuvimos sentados por la misma orden, y se predicó por un dominico el sermón de la fe, y después del sermón, el secretario se subió al púlpito y leyó en altas voces la patente que traemos de S. M., e luego leyó un mandamiento, cuyo traslado va con ésta, e leyendo el dicho mandamiento, el dicho Virrey, presidente e oidor, e alcaldes e regidores e ciudadanos hicieron el dicho juramento canónico, según y como en el dicho mandamiento se contiene, y hecho el dicho juramento, se leyó por el dicho secretario el poder que traía de Inquisición y la carta de edicto: todo lo cual se hizo con mucha solemnidad y quietud y con gran voluntad que todos mostraron en servir al Santo Oficio; y de allí nos llevó el Visorrey a comer a su casa.»

     Se proveyó también allí por notario de secuestros a Pedro de Bustamante, hermano del Inquisidor, a quien por su parentesco no se le recibió información.

     Cerezuela se embarcó con el Virrey en la nave, y en otra Alcedo y Arrieta, dándose el convoy a la vela el 15 de agosto, para tomar tierra en Paita después de treinta y un días de viaje. Fuese adelante Arrieta «a dar recaudo a su mujer y casa» que iban por mar, y pocos días después entraba también en Lima el Fiscal. Cerezuela llegó el 28 de noviembre, alojándose en el convento de San Agustín, y el Virrey al día siguiente.

     Horas después el fiscal y el secretario iban a notificar al Virrey que les proporcionase casa para el Tribunal, para lo cual se habían fijado en una que ocupaba el oidor Paredes, que era del Rey, situada frente a la Iglesia de la Merced. Alcedo pretendía que se comprase la que poseía Nicolás de Ribera el mozo, «para poder vivir él dentro sin alquiler», según se expresaba Arrieta, o porque, lo que era cierto, parecía más cómoda y no estaba «tan dentro de la ciudad y en el comercio y mayor trato de gentes, que podría ser de harto inconviniente, que algunos por no ser registrados, dejaran de entrar a descargar su conciencia y decir lo que saben, como acaeció en Murcia, con estar la Inquisición fuera de la ciudad.»

     Los pocos aposentos que tenía se hacía necesario aderezarlos convenientemente para sala, secreto y habitación de un inquisidor y el alcaide, que en cuanto a las cárceles «se han de hacer de nuevo en cualquier casa, que se encontrare, para estar distintas y apartadas unas de otra como se requiere.»

     El Arzobispo, a todo esto, no miraba con buenos ojos el establecimiento del Tribunal. Después de la llegada de Cerezuela publicó edictos, titulándose inquisidor ordinario, y entre otras cosas, prohibió muchos libros «de los que andan en España, que no defiende el catálogo», y mandó recoger otros que habían sido introducidos con licencia. Sentenció, además, procesos «tocantes al crimen de la herejía, en especial uno de un maese Duarte, portogués, porque dijo que no era pecado la simple fornicación, y le condenó solamente en cien pesos; en el Cuzco a un fulano Delgado, por ciertas proposiciones heréticas.» Expresaba el secretario con este motivo que «tenía por muy peligroso que los Ordinarios entiendan en los negocios del Sancto Oficio, porque están acostumbrados a llevar el dinero y no curar las conciencias.»

     La verdad del caso era que con este proceder en aquella tierra «amiga de novedades y chismerías», comenzaban unos a decir que el Arzobispo era inquisidor general en esos reinos, y otros que debían faltar algunos recaudos para la constitución del Tribunal. El Virrey, además, se había empeñado con Cerezuela para nombrar alguacil mayor a un Pedro de Vega, natural de Ocaña, lanza de S. M. casado con hija de un Talavera, conquistador antiguo, quien tanto como su mujer, no tenían buena fama, «antes estaba reputado por morisco, y en las barbas dicen que se lo han dicho». «El receptor, añade Alcedo, también se nombró por favor, llámase Juan de Saracho, vizcaíno y cuando el secretario y yo lo vinimos a entender, ya era público, y diciéndole yo al Inquisidor el orden y estilo que en España se suelen tener de estas cosas, y que primero le había de hacer información de su limpieza, y hecha la había de entregar al Fiscal que la viese y alegase si tenía que en contra (sic) respóndeme que esto no está en las instrucciones y que él no saldrá de ellas. El Juan de Saracho es hombre de bien, por cierto, y cuidadoso, pero pobre para lo que era menester ahora al principio.»

     Comprendiose, pues, que no convenía dilatar ya por más tiempo el recibimiento del Tribunal, y una vez conseguida la casa en que había de asentarse y alquilada otra que estaba pared de por medio para el alcaide y algunas cárceles, el domingo 29 de enero, refiere Cerezuela, «el Virrey y el Audiencia fueron por mi mano derecha y el cabildo de la ciudad por la izquierda, y yo en medio, y la cruz y pendón del Santo Oficio, que llevaba el Fiscal, un poco delante, y salí de la casa del Santo Oficio, e fuimos cabalgando hasta la iglesia mayor, a do me rescibió el clero y todas las órdenes, cantando Te Deum laudamus y se predicó el sermón de la fe, e juró el Virrey, Audiencia y ciudad en la forma acostumbrada, y después el pueblo, alzando los brazos derechos arriba, y se leyó el edicto, lo cual se hizo con mucha solemnidad, habiendo precedido el día antes las notificaciones a las provisiones y mostrado al Ordinario el poder de Inquisidor, y pregonádose con trompetas y atabales.»

     He aquí ahora el tenor del edicto que se leyó en esa ocasión:

     «Nos los Inquisidores contra la herética pravedad y apostasía en la ciudad de los Reyes y su Arzobispado, con los obispados de Panamá, Quito, el Cuzco, los Charcas, Río de Plata, Tucumán, Concepción y Santiago de Chile y de todos los Reinos, estados y señoríos de las Provincias del Perú y su virreynado y gobernación y distrito de las audiencias Reales que en las dichas ciudades, Reinos, Provincias y estado residen por autoridad apostólica, etc. A todos los vecinos y moradores estantes y residentes en todas las ciudades, villas y lugares de los dichos Arzobispado, Obispados y distrito, de cualquier estado, condición, preeminencia o dignidad que sean, exemptos y no exemptos, y a cada uno y cualquier de vos a cuya noticia viniere lo contenido en esta nuestra carta en cualquier manera, salud en nuestro señor Jesucristo, que es verdadera salud y a los nuestros mandamientos que más verdaderamente son dichos Apostólicos firmemente obedecer guardar y cumplir. Sabed que el Ilustrísimo señor cardenal Don Diego de Spinosa, Presidente del consejo de su Majestad, Inquisidor Apostólico general en todos sus Reinos y señoríos con el celo que tiene al servicio de Dios nuestro Señor y de su Majestad y con acuerdo de los señores del Consejo de la santa general Inquisición y consultado con su Majestad, entendiendo ser muy necesario y conveniente para el augmento y conservación de nuestra santa fe católica y Religión cristiana el uso y ejercicio del santo oficio de la Inquisición, ha ordenado y proveído que Nos por su poder y comisión, lo usemos y ejerzamos, e ahora por parte del Promotor Fiscal de este Santo Oficio nos ha sido hecha relación diciendo que por no se haber publicado carta de edicto ni hecho visita general por el santo oficio de la Inquisición en esta ciudad y su Arzobispado y distrito no habría venido a nuestra noticia muchos delitos que se habrán cometido y perpetrado contra nuestra santa fe católica y ley evangélica y estaban por punir y castigar y que de ello se seguía deservicio a nuestro Señor y gran daño y perjuicio a la Religión Cristiana. Por ende que nos pedía mandásemos hacer e hiciésemos la dicha Inquisición y visita general leyendo para ello edictos públicos y castigando a los que se hallasen culpados, de manera que nuestra santa fe católica siempre fuese ensalzada y augmentada, y por nos visto ser justo su pedimento y queriendo proveer y remediar cerca de ello lo que conviene al servicio de nuestro Señor mandamos dar y dimos la presente para cada uno de vos en la dicha razón por la cual os exhortamos y requerimos que si alguno de vos supiéredes, hubiéredes visto o oído, decir que alguna o algunas personas vivos, presentes o ausentes, o defunctos hayan fecho o dicho alguna cosa que sea contra nuestra santa fe católica y contra lo que está ordenado y establecido por la sagrada scriptura y ley evangélica y por los sacros concilios y doctrina común de los sanctos y contra lo que tiene y enseña la sancta Iglesia Católica Romana usos y cerimonias de ella, specialmente los que hubieren hecho o dicho alguna cosa que sea contra los artículos de la fe mandamientos de la ley y de la iglesia y de los sanctos sacramentos, o si alguno hubiere hecho o dicho alguna cosa en favor de la ley muerta de Moysén de los Judíos o hecho cerimonias de ella o de malvada secta de Mahoma o de la secta de Martín Lutero y sus secuaces y de los otros herejes condenados por la iglesia, y si saben que alguna o algunas personas hayan tenido y tengan libros de la secta y opiniones del dicho Martín Lutero y sus secuaces o el alcorán y otros libros de la secta de Mahoma o biblias en romance o otros cualesquiera libros de los reprobados por las censuras y catálogos dados y publicados por el santo oficio de la Inquisición, y si saben que algunas personas no cumpliendo lo que son obligados han dejado de decir y manifestar lo que saben o que hayan dicho y persuadido a otras personas que no viniesen a decir y manifestar lo que sabían tocante al santo oficio o que haya sobornado testigos para tachar falsamente los que han depuesto en el santo oficio o si algunas personas hubiesen depuesto falsamente contra otras por hacerles daños y macular su honra o que hayan encubierto receptado o favorecido algunos herejes dándoles favor y ayuda ocultando o encubriendo sus personas o sus bienes o que hayan impedido o puesto impedimentos por sí o por otros a la libre administración del sancto oficio de la Inquisición para efectos que los tales herejes no pudiesen ser habidos ni castigados o hayan dicho palabras en desacato del santo oficio o oficiales o ministros dél o que hayan quitado o hecho quitar algunos sambenitos donde estaban puestos por el santo oficio, o que los que han sido reconciliados y penitenciados por el santo oficio no han guardado ni cumplido las carcelerías y penitencias que les fueron impuestas o si han dejado de traer públicamente el hábito de reconciliación sobre sus vestiduras o si se lo han quitado o dejado de traer, o si saben que alguno de los reconciliados o penitenciados haya dicho pública y secretamente que lo que confesó en el santo oficio así de sí como de otras personas no fuese verdad, ni lo había hecho ni cometido y que lo dijo por temor o por otros respectos, o que hayan descubierto el secreto que les fue encomendado o si saben que alguno haya dicho que los relajados por el santo oficio fueron condenados sin culpa y que murieron mártires o si saben que algunos que hayan sido reconciliados o hijos o nietos de condenados, que por el crimen de la herejía hayan usado de las cosas que les son prohibidas por derecho común, leyes y pragmáticas de estos reinos y instrucciones de este Santo Oficio ansí como si han sido corregidores, alcaldes, jueces, notarios, regidores, jurados, mayordomos, alcaides, maestresalas, fieles públicos, mercaderes, escribanos, abogados, procuradores, secretarios, contadores, cancilleres, tesoreros, médicos, cirujanos, sangradores, boticarios, corredores, cambiadores, cogedores, arrendadores de rentas algunas, o hayan usado de otros oficios públicos o de honra por sí o por interpósitas personas que se hayan hecho clérigos o que tengan alguna dignidad eclesiástica o seglar, o insignias de ella, o hayan traído armas, seda, oro, plata, corales, perlas, chamelote, paño fino o cabalgado a caballo, o si alguno tuviere habilitación para poder usar de los dichos oficios o de las cosas prohibidas, las traiga y presente ante nos en el término aquí contenido. -Ansimismo mandamos a cualesquier scribanos o notarios ante quien hayan pasado o estén cualesquier probanzas, dichos de testigos, autos y procesos de algunos de los dichos crímenes y delitos en esta nuestra carta referidos, o de otro alguno tocante a herejía, lo traigan, exhiban y presenten ante nos originalmente y a las personas que supieren o hubieren oído decir, en cuyo poder están los tales procesos o denunciaciones, lo vengan a decir y manifestar ante nos. -Y por la presente, prohibimos y mandamos a todos los confesores y clérigos, presbíteros, religiosos y seglares, no absuelvan a las personas que algunas cosas de lo en esta carta contenido supieren sino antes lo remitan ante nos, por cuanto la absolución de los que ansí hubieren incurrido, nos está reservada, y ansí la reservamos, lo cual, los unos y los otros, ansí hagan y cumplan, so pena de descomunión, y mandamos que para que mejor se sepa la verdad y se guarde el secreto, los que alguna cosa supiéredes y entendiéredes y hayáis visto, entendido o oído o en cualquier manera sabido de lo en esta nuestra carta contenido, no lo comuniquéis con persona alguna eclesiástica ni seglar, sino solamente lo vengáis diciendo y manifestando ante nos con todo el secreto que ser puede y por el mejor modo que os pareciere, porque cuando lo dijéredes y manifestáredes, se verá y acordará si es caso que el Santo Oficio deba conoscer. -Por ende, por el tenor de la presente, vos mandamos en virtud de santa obediencia y so pena de descomunión trina, canonica monitione praemisa, que dentro de seis días primeros siguientes después que esta nuestra carta fuere leída y publicada, y de ella supiéredes en cualquier manera, los cuales, vos mandamos y asignamos por tres plazos y término cada dos días por un término, y todos seis días por tres términos y último peremptorio, vengáis o parezcáis ante nos personalmente en la sala de nuestra audiencia, a decir y manifestar lo que supiéredes, hubiéredes hecho, visto hacer o decir cerca de las cosas arriba dichas y declaradas o otras cualesquier cosas de cualquier cualidad que sean tocantes a nuestra santa fe católica al Santo Oficio, ansí de vivos, presentes, ausentes, como de difuntos, por manera que la verdad se sepa y los malos sean castigados, y los buenos y fieles cristianos conocidos y honrados, y nuestra santa fe católica augmentada y ensalzada, y para que lo susodicho venga a noticia de todos y de ninguno de ellos pueda pretender ignorancia, se manda publicar. Dada, etc.»

     Conforme a las instrucciones dadas a los Inquisidores, se exceptuó de su jurisdicción, en materias de fe, a los indios. En la número 36 de aquéllas se lee textualmente: «Ítem se os advierte que por virtud de vuestros poderes no habéis de proceder contra los indios del dicho nuestro distrito, porque por ahora hasta que otra cosa se ordene, es nuestra voluntad que sólo uséis dellos contra los cristianos viejos y sus descendientes y las otras personas contra quien en estos reinos de España se suele proceder, y en los casos de que conociéredes iréis con toda templanza y suavidad y con mucha consideración, porque así conviene que se haga de manera que la Inquisición sea muy temida y respetada y no se de ocasión para que con razón se le pueda tener odio.»

     Muy luego, sin embargo, comenzó a clamarse desde el Perú por que se derogase esta excepción. Fray Juan de Bivero, que tendremos ocasión de citar pronto, le decía, en efecto, al Rey: «la Inquisición y alcaldes de corte fue muy buena y necesaria provisión, porque son freno y remedio de los atrevidos a las cosas de nuestra fe, los unos y los otros cuchilla de los delincuentes. Sería necesario que la Inquisición entendiese también en las cosas de los indios, aunque no con el rigor del castigo que con los españoles, por ser gente nueva y aún no bien instruida en las cosas de nuestra santa fe.» Más tarde, con todo, los indios dieron bastante que hacer a la Inquisición, por las supersticiones que infundían a la gente de baja esfera, haciéndoles creer en las maravillas que era capaz de producir en los hechizos la coca, cuyo uso desde aquel entonces el Virrey Toledo había tratado de desarraigar. Y tanto Cerezuela como Arrieta, a poco de llegar, denunciaban el hecho de que especialmente en la provincia de Guamanga algunos indios bautizados, públicamente enseñaban a otros «que lo que les predican los sacerdotes cristianos, de las cosas de nuestra santa fe católica es falso y que no puede ser verdad, y que llamen a los sacerdotes cristianos; que ellos les harán conocer que es falso lo que les enseñan». Arrieta añade que aún se azotaba a los indios que daban señales de creyentes, por lo cual aconsejó al Inquisidor que, apartándose de sus instrucciones, procediese desde luego a encausarlos, aduciéndole que en Sevilla había visto a muchos esclavos moros, que dogmatizaban a otros esclavos cristianos, que por pervertidores de los fieles cristianos los prendían y castigaban, «y he visto quemar alguno, termina, no obstante que son moros y no baptizados». Cerezuela, a pesar de eso, sólo se limitó a consultar el caso al Consejo.

     Con todo, bien pronto habían de hallar materia para entrar de lleno en el ejercicio de sus funciones.

 

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